Pablo Molina

Cuando Zapatero llegó al poder, los medios de comunicación le retrataron como un hombre dialogante, capaz de llegar a acuerdos con las demás fuerzas políticas, con cierto sentido de estado y poco sectario para lo que se estilaba en el PSOE.

El recuerdo de las manifestaciones violentas en contra de la derecha con la excusa del accidente de un petrolero o la guerra de Irak, encabezadas por Zapatero y su corte de pepiños, pajines, zerolos y calderas, o el más reciente de la forma en que se desarrollaron los últimos días de campaña electoral tras los atentados del 11-M, quedaron difuminados ante la personalidad de este hombre tranquilo, cejiagudo y sonriente que prometía concordia, mejoramiento social de los más débiles, respeto a las reglas democráticas y, sobre todo, mucha paz. La Izquierda había encontrado a su Sagasta y todos nos felicitamos por el hallazgo.

Pero el tiempo pasa, y después de cinco años y medio en el poder no hay que hacer demasiados esfuerzos para constatar que ni Zapatero era como aparentaba ni los españoles tan inteligentes como suponíamos. La situación de las libertades en España es tan crítica como en los años más oscuros del felipismo, pero con el agravante de que muchas de estas técnicas totalitarias ya han adquirido carta de naturaleza en nuestra legislación, con lo que el proceso de depauperación democrática que padece España es, posiblemente, un hecho irreversible.

Zapatero ha demostrado ser, si no más inteligente que Felipe González, al menos sí más sutil. A ZP no se le ocurriría nunca expropiar Rumasa ni montar el GAL, porque tras la experiencia del felipismo ha comprendido que se pueden obtener los mismos objetivos con medios distintos y, sobre todo, asumibles por los ciudadanos que forman su opinión con los cinco primeros minutos de los telediarios nacionales.

La libertad de empresa y el derecho de los ciudadanos a recibir información veraz, por ejemplo, es hoy una entelequia que nadie se atreve a defender, y eso con la aprobación del respetable, para que se vea que la democracia funciona en España. Cuando las decisiones sobre política económica se adoptan de acuerdo con las fuerzas sindicales, convertidas en el brazo funcionarial del gobierno para asuntos laborales, y la decisión de quién puede o no comunicar información veraz en un determinado territorio corresponde en exclusiva a los mandarines de la zona, resulta difícil sostener que en España existe libre mercado y libertad de expresión.

Felipe intentó controlar todos los resortes de la sociedad civil a base de patadas en la puerta, con los resultados conocidos. A Zapatero no le pasará lo mismo porque ha entendido que se puede aherrojar más aún a toda una sociedad poniendo en marcha mecanismos más refinados, como hiperlegitimar a los liberados sindicales para que mantengan la paz social en medio de una crisis espantosa o conceder licencias de emisión sólo a los empresarios adeptos. Con los desempleados cobrando subsidios raquíticos, pero narcotizados por sus representantes laborales, para quienes Zapatero lo está haciendo muy bien, y los medios de masas eludiendo cualquier crítica de fondo al desastre nacional protagonizado por el gobierno en todos los frentes, más allá de alguna reconvención amistosa para cubr el expediente, la única posibilidad que tienen los ciudadanos de recibir una información libre que cuente lo que realmente pasa en el país es la existencia de pequeñas empresas de comunicación que no tengan que pagar peaje alguno ni a los hunos ni a los otros.

La aventura apasionante de esRadio, que viene a cubrir ese espacio informativo que ningún multimedia está dispuesto a llenar, está siendo amenazada en su expansión geográfica por los mandarinatos autonómicos, es decir por Zapatero y Rajoy, dispuestos a utilizar armas tan sutiles como efectivas para evitar que sus votantes escuchen unas voces incómodas. Y es que, por debajo de una farragosa legislación intervencionista, que somete el derecho constitucional a emitir y recibir información veraz al criterio sectario del poder, se esconde el pánico permanente de los políticos a la libertad de expresión.

La existencia de pequeñas empresas que en régimen de semiclandestinidad cubren este espacio informativo es la válvula de escape de una sociedad civil a la que se obliga a recibir información pasada por el tamiz de los partidos políticos. En unos territorios se amenaza a estas empresas con sanciones económicas brutales, aunque lleven operando décadas sin haber recibido la menor atención de los políticos, en otros se espera a la nueva "reordenación del espacio radioeléctrico" para eliminar a aquellos que se atreven a comunicar información. En todo caso, el resultado es el mismo: unos medios de comunicación controlados mientras la economía se va a pique y la nación a hacer gárgaras gracias al estatuto de Cataluña, aprobado por las santas narices de Zapatero.

En la situación actual, ya no se trata de conquistar nuevos espacios de libertad, sino de mantener vivos los pocos reductos que aún van quedando. Ningún país puede sobrevivir demasiado en una situación así, pero a la mayoría de españoles no parece que le importe demasiado. Pues nada, a disfrutar... mientras se pueda.