Una España (“sin honra”) nos trae, después de dos años de fuga a las dictaduras petroleras, al heredero directo de Franco acusado públicamente de múltiples delitos y corruptelas. Así lo ha decido el Gobierno “más progresista de la historia”, en funciones de gobierno de la Casa Real. Vergüenza colectiva que resumimos en tres partes: los hechos, el derecho y la acción política.Los hechos. El precio de la bombona de butano, del que se consumen unos 70 millones de envases por los sectores más humildes, se ha encarecido un 15,5%. Los salarios y las pensiones están prácticamente congeladas por orden de la Unión Europea. La carestía de la vida, la falta de trabajo y la precariedad hacen más difícil cada día la vida de los trabajadores y sectores populares; favoreciendo la corrupción institucional de una parte, y el enriquecimiento especulativo de unos pocos, de otra.
Con este telón de fondo, desde hace varias semanas los aparatos de Estado del régimen se han volcado en la preparación de las condiciones de la vuelta del padre de Felipe VI a España, para su participación en una regata de veleros en Sangenjo, como patrón del velero “Bribón”. Un dispositivo político de blanqueo de la corrupción monárquica e institucional que absorbe los medios de comunicación y pone en alerta al Estado policial para impedir o frenar las protestas democrática.
Desde la constitución monárquica otorgada de 1978, los partidos oficiales han querido integrar y normalizar en el ámbito de la administración pública el poder excepcional del que gozan los Borbones, tal y como acaba de suceder con la regulación de la Casa Real aprobada mediante Real Decreto 297/2022. Impidiendo la investigación de sus corruptelas y privilegios, prohibiendo que las Cortes discutan y decidan del asunto.
Con anterioridad, la Fiscalía, el Tribunal Supremo y Hacienda han archivado las investigaciones sobre los negocios sucios de la Casa Real durante décadas, investigación repleta de sólidos indicios de supuestos delictivos graves, cometidos con abuso de poder por la alta representación institucional en la jefatura del Estado. Procediendo a cerrar en falso la investigación, se vienen bajo preceptos que no dejan de alardearse por los partidarios del régimen monárquico como los relativos al supuesto “Estado de derecho”, a la “igualdad ante la ley” y lo de que “Hacienda somos todos”, entre otros. Cuestionando todos los valores y principios de la llamada “democracia española”.
Se trata, una vez más, de la historia de los Borbones, no es solo un asunto personal o de familia, sino de modelo de Estado. Es la historia de Isabel II, que pasó de ser considerada oficialmente como enseña de los liberales frente al absolutismo, como símbolo de progreso, a ser condenada y repudiada como máxima representante de la lujuria y la corrupción, la “deshonra de España” que intentará barrer la revolución de 1868. El 18 de septiembre de 1868 Isabel II es destronada al grito de ¡Abajo los Borbones! ¡Viva España con honra”. Agonía de la monarquía que años después daría lugar a la Primera República.
La historia de los Borbones se repite con Alfonso XIII. El 14 de abril de 1931 ante el pronunciamiento republicano del pueblo, y la negativa de los encargados de la represión de realizar una masacre, huye cargado de valijas y tesoros acumulados en dirección al exilio dorado, ya que alardeaba de poseer en divisas más de lo que hoy serían 140 millones de euros, dejando en palacio a toda su familia. En las calles se gritaba aquello de “No se ha “marchao”, que lo hemos “echao”. Desde la Puerta del Sol, repleta de manifestantes, se proclamaba la Segunda República. De nuevo, la historia se repite con los Borbones.
El derecho. El caso de Juan Carlos de Borbón arrastra a toda la Monarquía: el abuso de poder, la corrupción y los privilegios continúan y se blanquean descaradamente por parte del Gobierno. La Monarquía es culpable y el Gobierno es cómplice. Todos aquellos que debían investigar y juzgar, como se corresponde al funcionamiento de la justicia en democracia, han levantado la excusa de la inviolabilidad. Inviolabilidad absoluta, propia de un régimen absolutista, que se convierte en impunidad y prolonga también la misma de los crímenes franquistas, de la guerra y la dictadura.
