Ocho de cada 10 personas menores de 35 años viven en casa de los padres a pesar de querer independizarse. Son datos de un nuevo informe del Observatorio de Emancipación del Ministerio de Derechos Sociales y que vuelven a confirmar la precariedad laboral de los jóvenes.La precariedad laboral y el alto precio de la vivienda son los principales obstáculos para marchar de casa y muchos de los que lo hacen tienen que compartir piso para repartir gastos.Ocho de cada 10 jóvenes menores de 35 años viven en casa de sus padres a pesar de querer independizarse.
Son los datos que aporta el nuevo informe del Observatorio de Emancipación del Ministerio de Derechos Sociales y que vuelven a confirmar la precariedad laboral de los jóvenes y las dificultades insuperables de la mayoría de ellos para poder emanciparse.Y es que la media de alquiler en el estado español se sitúa en 848 euros, mientras que se podría permitir una persona joven sin endeudarse es de 320 euros.
Del escaso 20% que logran vivir independizados de la familia, la mayoría comparte piso, porque hacerlo solo, según el informe, implicaría destinar al alquiler hasta el 80% del sueldo, cuando hasta el mismo Banco de España recomienda que el porcentaje máximo destinado a la vivienda no supere el 30%. Un 34,5% convive con otros compañeros que no son ni la pareja ni un familiar.
Además del desorbitado precio de la vivienda, el informe detalla que la mitad de los menores de 35 años no tienen ni contrato indefinido ni trabajan a jornada completa, lo que impiden tener los ingresos necesarios para acceder a cualquiera vivienda tanto por el coste de la misma como por la exigencia de un contrato laboral indefinido por parte de los propietarios para alquilarlas.
Frente a esta situación un verdadero gobierno de izquierdas que verdaderamente priorizase los intereses de la mayoría social debería adoptar algunas medidas básicas que permitieran hacer realidad el tan cacareado ‘derecho a la vivienda‘ incluido en la constitución monárquica: regulación de los alquileres estableciendo que no puedan superar el 30% de los ingresos del inquilino e incluyendo una moratoria para las familias en situación de pobreza, oferta pública suficiente de vivienda de alquiler expropiando si fuera necesario la ingente cantidad de viviendas vacías en manos de especuladores inmobiliarios (los llamados “grandes tenedores”: bancos, fondos buitre…)… junto a medidas de oferta pública de empleo y de dignificación de las condiciones salariales y laborales (derogación de las reformas laborales, cláusulas de revisión salarial automáticas…) que permitieran hacer también efectivos los supuestos derechos constitucionales a un trabajo y salario dignos.
Se trata de reivindicaciones que movimientos como el sindicalismo alternativo y el movimiento contra los desahucios y por la defensa del derecho de la vivienda vienen reclamando con sus movilizaciones frente a los gobiernos del capital, por progresistas que como el actual se autodefinan (por sus hechos los conoceréis), y frente a las políticas cómplices de determinadas organizaciones sindicales o sociales (UGT, CCOO…), bien engrasadas para contener y desviar el previsible estallido social.
