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El coordinador federal de Izquierda Unida, Alberto Garzón, tacha de “insuficiente” y de “simple gesto para salir del paso” la propuesta del Gobierno anunciada por el propio presidente Pedro Sánchez orientada a que sean los bancos los que paguen el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados, tras la decisión del Pleno de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de revocar una sentencia en sentido contrario dictada por sus propios magistrados. Garzón critica, además, que lo planteado ahora por el Ejecutivo del PSOE “llega tarde y en ningún caso permite a las familias hipotecadas recuperar el dinero pagado por este concepto”.
En diferentes declaraciones realizadas desde el Parlamento europeo en Bruselas, donde participa en distintas reuniones organizadas en esta Cámara, el máximo responsable de IU detalló que el “escandaloso” movimiento decidido por el Supremo “tiene como simple objetivo neutralizar la oleada de reclamaciones respecto a las hipotecas concedidas en los últimos cuatro años, lo que llevaría a los bancos a pagar el citado impuesto y sacaría, al menos, entre 6.000 y 8.000 millones de euros de sus nutridas cuentas de beneficios”.
“Ahí radica el centro de la lamentable operación del Supremo -advierte-, aunque parece claro que incluso de haberse dado una sentencia favorable las entidades bancarias habrían repercutido los nuevos costes en las futuras hipotecas, dado el inmenso poder que tienen y su demostrada capacidad de influencia”. El Impuesto de Actos Jurídicos Documentados, el más importante que hay que pagar al hipotecarse, encarece la compra de una vivienda entre el 1,5 y el 5%.
Alberto Garzón entiende que “por esas razones resulta insuficiente la actuación que plantea el Gobierno. Los bancos disponen de suficiente poder para incrementar el coste de las hipotecas en una proporción similar al impuesto que se pretende que paguen. La única forma de corregirlo es reduciendo su poder, algo que la propuesta de Pedro Sánchez ni se plantea”.
El coordinador federal de IU entiende que “si se quiere reducir esa desmedida capacidad de acción de los bancos y también el coste hipotecario que recae sobre las familias hace falta actuar sobre esos costes y comisiones. Además, se demuestra la necesidad cada vez más perentoria de una banca pública que compense esa enorme capacidad negativa de acción del capital financiero”.
“No es momento de simples gestos como el que lanza Pedro Sánchez”, apostilla Garzón. A su juicio, la decisión del Tribunal Supremo “además de inusual y jurídicamente extraña, obedece a una intervención política para defender el sistema financiero que incluye argumentos profundamente ideológicos”.
