EP
El juez de la Audiencia Nacional Diego de Egea, que investiga las cloacas del Estado o, más concretamente, el entramado mafioso-policial que montó el excomisario José Manuel Villarejo (el ‘caso Tándem), ha abierto una pieza separada sobre el encargo al que fuera chófer del extesorero del PP Luis Bárcenas para recuperar información sensible que este se había llevado de la sede del partido y que podía perjudicar a algunos de sus dirigentes. La gravedad de este nuevo episodio de espionaje político reside en que se pusieron todos los medios del Ministerio del Interior, humanos y materiales (los fondos reservados), al servicio de una formación política que estaba siendo investigada por corrupción.
A Bárcenas le despidieron en 2010, tras su imputación en el ‘caso Gürtel’ pero siguió cobrando del partido hasta 2012 la famosa “indemnización en diferido” que trató de justificar en su día la recién dimitida de todos sus cargos, orgánicos y electos, María Dolores de Cospedal. La entonces secretaria general fue la encargada de cerrarle la puerta de Génova en las narices y la hostilidad de Bárcenas hacia ella ha sido patente en los últimos años, hasta acabar enfrentados en un tribunal a raíz de la demanda que Cospedal presentó contra el extesorero por señalarla como perceptora de sobresueldos.
Pero el deterioro de su relación había arrancado mucho antes hasta el punto de que el extesorero se habría llevado de la sede de la calle Bárcenas documentos y grabaciones comprometedores para ella, además de para el exvicesecretario del PP Javier Arenas y la exvicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría. Eso es, al menos, lo que ha afirmado ‘Okdiario’, el medio que ha publicado la exclusiva del encargo que habría hecho el Ministerio del Interior a Villarejo y al comisario Enrique García Castaño en 2014 para que pusieran en marcha una maquinaria parapolicial para recuperar todas esas pruebas.
La clave del plan era el soborno al chófer de Bárcenas que en ese momento estaba en prisión por orden del juez Pablo Ruz -ingresó en junio de 2013 y no salió hasta enero de 2015- para que aprovechando la ausencia de su patrón localizara y sustrajera toda la documentación. El objetivo final no era judicializar esas pruebas sino proceder a su destrucción para que los jueces no pudieran tener nunca acceso.
El asunto fue destapado por los agentes de la Unidad de Asuntos Internos (UAI) cuando hace un año registraron el domicilio de Villarejo dentro de la investigación que llevan a cabo sobre el excomisario, quien permanece en prisión provisional sin fianza desde noviembre de 2017. Allí encontraron cintas, papeles y los ‘recibí’ que firmaba el chófer cuando le entregaban los pagos por sus servicios. Entre las grabaciones, habría algunas que recogen los encuentros del excomisario con sus superiores policiales y con García Castaño. Estas son, según ‘Okdiario’, las que sirven para constatar los sobornos al chófer de Bárcenas.
Sergio Ríos Esgueva, que es como se llama el conductor, recibió 2.000 euros al mes durante dos años procedentes de los fondos reservados del Ministerio del Interior. Eso es lo que induce a pensar a los agentes de Asuntos Internos que el encargo contaba con el visto bueno de la cúpula de Interior, la única que tiene acceso a esos fondos. Es más, creen que el propio ministro, Jorge Fernández Díaz, estaba al tanto de todo. De hecho, ‘Okdiario’ asegura que antes de que Interior recurriera a Villarejo y García Castaño fue Moncloa quien se dirigió al Ministerio para pedir que rescatara los documentos confidenciales del partido porque podían ser utilizados por Bárcenas para presionar y chantajear al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.
El chófer, que por lo visto también había trabajado para Francisco Granados, involucrado en varios casos de corrupción y que estuvo casi tres años en prisión por ‘Púnica’, proporcionó una localización donde trabajaba Rosalía Iglesias, esposa de Bárcenas, a cambio de su ‘salario’.
Con esta, hay ya siete piezas separadas del caso Tándem. La Fiscalía Anticorrupción ha informado favorablemente su apertura y el juez De Egea ha solicitado más información a Asuntos Internos, a fin de estudiar, en primer lugar, si los posibles delitos -de los que habría constancia en conversaciones grabadas- hubieran prescrito. El resto de las piezas separadas está relacionado con los millonarios negocios de Villarejo que afloraron cuando explotó el ‘caso Tándem’.
