Ecologistas en Acción
Ecologistas en Acción señala que las irregularidades investigadas en la Operación Frontino no solo tienen graves consecuencias sociales, las obras que están bajo sospecha también han tenido serios impactos ambientales. La supuesta malversación de fondos públicos que ha realizado Acuamed ha detraído recursos para las ya escasas actuaciones ambientales que podrían paliar la crisis ambiental que ya vivimos.Como es sabido, se está indagando la falsificación de certificaciones y facturas que incrementaban los montos a pagar a empresas como FCC y Acciona. Mientras, se ha destinado muy poco presupuesto a la recuperación de ecosistemas deteriorados, a la construcción y gestión pública de depuradoras y de plantas de reutilización de agua, entre otros proyectos.
Por otro lado, las obras investigadas no han contribuido a mejorar la situación ambiental, más bien lo contrario, han impactado negativamente sobre los ecosistemas. Son los casos de la construcción de presas para laminar avenidas en la rambla Gallinera y el río Serpis (Valencia). Ecologistas en Acción lleva mucho tiempo denunciando los impactos ambientales y la ineficacia de este tipo de infraestructuras para evitar los daños materiales y humanos causados por las avenidas de los ríos.
Las presas y diques destruyen el bosque de ribera y deterioran la conservación de los ecosistemas fluviales. En numerosas ocasiones no respetan la reserva que deben mantener para recibir un elevado volumen de agua, se pueden colmatar con rapidez perdiendo su función y dan lugar una falsa seguridad que promueve la ocupación urbana de zonas inundables, lo que redunda en una mayor exposición al riesgo de inundaciones. Por cierto, la desaladora de Almanzora (Almería) está situada en una zona con alto riesgo de inundación, por lo que su situación actual era bastante predecible por parte de la administración que aprobó su construcción.
Las propuestas de Ecologistas en Acción para afrontar las avenidas, como la eliminación de diques y motas, la recuperación de las llanuras de inundación y la restauración del bosque de ribera, son ecológicamente más respetuosas, más eficientes, más económicas y, por lo tanto, minimizan la posibilidad de dar lugar a irregularidades en la gestión.
En el caso del posible fraude de la descontaminación del embalse de Flix, se suma a una situación insostenible ambientalmente e injusta socialmente. La compañía Ercros ha vertido durante más de un siglo sustancias tóxicas y perjudiciales para el medio ambiente y la salud al embalse y, sin embargo, no se ha hecho responsable de su limpieza. Tras varios años de batalla legal, la contaminación y el riesgo para la salud que ha provocado una empresa privada es asumido por todos y todas las contribuyentes, también europeos, que están pagando 200 millones de euros para su limpieza.
Ante las irregularidades investigadas y los impactos ambientales que han generado las obras impulsadas por Acuamed, Ecologistas en Acción considera que la solución más efectiva para evitar futuros escándalos es la disolución de las empresas públicas Acuamed y Acuae. Es necesario que sus competencias vuelvan de nuevo al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente para incrementar los controles sobre su actividad. Es una medida que ya fue solicitada por el Tribunal de Cuentas en 2010 y 2011, precisamente para evitar irregularidades como las que ahora están siendo investigadas.
También deben asumirse las necesarias responsabilidades políticas por parte de quienes han estado al frente del Ministerio cuando se han producido las irregularidades investigadas. Por esta razón, y porque parte de los fondos públicos que han podido ser defraudados son europeos, Miguel Arias Cañete, actual comisario europeo de Acción por el Clima y Energía, debería dimitir.
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