Manuel Cañadas Porras, CGT-Extremadura.
En los últimos años, el campesinado ha pasado de cuestionar la propiedad de la tierra a convertirse en cliente del Estado. La Renta Básica es una alternativa a esta dependencia.
El latifundio tiene orígenes antiquísimos en Extremadura. El esqueleto extremeño es de “calcificación medieval”; es en los repartos de tierras a nobles y órdenes militares durante la Reconquista, y en especial durante el s. XIII cuando adquiere su conformación más duradera. Y en el s. XIX, con la llamada “reforma agraria liberal” y la desamortización de tierras comunales, experimenta una reestructuración que agudizó la situación de los obreros agrícolas y de los pequeños campesinos, al privarles de recursos básicos hasta el momento. A lo largo de la segunda mitad del siglo XIX y del primer tercio del XX se desarrolla un extraordinario ciclo de luchas jornaleras, a veces de resonancias milenarias. Extremadura y Andalucía se pueblan de motines, de huelgas, de urgencia social. Una larga y sostenida guerra de clases se desarrolla durante todo este tiempo. La Mano Negra, el bandolerismo social, la creación de la Guardia Civil, Jarrapellejos, Casas Viejas, Castilblanco, el caciquismo, son algunos de los nombres que evocan esa durísima confrontación. La llamada cuestión agraria fue el nudo gordiano de la II República. Y es en Extremadura donde se desarrolla una de las luchas decisivas y posiblemente más desconocidas.
20 años de PER
Pasaron los años y la autarquía de los ‘40, la vía nacionalista del capitalismo español es sustituida por la ‘liberalización’ y los acuerdos hispano-norteamericanos. El Instituto Nacional de Colonización se encargó de convertir al regadío muchas de las grandes propiedades, vistiendo de ‘reforma agraria’ la modernización capitalista. Extremadura sufre la migración masiva. 750.000 personas abandonan la región entre los años ‘50 y los ‘70. Muchos de los hijos de quienes perdieron la Guerra Civil huyen del paro endémico, de la asfixia moral y del cortijo. Sobre la explotación de esa fuerza de trabajo se levanta una parte de la bonanza de los famosos polos de desarrollo industrial y del ‘milagro económico europeo’. La inserción de la economía española en la lógica del capitalismo de las multinacionales, la mesura creciente entre la burguesía industrial y la clase terrateniente, todo ello va modificando la situación de la agricultura extremeña.
En los ‘70, la crisis económica cierra la salida de la emigración. El régimen franquista da sus últimas boqueadas. Vuelve con fuerza el temido fantasma, la lucha jornalera. Ni la aniquilación física y la represión de sus dirigentes y militantes tras la guerra, ni la emigración, ni el Plan Badajoz han sido capaces de extirpar la memoria histórica, el viejo sueño de la Reforma Agraria. A lo largo de los ‘60 ya se han ido desarrollando luchas importantes en el campo andaluz y extremeño (la huelga del arroz de Don Benito es del año 1961). El Estado crea el Empleo Comunitario en 1971 como elemento para compensar/controlar los momentos de desempleo extremo. Pero el movimiento obrero, a lo largo de más de una década, desborda una y otra vez el techo de las demandas ‘admisibles’ y se vuelve a cuestionar la propiedad de la tierra. Entonces, en el período en el que se intensifican las luchas obreras en torno al empleo comunitario, se decreta por parte del Gobierno del PSOE el sistema de subsidio agrario de los Planes de Empleo Rurales (PER). El sistema conocido como PER ha amortizado, en gran medida, la cuestión jornalera. Si ya el Empleo comunitario suponía un desplazamiento de la contradicción terrateniente- jornalero hacia el par Estado de Bienestar-cliente, el PER ha representado la clausura del problema de la propiedad de la tierra. El PER se basaba en un pacto tácito: ustedes (movimiento sindical, izquierda política) no cuestionan la propiedad de la tierra; a cambio el Estado instituye un subsidio raquítico, pero que permite la supervivencia. A lo largo de 20 años, que han sido los de la más intensa modernización capitalista de la agricultura meridional, el latifundio se ha ‘naturalizado’, ha ganado la legitimidad social. El clientelismo y la subordinación obrera se han reforzado en estos años. El nuevo cacique del que dependían las peonadas, ya fuera empresario o poder político, ha contado con la consiguiente desmovilización sindical o ciudadana del jornalero. La economía sumergida, imprescindible para completar unos ingresos insuficientes, se convirtió en un instrumento de culpabilización, de abaratamiento de costes laborales y de control sociopolítico. Sobre la memoria del caciquismo, los mecanismos superpuestos del clientelismo han servido para asentar la nueva élite política, conformada en torno al partido que gobierna Extremadura desde hace más de 20 años.
