Cuando (con frecuencia) los Tribunales españoles, no imparten Justicia

Ana María Pascual. Podría decirse que la impunidad patria, entendida como los infructuosos intentos de investigar los delitos presuntamente cometidos por personajes relevantes por parte de la Justicia de sus países, alcanza en España la categoría de fenómeno autóctono. Varios ejemplos lo demuestran. El último, el relacionado con el expresidente Mariano Rajoy. El que fuera presidente del Partido Popular (octubre de 2004-julio de 2018) y del Gobierno español (diciembre de 2011-junio de 2018) ha logrado que la condena de su partido por el caso Gürtel y sus derivadas no le salpicara. Rajoy no ha sido investigado por corrupción pese a que el nombre M. Rajoy plasmado en los papeles de Bárcenas constituían un indicio palmario de lucro ilegítimo.

 

El hito ya lo había conseguido con anterioridad otro presidente, Felipe González, que, aunque ha pasado a la historia como la X de los GAL, nunca fue procesado por el terrorismo de Estado. Un ministro del Interior (José Barrionuevo) y un secretario de Estado de Seguridad (Rafael Vera) acabaron condenados por ello.

Pero ahora la jueza Stéphanie Garcia Garcia, titular del Juzgado de Instrucción 2 del Principado, pide explicaciones a Mariano Rajoy por una de las tramas corruptas desplegadas durante su mandato: la Operación Cataluña, es decir, una campaña parapolicial para atacar y desacreditar con pruebas falsas a los líderes independentistas catalanes y frenar el procés.

Rajoy, contra las cuerdas

El juzgado andorrano investiga desde octubre de 2016 las presuntas presiones recibidas por mandos policiales españoles en nombre del Gobierno de Rajoy para que los responsables de la Banca Privada d'Andorra (BPA) facilitaran, en 2014, datos sobre cuentas de los políticos catalanes Jordi Pujol, Artur Mas y Oriol Junqueras –estos dos últimos no tenían cuenta allí– en el contexto de una operación de extorsión para frenar el independentismo por medios ilegales.

La jueza ha decidido esta semana ampliar la lista de investigados e incluir a Rajoy; a su exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro; y al de Interior, Jorge Fernández Díaz, por los presuntos delitos de coacciones contra los órganos constitucionales, penado en el ordenamiento andorrano con entre tres y diez años de cárcel; y el de creación, uso y comercialización de documento falso, castigado con hasta tres años de prisión.

Estos dos delitos presuntamente perpetrados por Rajoy cuando era presidente del Gobierno se sitúan en el contexto de las cloacas de Interior desplegadas por su Ministerio del Interior para perjudicar a oponentes políticos y esconder los casos de corrupción del PP.

En España la Operación Cataluña no se ha investigado pese a los indicios claros de su existencia, como los publicados en numerosos artículos por Público en los últimos años. Al contrario, las pruebas se han escondido. El magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón sacó de la investigación por el espionaje policial a Bárcenas con medios públicos para hacer desaparecer pruebas de corrupción contra el PP (Operación Kitchen) varios audios y otros archivos hallados en los registros al comisario Villarejo y relacionados con la Operación Cataluña y se los entregó al CNI, calificándolos como secretos de Estado.

Pero en Andorra el asunto puede tener otro destino bien distinto. Uno de sus principales bancos, la BPA, fue dinamitado por la Operación Cataluña, intervenido injustamente en base a información falsa aportada presuntamente por el Gobierno de Rajoy, y ahora la Justicia del Principado quiere explicaciones. Según la denuncia que originó las diligencias judiciales, firmada por las entidades Juristes Drets y l'Institut de Drets Humans d'Andorra (IDHA), Mariano Rajoy, Cristóbal Montoro y Jorge Fernández Díaz serían "autores y ejecutores personales y directos" de los delitos. Les atribuyen "haber intimidado al jefe de Gobierno andorrano y sus ministros" durante la visita oficial que tuvo lugar el 8 de enero de 2015, para que intervinieran en la Banca Privada d'Andorra.

Juan Carlos I se ha librado de investigaciones judiciales en España por su patrimonio opaco nutrido con donaciones y comisiones no declaradas al fisco. De hecho, la Fiscalía del Supremo archivó hace unos meses las tres investigaciones prejudiciales contra él por falta de indicios o prescripción de los hechos y también por la inmunidad de la que gozó como jefe de Estado. Pero en Reino Unido el emérito no ha logrado parar la investigación por el presunto acoso denunciado por su examante Corinna Larsen.

