El Grupo Parlamentario Popular reclamó hoy la comparecencia "urgente" en el pleno de Asamblea de Extremadura de la vicepresidenta Segunda y consejera de Economía, Comercio e Innovación, María Dolores Aguilar, para explicar el "sospechoso trato de favor" por parte de la Sociedad de Fomento Industrial de Extremadura (Sofiex) a la empresa Lusográficas, actualmente en concurso de acreedores. La solicitud de comparecencia urgente se presentó hoy mismo en el registro de la Asamblea de Extremadura, según explicó en rueda de prensa la portavoz adjunta del Grupo Popular, Cristina Teniente, quien mostró las "sospechas" del PP de que ha sido "la propia empresa la que está provocando el concurso de acreedores".

  En su intervención, Teniente recordó que la empresa Lusográficas está participada por Sofiex en un 31,29 por ciento, con una aportación de 2,4 millones, pero además "en ella se han invertido numerosos recursos públicos por la vía de subvenciones, ayudas, incentivos y préstamos".

  En concreto, explicó la diputada popular que Sofiex concedió una deuda a largo plazo a esta empresa por 4 millones de euros, a los que hay que sumar los 138.000 euros de subvención para formación de trabajadores, y los 3,6 millones de euros que recibió de incentivos regionales.

  Además, añadió que el Ayuntamiento de Olivenza cedió a esta empresa 65.000 metros cuadrados de terreno, que "a los pocos meses se hipotecaron por 3 millones de euros, un importe que sirvió para financiar la construcción de instalaciones", explicó Cristina Teniente.

MÁS DE 13 MILLONES DE EUROS

   Por tanto concluyó Teniente asegurando que la aportación de recursos públicos de la Junta de Extremadura a esta empresa ascendió a 6,62 millones de euros, una cantidad que asciende a 13,3 millones si se incluyen también las aportaciones del Estado a través de incentivos regionales y del ayuntamiento.

   "Tantas ayudas para una empresa, y ninguna para otras", aseveró Cristina Teniente, quien explicó el procedimiento para la instalación de esta empresa les "hizo sospechar desde el principio", y de hecho recordó que ya en 2003, año de instalación de Lusográficas, el PP denunció en sede parlamentaria la "falta de garantías en los bienes públicos que se aportaban para el proceso de puesta en marcha de esta empresa".

  Explicó que sobre este caso el PP realizó preguntas en pleno, interpelaciones, denuncias en prensa y petición de información escrita "que a día de hoy todavía no ha sido entregada a este grupo parlamentario", lamentó la diputada del PP.

  Según explicó, las "sospechas" del PP se derivaban de "las facilidades que se otorgaron a la empresa", y por la "falta absoluta de garantías en el mantenimiento de la actividad", dijo. "Unas sospechas que ahora se confirman con el intento de desmantelamiento".

   Y es que, según aseguró Teniente, "todo apunta a que es la propia empresa la que está provocando intencionadamente el concurso de acreedores", ya que la empresa viene "desviando" clientes a otra factoría instalada en Madrid, y "se dice que el comercial de la empresa de Olivenza lleva meses trabajando para la factoría de Madrid".

AGOTADO EL PLAZO DE CINCO AÑOS

  A esto hay que añadir, recordó, que la cesión de los terrenos por parte del ayuntamiento se hizo por un periodo de mantenimiento de la actividad durante cinco años, un plazo que cumplió "hace muy pocos meses", "algo sospechoso" a juicio de Teniente, quien recordó que el PP ya advirtió en su momento de que esta situación podría producirse.

   "Ahora nos encontramos con que hay un ingente caudal de recursos públicos que se han puesto en manos de una empresa y que están en riesgo", alertó Cristina Teniente, quien recordó que existe una deuda a largo plazo por parte de Sofiex de cuatro millones de euros, que "corre riesgos muy serios de poder cobrar", dijo.

   Ante esta situación, Teniente se preguntó qué ha hecho la Junta de Extremadura como accionista de esta empresa, en todo este proceso que, en su opinión, tiene "indicios de fraudulencia", por lo que advirtió que el PP estará "muy vigilante" en este caso, en el que están en peligro 47 puestos de trabajo.

  "Cuando se regala tanto dinero hay que hacer un seguimiento exhaustivo, y la Junta tiene que dar explicaciones y contar cómo evalúan a las empresas a las que se da dinero", apuntó Teniente, quien preguntó si estas ayudas se concedieron "con criterios objetivos, o si se entregó el dinero a socialistas y amigos", concluyó.