Isabel Acosta. La subida del salario mínimo interprofesional (SMI) a 950 euros ha provocado que en 31 provincias españolas la pensión media -con datos de la nómina del pasado mes de enero- se sitúe por debajo. El Gobierno elevó el SMI un 22,3% en 2019 y un 5,5% en 2020, de modo que éste ha pasado de 732 euros a 950 euros en dos años. El hecho de que en más de la mitad del territorio la pensión media quede por debajo del SMI resulta paradójico, ya que hay muchos jubilados que tras toda una trayectoria laboral cobran menos que quienes inician su carrera, esto no hace sino enardecer las movilizaciones de pensionistas, que buscan el blindaje de las pensiones, que se apliquen complementos a las pagas más bajas y revalorizaciones más altas que sostengan su poder de compra.
Como explica el economista Javier Santacruz, esta situación refleja sobre todo el problema del poder adquisitivo de las pensiones más bajas -especialmente de las mínimas contributivas-. Pero al mismo tiempo, también podría estar indicando que el SMI puede estar subiéndose a unas cotas insostenibles. "Los pensionistas con mayores problemas son los que cobran una pensión inferior al 80% del SMI, es decir, por debajo de la actual tasa de reemplazo", concluye.
Por su parte, el profesor de Finanzas Juan Fernando Robles indica que "con las subidas del SMI la mayoría de las pensiones son inferiores, lo que abre nuevos frentes de reivindicación por parte de los pensionistas". Y esas reivindicaciones de los pensionistas a las que se refiere el experto son lo suficientemente poderosas como para tumbar parte de la reforma de pensiones de 2013, cuando, en abril de 2018, lograron torcer el pulso al Gobierno del PP para resucitar la actualización de las pensiones con el IPC. No en vano, como ya ha advertido el Banco de España, los pensionistas suponen casi 10 millones de votos con los que ningún Gobierno está dispuesto a lidiar.
Continúa Robles explicando que "sin embargo, en un sistema quebrado es imposible revalorizar las pensiones más bajas pues son la mayoría" por lo que aduce que "el debate sobre el mínimo vital quizás de respuestas para encontrar una vía de financiación alternativa al sistema de pensiones para complementar las prestaciones de quienes perciben pensiones por debajo del SMI, aunque tal medida es tan costosa que actualmente no es posible financiarla con cargo al Presupuesto del Estado".
La radiografía de las pensiones según el territorio evidencian la fragmentación laboral del país. Hay una diferencia de 324 euros entre la pensión media más baja (732,96 en Orense) y la más alta (1056,96 en Burgos). Así, por autonomías, se ve claramente como el perfil industrial del País Vasco, donde se han concentrado grandes empresas con amplios colectivos de trabajadores con largas carreras de cotización, hace que Euskadi sea la autonomía con la pensión media más alta, a diferencia de Extremadura, con la jubilación media más baja (830,18 euros), donde el tejido industrial es menor y la comunidad es más intensiva en actividades del sector primario, cosa que también sucede en Galicia, donde se encuentran las dos provincias con menor pensión del país (Orense, con 732,96 euros, y Lugo, con 754,5 euros).
Con todo, a las polémicas que ha suscitado la subida del SMI se une ahora la de la divergencia con las pensiones. La fuerte revalorización del salario mínimo interprofesional ha sido criticada desde distintos ángulos. Los informes dicen que destruye empleo, minora jornadas y provoca fraude. El propio Gobierno lo reconocía en diciembre de 2019, cuando, públicamente, el hoy exsecretario de Seguridad Social, Octavio Granado, reconocía por primera vez que la subida del salario mínimo (SMI) de 2019 estaba originando algunos problemas en sectores vulnerables como el empleo doméstico o la agricultura. Entre las empleadas del hogar, indicó que 13.000 puestos de trabajo habían sido sustituidos por economía sumergida. Pese a ello, defendió que la economía ha absorbido "muy bien" el incremento de los salarios.
Por su parte, un reciente informe de BBVA Research, de enero de este año, concluye que España hubiera creado hasta 45.000 empleos más en 2019 si el Gobierno no hubiera subido el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) a 900 euros al mes. Por ello, la entidad solicitaba del Ejecutivo una evaluación del impacto de esta medida. "A la espera de que el nuevo Gobierno pueda introducir cambios en ámbitos tan importantes como el mercado laboral o las pensiones y antes de avanzar en una reversión de las reformas implementadas en años anteriores, sería conveniente revisar las distintas evaluaciones que se han hecho sobre los efectos que han tenido las medidas introducidas y mantener aquellos aspectos que han sido valorados positivamente". El informe recomienda también una reflexión y evaluación en los ámbitos relacionados con el sector inmobiliario y el salario mínimo interprofesional.