Y a pesar de todo el PER ha funcionado como economía de supervivencia. La incorporación de la mujer al PER, la posibilidad de percepción de rentas de varios miembros de la familia ha permitido que el subsidio más miserable de los existentes en España haya cumplido un papel de contención de la población en las zonas rurales. El PER ha cumplido un excelente papel de acompañante de la Política Agraria Comunitaria. Mientras los grandes propietarios de la tierra han recibido cantidades millonarias (unos 100.000 millones de las antiguas pesetas), a los 30.000 jornaleros extremeños se les ha apañado con 20.000 millones de pesetas (que es, en números redondos el coste de la suma del PER y subsidio). La situación actual Si vemos los cambios introducidos por el anterior Gobierno del PP con la anuencia de los sindicatos, podemos comprobar la orientación estratégica de la patronal agraria. En primer lugar, introdujeron la nueva renta agraria en una vía muerta. Ni un solo preceptor más dentro de seis años. En segundo lugar priman a efectos del cobro del subsidio a aquellos que dan más jornales (la fantasía ‘contributiva’ de algunos sindicalistas se ve así parcialmente satisfecha a costa de introducir un elemento competitivo y claramente insolidario entre los jornaleros: se supone que quien más necesita el subsidio es quien trabaja menos, y no más). En tercer lugar, los trabajos realizados en el PER no computarán para el subsidio. Es decir el modelo impuesto está claro a medio plazo: ni tierra, ni derecho al trabajo público, subsidio contributivo. Pero la clave fundamental de esta contrarreforma se encuentra observando la regulación relativa a los inmigrantes, que son los que de forma creciente realizan las tareas de recolección agraria. Serán necesarios 10 años de empadronamiento en Extremadura o Andalucía para poder percibir el nuevo subsidio.
Una noción ‘utópica’
La Renta Básica, como otras nociones ‘utópicas’, tiene la virtud de poner el dedo en las llagas ocultas y decisivas. Su sencillez es subversiva, insoportable para la arquitectura económica y política vigentes basadas en la hipocresía. La idea de una RB como derecho ciudadano, del mismo modo que la abolición de la deuda externa o como el “papeles para todos”, son hilos que, si se tira de ellos, permiten desovillar las contradicciones fundamentales. La noción de RB se sitúa en la búsqueda de síntesis. No se trata de un mero desarrollo del continuo histórico, se trata de un quiebro, de una ruptura, conscientes de que sólo se puede ser fiel al legado si se asume transformándolo, interviniendo en las nuevas contradicciones. De la clase jornalera al precarizado, del PER a la renta básica. El sujeto se transforma y al tiempo alcaza una comprensión más global de sus intereses, universales y no tramposamente egoístas. La renta básica es una demanda de reparto de la riqueza en un mundo en el que la riqueza la creamos todos y es expropiada sistemáticamente por unos pocos. Defender la RB supone atreverse a rebatir la nueva religión del fundamentalismo neoliberal. Significa ser capaz de pensar una sociedad en la que la relación de las personas se pueda organizar de otras formas distintas a las impuestas por el mercado.