Inviolabilidad absoluta que no se corresponde a la letra de las propias leyes otorgadas por la monarquía, en tanto que se obvia, en relación con la inviolabilidad de la persona del Rey, que sus actos serán refrendados por el Presidente del Gobierno, y en su caso, por los ministros competentes. De forma que de los actos del Rey serán responsables las personas que lo refrenden. Si Juan Carlos de Borbón no es responsable según las Cortes, la Fiscalía, el Tribunal Supremo… deberían ser llamados a capítulo todos aquellos que fueron colaboradores y cómplices, y los responsables gubernamentales en cada etapa. Una de las trampas legales de la Constitución del 78 se ha puesto al descubierto: “Los actos del monarca pertenecen jurídicamente a quienes los refrendan”. Tales son los requisitos y la razón de la inviolabilidad: “No hay modo de que esta quepa fuera de este encuadramiento propio de la Monarquía bajo la Constitución” (Bartolomé Clavero -Profesor de Derecho de Sevilla).
Inviolabilidad que no puede sino estar referida a sus competencias de Estado, pero nunca relativa a sus abusos de poder y negocios fraudulentos o a delitos cometidos contra sus amantes.
La ley y la trampa siguen vigentes, y la exigencia de verdad, justicia y reparación que exigen las víctimas de tanto despropósito, que son todos los trabajadores y pueblos sometidos al abuso de los poderes públicos, exigen que se juzguen los delitos, que se expropien los bienes acumulados por las corruptelas y que se deponga de cualquier poder a quienes durante décadas, directa o indirectamente, se han enriquecido en estas condiciones.
La impunidad de la Corona es la impunidad de la Jefatura de Estado, que tiene su antecedente en la impunidad de todos y cada uno de los responsables de crímenes contra la humanidad de la dictadura franquista.
De todo este asunto se deduce que en las cuestiones fundamentales de Estado lo que domina es un poder de hecho, que no de derecho, que incumplen con descaro sus propias leyes, convirtiendo en papel mojado los principios sobre los que se mantiene el régimen del 78, que se basa en que “La forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria”, cuando en realidad la Jefatura del Estado goza de inviolabilidad y de impunidad, sin control alguno, al margen de la ley y de la justicia.
En lo que hace referencia a la persona de Juan Carlos de Borbón, monarca todavía como emérito, es decir, como “jubilado con todos los honores”, con todos los privilegios y gastos pagados aún en el exilio dorado, los poderes públicos, y en concreto la Cortes Generales, deben derogar dicho nombramiento si tienen algún sentido de la dignidad democrática.
Mientras que el Gobierno y la mayoría de los representantes de los partidos conculcan sus propias leyes para sostener los privilegios de la Monarquía y sus corruptelas, corruptelas de todo tipo que se extienden a partidos y sindicatos que actúan de manera clientelar para defender la razón de Estado, en las calles se multiplica la indignación social y se condena sin paliativos a unos y a otros.
La acción política. Recientemente se ha realizado en las calles una Consulta Popular Estatal sobre Monarquía o República. Ha puesto de relieve que ésta es una cuestión que no es ajena al interés de la mayoría de la población, que su participación y su voto mayoritario por la opción republicana se constituye en una demanda a las Cortes Generales y el Gobierno por un referéndum legal y vinculante que permita el cambio político e institucional que la mayoría social demanda. Es la forma democrática de resolver a través de una Constituyente soberana, con todos los poderes en sus manos, las demandas sociales y democráticas de la inmensa mayoría; para hacer ley la voluntad popular, estableciendo una verdadera soberanía de los pueblos que componen el Estado español.
De la crisis de la monarquía y su Gobierno, sometido a los dictados de la OTAN y de la Unión Europea de los banqueros y grandes capitalistas, hay que sacar todas las conclusiones y consecuencias políticas e institucionales. La primera de ellas es, sin duda, la necesidad de responder con la movilización y la reorganización a las exigencias inmediatas. La ruptura con el mundo de la monarquía y de la corrupción de todos aquellos que se reclamen de la democracia es una exigencia elemental que se deduce de la situación. Por ello llamamos a participar en las movilizaciones que se convocan para denunciar la necesidad de establecer la verdad y la justicia acerca de la Jefatura de Estado y de todas sus complicidades. Participando en las manifestaciones convocadas. En Madrid, el próximo domingo, 22 de mayo, a las 12 h., en la Plaza de Ópera.
