EL CAMPECHANO Y SANCHIJUELA
El martes se aprobó un Real Decreto en el Consejo de Ministros por el que se reforma la estructura y funcionamiento de la Casa Real; un decreto que no es más que un lavado de cara a la monarquía corrupta. Se impone así la fiscalización de las cuentas de la monarquía, pero con trampa: estas no pasarán por las Cortes. Los presupuestos de la Zarzuela serán ahora auditados por el Tribunal de Cuentas, como el resto de los presupuestos de los organismos estatales. Sin embargo, los de la Casa Real no se someterán a debate en el Congreso ni en el Senado. La excusa del gobierno es que el Parlamento no tiene competencias para controlar las cuentas del Rey.
Las auditorías, por tanto, se limitarán a indicar si las cuentas dan fidedigna cuenta en términos generales de la situación financiera de la Casa Real a partir de 2023. Una reforma mínima que, bajo el discurso de defensa de la transparencia, es otra forma de blanquear la imagen de una monarquía muy cuestionada.
Esta semana precisamente se conocía la noticia de que el rey declaraba 2,5 millones de euros, aunque negaba la posibilidad de hacer público el patrimonio de la reina Leticia. Las cuentas son bastante cuestionables: para conseguir esa fortuna, el rey habría tenido que ahorrar gran parte de su sueldo (el 90% concretamente). Además, se ha anunciado un aumento del 2% en su sueldo para el próximo año.
Pero no explicaba el monarca qué pasó con los 2.000 millones de su padre, el emérito Juan Carlos I, que sigue siendo un secreto de Estado. Sin embargo, la Casa Real ha querido vender una imagen de transparencia y el Gobierno no contempla la posibilidad de obligar a la Zarzuela a volver a hacer público su patrimonio en el futuro.
Además, la fiscalización solo afecta a una parte de su presupuesto, los 8,4 millones asignados por los Presupuestos Generales del Estado, siendo la mayor parte de su presupuesto dotado por diferentes ministerios, que ya son auditados por el Tribunal de Cuentas. Otro ejemplo de cómo la medida es un lavado de cara sin repercusión real.
Por otra parte, mientras se mantenga la inviolabilidad del monarca y la total impunidad ante los casos de corrupción del emérito, toda medida de transparencia camuflada de “buena fe” del Rey es papel mojado.
El Real Decreto (pactado con el PP) no puede esconder el escándalo de que la Fiscalía haya decidido cerrar las diligencias sobre la fortuna en el extranjero del rey Juan Carlos. Tampoco resuelve esto el hecho de que Felipe VI salga como beneficiario de una offshore.
Lo que parece claro es que a la monarquía se la sacará de sus sillones con lucha. Porque ni el gobierno “más progresista de la historia” quiere tomar medidas reales contra la Corona, que tiene a todo el Régimen del 78 de su lado.
