Pedro López Pozo (Coordinador UPyD Extremadura)

A la hora de analizar la situación política actual (tanto en Extremadura como en el resto de España) hay un hecho que, nos guste o no,  debe ser el punto de partida ineludible para cualquier análisis coherente. Los partidos políticos profesionales se han dedicado en cuerpo y alma a la tergiversación sistemática del lenguaje y, por consecuencia, de la realidad. La enumeración de ejemplos podría ser interminable. Para ser breves, digamos que personajes como José Blanco, Leyre Pajín o el mismo Rodríguez Zapatero sólo pueden ser “comprendidos” bajo este prisma: Las palabras han de estar al servicio de la política y no la política al servicio de las palabras. (Zapatero dixit).

Esta enfermedad afecta a todo el arco parlamentario español representado en el Congreso de los Diputados, las Asambleas Autonómicas y las Corporaciones Locales. Desde el PSOE hasta el PP, pasando por IU y todos y cada uno de los partidos nacionalistas,  absolutamente todos se han apuntado a esta peligrosa, facilona y grosera forma de hacer (mejor diríamos deshacer) política.

Todos menos una. Hoy, sólo hay una excepción en el páramo político español: Rosa Díez y el partido que representa, Unión, Progreso y Democracia. Lejos de quedarse en la palabrería hueca, en poco menos de un año, UPyD, con una sola diputada, ha cumplido sus promesas y llevado a cabo una actividad política sin precedentes en nuestra reciente historia democrática.

Tras las elecciones generales en que Rosa Díez fue elegida diputada, hicimos una serie de advertencias tan obvias que a muchos les resultaban increíbles. Anunciamos que valoraríamos las propuestas de los diferentes partidos en función de su contenido y no de quién las proponga. Nos comprometimos a defender el programa político de UPyD como un contrato con los ciudadanos y no como una resma de papeles para guardar en un cajón. Ya en el Manifiesto fundacional decíamos bien claro que partíamos de un supuesto revolucionario, que los ciudadanos no nacen siendo ya de izquierdas o de derechas ni con el carnet de ningún partido en los pañales. Es más, asegurábamos y seguimos asegurando que ser considerados de izquierdas o de derechas no nos parece el centro del problema. Mucho más adecuado nos parece hablar de políticas progresistas y de políticas reaccionarias. Evidentemente, nos quedamos con las primeras y desechamos las segundas, vengan de donde vengan.
Ahí ponemos el acento. En defender y proponer políticas de progreso, políticas progresistas en pro de la igualdad y la equidad de todos los ciudadanos, vivan donde vivan. Conviene hacer hincapié en este término, progresista, porque ha sido uno de los que han pagado un peaje más alto por la continua tergiversación del lenguaje a que hacíamos referencia más arriba. En España ha terminado por considerarse progresista cualquier propuesta que viniera de “la izquierda” y reaccionaria la que viniera de “la derecha”. Es decir, que la palabra progresista ha estado secuestrada. De ahí que se hayan acuñado términos como “progre” o “progresía”, por poner dos ejemplos de todos conocidos. Nosotros tenemos muy claro que nadie tiene el monopolio sobre el progresismo. Sí que estamos convencidos de que hay “costumbres” compartidas por el conjunto de partidos que son incompatibles con las políticas de progreso. Contra esas malas costumbres nos revelamos.

Podríamos hacer un análisis de lo que entendemos por progresista, pero nos parece mucho mejor recordar el trabajo parlamentario de UPyD el pasado año y que el lector saque sus propias conclusiones. Decida el lector si las políticas que hemos defendido en el Congreso de los Diputados son o no progresistas. Estas son las proposiciones de ley presentadas en el Parlamento:
-    Defensor del menor. Abogando por la creación de la figura del Defensor del Menor como la máxima institución de salvaguarda y protección de los derechos de la infancia y la adolescencia.
-    Proposición de ley orgánica para prevenir y erradicar la discriminación lingüística y asegurar la libertad de elección de lengua. Ante la conculcación de las libertades individuales de los ciudadanos en regiones como Cataluña, Galicia, Comunidad Valenciana, Baleares y País Vasco. Unico partido político que apoya y promueve activamente el Manifiesto por la Lengua Común, firmado por más de 300.000 personas al día de hoy
-    Reforma del Estatuto Básico del Empleado Público para garantizar a los empleados públicos el incremento de sus salarios de acuerdo al IPC real
-    Regulación del recurso previo de inconstitucionalidad para, entre otros motivos, conseguir que sean susceptibles de recurso de inconstitucionalidad, los proyectos de Estatutos de Autonomía.
-    Solicitud de que los recursos de terrorismo no prescriban
-    Reconocimiento del profesor como autoridad en el ejercicio de la función pública educativa. Desde el convencimiento de que urge corregir la ausencia del imprescindible principio de autoridad en las aulas.
-    Reforma de la Ley Electoral para garantizar que el voto de  todos los ciudadanos valga lo mismo con independencia del lugar donde vivan. La actual ley electoral prima descaradamente a los partidos nacionalistas que se presentan en una sola circunscripción. El resultado es que están sobrerrepresentados. Valga como ejemplo el caso del PNV que, con 303.246 votos ha sacado 6 diputados, mientras UPyD, con más de 303.535, ha sacado un diputado.

A las proposiciones de ley hay que sumar 62 preguntas por escrito al gobierno (entre ellas una batería de 8 preguntas sobre el proyecto de refinería en Tierra de Barros que el Gobierno de España ha despachado con una contestación vergonzosa por la ausencia de argumentos), 11 preguntas orales, 6 mociones, 13 proposiciones no de ley y 24 intervenciones tanto en comisiones como el propio hemiciclo.
Y todo esto en 9 meses y con un diputado.

Lo dicho, menos etiquetas y más argumentos.