Y además, Justicia politizada.El CGPJ, nuevo campo de lucha política tras conocerse un acuerdo incumplido entre Gobierno y PP

Que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)se ha convertido en el campo de batalla de los dos grandes partidos es algo más que conocido y que se ha hecho especialmente patente en los últimos años. La renovación del órgano de gobierno de los jueces está paralizada desde 2018 ante la incapacidad del PSOE y el PP para cerrar un acuerdo. Durante este tiempo, ambas formaciones se han dedicado más a utilizar al CGPJ como elemento de desgaste político del contrario que a solucionar una situación de bloqueo sobre la que hasta la Unión Europea ha llamado la atención.

 

El último capítulo de este enfrentamiento se ha producido con lo que parece que es una filtración del Gobierno al diario El País. Según esta información, que ha sido confirmada desde los dos partidos, PSOE y PP firmaron un acuerdo en octubre de 2021 según el cual ambos grupos iban a presentar en el primer cupo posible (previsiblemente en la segunda quincena de noviembre de 2021) una proposición de ley conjunta para la reforma de la ley del Poder Judicial. Este pacto fue rubricado por el entonces secretario general del PP, Teodoro García Egea, y el ministro de Presidencia, Félix Bolaños.

Desde el Partido Popular se han mostrado muy molestos por la filtración de este documento, de la que no han dudado en acusar al Gobierno. El vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local del partido, Pedro Rollán, ha comparecido ante los medios de comunicación y ha acusado al Gobierno de hacer «un ejercicio de trilerismo político».

Según Rollán, que ha reconocido la existencia de este pacto, «el Gobierno prefirió no dar validez de ningún tipo a ese documento«. El dirigente popular basa su afirmación en que ningún miembro del Ejecutivo había hecho referencia al mismo ni lo había puesto en valor desde la llegada de Alberto Núñez Feijóo a la presidencia del partido.

Empezar con «un folio en blanco»

El vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local ha destacado que después de que Feijóo asumiera la presidencia del PP las conversaciones con el PSOE empezaron “con un folio en blanco” y garantizaron que iban entregar un nuevo documento al Gobierno sobre la renovación de los poderes judiciales con el ánimo de tener unos jueces con mayor independencia, con menor injerencia de la clase política”.

Por su parte, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido al PP que «cumpla con lo firmado, con la ley y con la Constitución«. En una visita a la isla de La Palma, Sánchez ha lamentado que la renovación del CGPJ lleve «bloqueada» por los populares «1.351 días». Al respecto, dijo que «no hay precedente en Europa ni en la historia de la democracia de un bloqueo como el que se está produciendo al gobierno de los jueces».

El presidente del Gobierno tendió la mano al principal partido de la oposición y aseguró que el Ejecutivo está dispuesto a renovar «mañana mismo» el Poder Judicial conforme «manda la Constitución y la ley» y solicitó al PP de nuevo que cumpla «con los pactos que firma».

Otro acuerdo que queda en papel mojado

El pacto entre los dos partidos que se ha conocido ahora se produjo en un momento más o menos dulce en las relaciones entre el PSOE y el PP, ya que habían alcanzado el consenso para renovar el Tribunal Constitucional, el Defensor del Pueblo y el Tribunal de Cuentas. Sin embargo, fuentes conocedoras de la negociación citadas por El País han admitido que el acuerdo «estaba hecho para no ejecutarse» y «se concebía como una cláusula de salvaguarda«. Esta idea ha quedado clara tras los últimos pasos del Gobierno.

El Tribunal Constitucional perdió por final de mandato a cuatro magistrados el pasado 12 de junio, justo el tercio que corresponde renovar de forma conjunta al CGPJ y al Gobierno los cuales, según define la Constitución, tienen que elegir a dos miembros cada uno.

El Ejecutivo impulsó esta primavera una reforma de la Ley Orgánica 4/2021, de 29 de marzo, con el objeto de modificar la Ley Orgánica 6/1985, del Poder Judicial, para posibilitar que el CGPJ pueda proponer el nombramiento de dos magistrados del Tribunal Constitucional sin, al mismo tiempo, recuperar el resto de las competencias relativas al nombramiento de cargos judiciales que fueron limitadas por esa misma ley y, entre ellas, las de nombramientos de magistrados del Tribunal Supremo.

Con la última reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que ha sido ya aprobada por las Cortes, el Gobierno se asegura diluir la mayoría conservadora que hay actualmente en el tribunal de garantías.

El acuerdo fallido suscrito por los dos partidos en octubre de 2021 es un capítulo más en su intento para controlar el CGPJ. Esta historia de luchas en las que la judicatura se ha convertido en moneda de cambio política ya ha registrado otros acuerdos que, una vez conocidos, han puesto en evidencia a PSOE y PP.

Uno de los episodios más sonados se produjo a finales de 2018, poco antes de que cumpliera el mandato de los magistrados del CGPJ. El PSOE y el PP llegaron a un acuerdo para renovar el órgano de gobierno de los jueces y presentaron una lista de candidatos al Congreso de los Diputados. Sin embargo, el entonces portavoz de los populares en el Senado, Ignacio Cosidó, envió a todos los senadores de su grupo a través de un chat de WhatsApp un mensaje en el que presumía del acuerdo alcanzado con el PSOE para renovar el CGPJ –que daba 11 puestos a magistrados progresistas y otros nueve a conservadores– al nombrar al juez considerado conservador Manuel Marchena presidente del mismo.

El entonces portavoz del PP en el Senado aseguraba en el pacto era una jugada maestra porque les permitiría controlar el Tribunal Supremo. Dado que la elección del presidente del CGPJ es potestad de los vocales, y que el mensaje de Cosidó daba a entender que los dos grupos políticos habían dado por hecho el nombramiento del presidente antes de la renovación de vocales, el escándalo fue monumental.

Finalmente, el magistrado Marchena decidió renunciar a formar parte del nuevo CGPJ. En un comunicado en el que defendió su “independencia”, el magistrado del Tribunal Supremo aseguró que “jamás” había concebido el ejercicio de la función jurisdiccional como “un instrumento al servicio de una u otra opción política para controlar el desenlace de un proceso penal”. Esto hizo que el acuerdo saltara por los aires. La renovación del CGPJ está paralizada desde entonces

Comentarios
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Alf   |2022-08-19 14:12:19
La verdad es que poco nos pasa.



1º A ver, como no va a estar enterado el
equipo de Feijoo si Gamarra que es del equipo de Feijoo era del equipo de
Casado, ¿Qué estamos en parvulitos?

2º Que haya cambiado el equipo de
dirección realmente invalida algún tipo de acuerdo anterior, porque si es
así, yo quiero hablar de la monarquía y un par de cositas mas que se acordaron
antes de que yo naciera y con las que no estoy de acuerdo.

3º En serio esta
gente va a sacar mayoría absoluta viendo como está el percal, que paren el
mundo que yo me bajo...
PSOE PP   |2022-08-19 14:13:43
SON RÉGIMEN DEL 78 SUCEDÁNEO DEL FRANQUISMO, Y POR TANTO INCOMPATIBLES CON UNA
VERDADERA DEMOCRACIA
Olga   |2022-08-19 14:34:25
EN ESPAÑA NO EXISTE SEPARACIÓN DE PODERES, Y SIN ELLO NO EXISTE DEMOCRACIA
sin separación de poderes   |2022-08-19 20:21:13
porque el ejecutivo en España, controla al poder legislativo y al judicial
Anónimo   |2022-08-19 22:06:58
psoe pp sion la misma basura, de qué extrañarse
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