Lo intentó invocando una supuesta inmunidad, pero el juez inglés Matthew Nicklin se opuso a que el rey emérito español mantuviera ese privilegio tras su abdicación, en 2014. Y además, el presunto acoso a una mujer no estaría amparado por inmunidad alguna.

Ese presunto acoso al que fue sometida Corinna Larsen por el CNI español para que devolviese al rey emérito los 65 millones de euros que este recibió de la familia real saudí incluyó, según ella, amenazas de muerte. La querella es por presunto acoso, seguimiento ilegal y difamación; una campaña que Larsen asegura que comenzó en 2012, cuando se rompió su relación, iniciada en 2004.


Los crímenes del franquismo, en Argentina

Según el periodista y escritor Mariano Sánchez Soler, durante la Transición se produjeron 188 crímenes englobados en la violencia política de origen institucional. Es decir, los asesinatos "desplegados para mantener el orden establecido, los organizados, alentados o instrumentalizados por las instituciones del Estado", según Sánchez Soler.

Pues bien uno de los máximos responsables del aparato represor del franquismo, Rodolfo Martín Villa, ministro de la Gobernación (o del Interior)  entre 1976 y 1979 sigue recibiendo homenajes en España como artífice de una 'ejemplar' transición política mientras está imputado por la Justicia argentina por crímenes de lesa humanidad.

Igual que la monarquía, en España el franquismo goza de la más absoluta impunidad.

La Justicia argentina prosigue su investigación sobre los crímenes del franquismo. En concreto, a Martín Villa, de 87 años, la jueza María Servini le imputa doce homicidios, aunque abrió auto de procesamiento sólo por cuatro: tres víctimas mortales de los sucesos del  '3 de marzo' en Vitoria y la muerte de Germán Rodríguez. Sin embargo, la Cámara de Apelaciones de Argentina revocó el mencionado auto de procesamiento en diciembre de 2021 y le ordenó a la jueza seguir investigando.

En España ha sido imposible abrir una causa contra los crímenes del franquismo. La Justicia cerró la vía cuando acusó al exjuez Garzón de prevaricación por investigar aquellos crímenes a sabiendas de que no podía hacerlo porque estaban amparados por la Ley de Amnistía. Finalmente el Supremo le absolvió.

También ha sido imposible, hasta ahora, que prosperaran las peticiones de comisiones de investigación parlamentarias por los crímenes que salpican a Martín Villa, como los sucesos del 3 de marzo en Vitoria de 1976, cuando las fuerzas de seguridad desalojaron violentamente una iglesia donde se reunían trabajadores y murieron cinco de ellos y otro centenar sufrió heridas de diversa consideración. Tanto el PSOE como el PP y Vox se oponen a dichas comisiones.

Comentarios
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Alf   |2022-06-19 11:32:01
el problema es que el Régimen del 78, que dirige un heredero directo de un
militar golpista, traidor, criminal genocida, es el sucedáneo
del Régimen franquista, y todo cambió para que todo siguiera igual,
esa es la cruda verdad, y la causa por la cual la corrupción campa a sus
anchas en todos los ámbitos en España.
urbanita   |2022-06-19 11:35:02
en España solo puedes aspirar a recibir un trato relativamente equitartivo de
los Tribunales, cuando pleiteas contra un igual, si tu adversario tiene
influencia política, institucional, económica, mlitar, funcionarial, judicial,
religiosa etc, da el pleito por perdido
carlitos way   |2022-06-19 11:37:37
Solo hay jueces en España para juzgar a los robagallinas, todo lo demás, que
se encargue el juez o la jueza de afuera, para vergüenza de este pais.
RED   |2022-06-19 11:40:25
Nuestra" justicia" actual se instrumenta primeramente por el PSOE y su
ley orgánica del poder judicial del 86 donde básicamente pasa a depender de
los políticos, aduciendo que era porque los jueces eran franquistas, poco
después vimos que era para poder robar a manos llenas impunemente , por no
hablar del Gal. El siguiente cerdo fue Aznar quien antes de ganar afirmaba
tajantemente que en cuanto llegara al poder restituiria la independencia
judicial cosa que por supuesto tenía que robar impunemente también, y después
el resto ha seguido manejando a los jueces
xavi   |2022-06-20 10:48:27
creo que, la excepción es que los Tribunales impartan justicia
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