La vicepresidenta primera del Gobierno, Mónica Oltra, ha cargado contra el escrito de la fiscal que apoya su imputación ante el Tribunal Superior de Justicia por la presunta ocultación del caso de abusos a una menor tutelada por el que, posteriormente, fue condenado su exmarido. Oltra ha acusado a la fiscalía de creer en una conspiración en lugar de sostener la acusación “sobre la realidad y sobre hechos, sobre evidencias y pruebas y no sobre conjeturas y elucubraciones”.
La vicepresidenta ha leído un párrafo del escrito en la que la fiscal superior de la Comunidad Valenciana, Teresa Gisbert, señala: “Es imposible que funcionarios de tan diversa naturaleza y categoría, desde técnicos en menores a psicólogos, jefes de servicio y directores de centro y territoriales mantuvieran unánimemente la misma versión de los hechos, lo que constituye un fuerte indicio del sentido de dicha orden verbal que evidencia su carácter de arbitraria e injusta”.
La fiscal se refiere a su incredulidad sobre el hecho de que los funcionarios que participaron en el caso negaran la existencia de una orden de Oltra para tapar los abusos. Según la fiscal, esa orden fue verbal y se dio para “desvirtuar la credibilidad de la menor” y ocultar los hechos. Para la propia vicepresidenta las palabras de la fiscal supone que los 13 imputados en el caso, “cada uno de su padre y de su madre han mentido al juez para protegerme a mí”. “Yo no sé qué piensa ni qué vota esta gente, si comparten el proyecto del Botánico o no pero sí sé que algunos llevan 20 años al servicio de la administración y se está cuestionando su profesionalidad”, ha afirmado Mónica Oltra. “Si para la fiscalía eso es imposible, si la verdad es increíble, este país tiene un problema”, ha concluido.
Oltra ha comparecido ante los medios de comunicación tras la celebración del pleno del Consell y mientras en la calle se manifestaban un puñado de personas pidiendo su dimisión, abanderados por el líder de la formación de extrema derecha España 2000, José Luis Roberto, que ejerce de abogado de la menor abusada en la querella contra la vicepresidenta. La vicepresidenta, en cualquier caso, mantiene su negativa a dimitir, aun en el caso de que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana decida su imputación. Según ha dicho, “la verdad y la realidad es la línea roja y ninguno de los trabajadores ni yo hemos hecho nada ilícito o deshonesto”.
El juez remitió hace dos meses la petición de imputación de Oltra al Tribunal Superior al considerar que existían “indicios racionales y sólidos” de la participación de la vicepresidenta en la causa. “Debe ser oída como investigada”, señaló el juez en un auto remitido al TSJ que es el tribunal competente para investigar a Mónica Oltra debido al aforamiento del que goza por ser diputada. La investigación del juez se centra en si se aplicaron los protocolos de actuación institucional en casos de sospecha de abusos sexuales a menores o se incumplió el deber de custodia y el deber de denunciar los delitos perpetrados contra los menores bajo su guarda. Tras la notificación la postura de la Fiscalía, el tribunal que deberá decidir si imputa o no a la vicepresidenta, formado por Antonio Ferrer, Pilar de la Oliva y Vicente Torres, puede empezar ya a deliberar.
