Tampoco ha sido este jueves cuando los miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) han resuelto el nombramiento de los dos magistrados que deben ocupar el Tribunal Constitucional (TC). Este bloque muestra cómo actúa la “casta” judicial, un órgano del Estado al servicio de la preservación del Régimen y de los intereses políticos de las grandes fortunas. La solución es sencilla: que a los jueces nos los elijan ni los políticos del régimen ni los jueces, sino el voto popular.
Continúa el bloqueo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el órgano de gobierno de los jueces, que repercute en la formación y funcionamiento de otros órganos judiciales, como el Tribunal Supremo o el Tribunal Constitucional.
Un bloqueo que arrastra ya cuatro años, ya que 2018 hubiera sido la fecha en la que este órgano judicial se tendría que haber renovado, según la legislación. Si bien ha habido diferentes intentos de renovación de este órgano de gobierno, todos resultaron fallidos. En 2018 fue la renuncia del juez Marchena a la presidencia; en 2020 la negativa de Pablo Casado a facilitar la renovación; en 2021, saltó por los aires por el veto del PP a los nombramientos de la jueza Victoria Rosell y del magistrado José Ricardo de Prada. Por último, en 2021, cuando Casado nuevamente rechazó negociar la renovación tras los indultos a los presos políticos del procés.
El Ejecutivo también ha buscado los mecanismos para tener más control sobre el Poder Judicial. Por ello el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos inició una reforma legislativa, la última, para impedir al organismo de mayoría conservadora realizar nombramientos para el propio CGPJ.
La última hora de este bloqueo afecta al Tribunal Constitucional. Es que este jueves 8 de septiembre los magistrados conservadores han vuelto a bloquear el nombramiento de los magistrados para este tribunal, solicitando más tiempo. El Ejecutivo hacía presión para que estos nombramientos salieran adelante y configurar finalmente este tribunal, ya que de los 12 magistrados que deben ocupar asiento en el TC, dos los escoge el propio Gobierno.
El bloqueo en el TC, entre conservadores afines al Partido Popular y el sector “progresista” afín al Gobierno, tiene como trasfondo las decisiones que este órgano de gobierno deberá acometer, entre ellas las propuestas legislativas del Gobierno para modificar el CGPJ o los recursos promovidos por el PP contra la ley del aborto del 2010.
Pero más allá de estas disputas entre diferentes alas de los altos estamentos del Régimen, lo que es evidente, una vez más, es como lejos de la supuesta independencia que todos reclaman, el Poder Judicial es una herramienta más al servicio del régimen político y sus verdaderos jefes, las grandes élites económicas.
Es necesario denunciar la estafa de este juego de chantajes y jueces elegidos a dedo. Nos encontramos ante una institución tremendamente reaccionaria, en la que todos los jueces de la dictadura mantuvieron su cargo una vez llegada la “democracia”, y la mayor parte fueron promocionados. Los más beneficiados fueron los del Tribunal de Orden Público, es decir, el órgano encargado de dictar sentencias contra obreros, estudiantes y militantes de la oposición desde 1963.
Muchos pasaron en bloque en 1977 a un tribunal de nueva creación: la Audiencia Nacional. Es la misma “casta” que hoy dicta sentencias a favor de “la manada”, envía a la cárcel a periodistas, tuiteros, activistas, actores y políticos catalanes, mientras cubre de impunidad a los corruptos y salva a los grandes bancos.
Frente a esta “casta” reaccionaria es necesario oponer un programa democrático elemental: poner fin de la elitista carrera judicial mediante la elección de las y los jueces por sufragio universal, que sean revocables, que ninguno pueda cobrar un salario mayor al de una maestra o un trabajador calificado y que todos los juicios sean por medio de jurados populares.
