Auditorías, próximo destino Extremadura post caciquismo
I.M.El Gobierno andaluz de PP y Cs ha conocido este martes un informe de la Consejería de Hacienda, que dirige Juan Bravo (PP), y que alerta, entre otros muchos asuntos, de que hay 2.988,6 millones de euros en subvenciones otorgadas y pendientes de justificar. De esa cantidad, 1.867 millones de euros librados por la Junta están sin justificación y fuera ya de plazo. De estos, 904 millones tienen “alta probabilidad de prescripción”. No significa que todo esto sea fraude, insisten desde Hacienda, pero no hay controles ni garantías de que el dinero público otorgado haya sido bien empleado y hay importantes cantidades próximas a caducar, lo que bloquea la posibilidad del Gobierno andaluz de pedir los reintegros en caso de irregularidades.
El informe de Hacienda, al que ha tenido acceso este periódico, apunta que al cierre de 2018 estos son los datos. Habría otros 1.121,6 millones de euros que están también pendientes de justificación pero todavía dentro de los plazos legales. Desde el actual Gobierno hablan de un Ejecutivo anterior donde había "dejación" y "brazos caídos" a la hora de afrontar la gestión, también del control del dinero público.
Avisos previos
Este diagnóstico no es nuevo. Ya la Cámara de Cuentas, órgano de extracción parlamentaria que se dedica a auditar las cuentas públicas, apuntó en un informe en 2017 que había 1.934,37 millones de euros en subvenciones pendientes de justificar y que algunos tenían “una antigüedad muy elevada”. En el cuadro aparecen ayudas desde 1987.
La Cámara de Cuentas ya recomendó a la Junta que tomara medidas para disminuir los libramientos pendientes de justificar, tanto en las agencias como desde las propias consejerías. “Se recomienda adoptar medidas que permitan la disminución de dichos saldos, tales como propiciar el cumplimiento de la obligación de justificación de los beneficiarios y agilizar las comprobaciones por los órganos gestores de la documentación justificativa, procediendo al reintegro de las cantidades no justificadas debidamente, con la finalidad de minimizar el riesgo de prescripción”.
En Empleo hay 616 millones de pagos desde la Junta sin justificar y fuera de plazo. Una parte importante corresponde a los cursos para parados
Atendiendo a las consejerías que acumulan cantidades más elevadas pendientes de justificación destaca en primer lugar Empleo, empresa y comercio (616,6 millones), Educación (559 millones), Conocimiento, Investigación y Universidad (323 millones), Servicio Andaluz de Empleo (229 millones), Igualdad y Políticas Sociales (48 millones), Fomento y vivienda (44 millones), Justicia e Interior (15 millones) y Turismo y Deporte (14 millones).
Educación concertada
En Educación muchos de los pagos pendientes de justificar corresponden a la concertada, lo que ya advirtió la Cámara de Cuentas y ratifica la Junta. “Es lo que menos preocupa, son subvenciones muy controladas”, señalan desde la Consejería de Hacienda.
En este informe no se contabiliza el dinero del fraude de los ERE, que se juzga en la Audiencia de Sevilla y en varias piezas en distintos tribunales andaluces. Sí que se incluye la presunta estafa tejida con los fondos para cursos de formación. Es el caso más paradigmático, describen desde Hacienda, de cómo ha funcionado la Junta de Andalucía a la hora de librar pagos de subvenciones.
Cuando en 2013 estalló el caso de la formación en Andalucía con la Policía Nacional al frente de la llamada ‘Operación Edu’ y con Susana Díaz ya en la presidencia, la Junta abrió una investigación interna de los 8.505 expedientes de subvenciones desde 2007 y 2011.
Aún no hay cifras definitivas pero el último dato ofrecido por el Gobierno andaluz, en noviembre de 2017 reveló que de los 8.505 expedientes examinados, con un importe total de 1.613 millones en subvenciones, se habían revisado 6.501 y de estos se pedían reintegros, por irregularidades, en 1.750. En firme, la administración reclamaba 149 millones de euros. En vía judicial, la principal pieza ‘política’ sobre este supuesto fraude fue archivada por falta de indicios de delito.
Con el procedimiento seguido, la Junta pagaba el 75% de la subvención y se retenía el 25% hasta que el beneficiario demostraba que todo estaba en orden. Todo apunta a que el caos y el descontrol se apoderó de las ayudas. Los cientos de millones llegados desde la UE a Andalucía comenzaron a otorgarse sin supervisión final. La Junta firmó miles de exoneraciones que permitían a los empresarios seguir concurriendo a las subvenciones sin justificar los cursos. Igual que ocurrió en formación se extiende a otras áreas. La bola de nieve de libramientos sin justificar fue creciendo.
173 millones prescriben en 2019
En Empleo, donde se adscriben las ayudas para curso de formación, la Junta ha detectado un total de 465 millones de euros con alta probabilidad de prescripción. No se podría decir que ese dinero fuera utilizado de forma fraudulenta pero si hay irregularidades será dinero público que ya no se podrá reclamar. En 2019, alerta el informe de Hacienda, “si no se acometen las acciones necesarias puede prescribir un montante total de 173 millones de euros”. De esa cantidad 88 millones son de educación.
La situación es tan caótica que cabe recordar que el exconsejero Ángel Ojeda, dedicado a negocios privados con empresas de formación y que recibió 50 millones de euros de fondos públicos, ha ganado a la Junta el pulso judicial acusando a la administración andaluza de “prevaricación masiva” por haber frenado el pago de subvenciones pendientes a los empresarios de la formación y evitar así que cobraran lo que se les debía.
Desde la actual consejería de Empleo, su titular, Rocío Blanco, designada por Cs, ofreció la misma justificación que su antecesor, el socialista Javier Carnero, para ofrecer con transparencia la situación que habían encontrado. Alegó que todo está "judicializado" y eludió ofrecer la información.
El consejero de Hacienda, Juan Bravo, ya advirtió en una comparecencia en el Parlamento que su departamento iba a poner en marcha “un plan de choque” para poner orden en los pagos sin justificación y evitar que la bola de nieve que arrastró el anterior Gobierno con este asunto siguiera creciendo. Desde el Gobierno andaluz anunciaron que se revisará el sistema de concesión de subvenciones públicos para reemplazarlo por otro con mayores garantías y sin perder agilidad en la tramitación de fondos públicos.
