El Tribunal Constitucional (TC) ha tumbado este jueves la entrada del exvicepresidente Pablo Iglesias y del jefe de gabinete del presidente Pedro Sánchez, Iván Redondo, en el órgano rector del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). El Pleno ha admitido el recurso de inconstitucionalidad contra la inclusión del hasta hace una semana líder de Podemos y de Redondo. El Constitucional no aprecia que la medida fuera urgente, algo que era obligatorio al haberse aprobado a través de un decreto-ley. Tampoco observan los magistrados la relación entre las medidas para paliar la crisis del Covid que aprobaba el citado decreto y la inclusión de ambos en el CNI.
La sentencia, que se dará a conocer al completo en los próximos días, no tendrá efectos prácticos en lo referido a Iglesias, ya que dimitió como vicepresidente segundo del Ejecutivo el 15 de marzo de este año para concurrir a las elecciones madrileñas del 4-M, el preludio del fin de su carrera política, pues terminó apartándose de la vida pública en esa noche electoral. Sin embargo, el Constitucional sí pone coto al uso de los decretos-leyes, una herramienta gubernamental que no necesita autorización previa del Congreso de los Diputados para entrar en vigor, y aparta a Redondo de la comisión que controla el CNI.
Íñigo Errejón.
Cabe recordar que los decretos-leyes han de tener una "extraordinaria y urgente necesidad", algo que los jueces no han observado en este caso. "No concurre en el presente caso este presupuesto inexcusable, la extraordinaria urgencia y necesidad, que habilita al Gobierno para acudir al instrumento legislativo del Decreto-ley, obviando el procedimiento legislativo ordinario o de urgencia, para regular dicho nombramiento", defienden desde el Constitucional. El juez Pedro González Trevijano ha sido el ponente de la sentencia, que que ha contado con el voto particular de Cándido Conde-Pumpido.
Explican los magistrados que el Ejecutivo de Pedro Sánchez "no justificó la urgencia de la medida" ni tampoco que la inclusión de Iglesias en el CNI "guardase coherencia con los motivos generales que determinaron" la aprobación de dicho decreto el 17 de marzo, tres días después de decretarse el confinamiento domiciliario. En él, se adoptaron medidas extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social de la pandemia que acababa de comenzar. "Es un escudo social para que nadie quede atrás", dijo Sánchez entonces tras anunciar la movilización de 200.000 millones de euros para paliar las consecuencias de la Covid.
Sin embargo, también se modificó el apartado 2 del artículo 6 de la ley 11/2002, de 6 de mayo, que regula el Centro Nacional de Inteligencia. Hasta ese momento, el apartado decía que la comisión estaría presidida por el vicepresidente del Gobierno que designase el presidente, que hasta entonces solo era Carmen Calvo. Con el decreto, Sánchez incluyó también a Iglesias y a su jefe de gabinete. En este punto, el Constitucional insiste en que no ve "posible" determinar la "conexión" entre "las circunstancias desencadenadas a raíz de la pandemia y la modificación de la composición de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos de Inteligencia".
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La propia Calvo defendió la inclusión del entonces vicepresidente segundo en el CNI en una sesión parlamentaria en el Congreso de los Diputados, en la que reprochó a Vox sus críticas. Dijo la vicepresidenta primera que era "bastante lógico" que Iglesias formase parte de la Comisión Delegada sobre el Centro Nacional de Inteligencia (CNI). "Es vicepresidente segundo de este Gobierno de coalición, resulta bastante lógico que esté presente también en esta comisión del Gobierno", expuso Calvo. Desde Vox han celebrado la sentencia, a instancias de su recurso. "Querían controlar los servicios de inteligencia de España. Se encontraron con Vox", ha compartido en
