TALES PARA CUALES, PEORES IMPOSIBLE
ANTONIO MARCELO VACAS/CARLOS A. GARCÍA ONIEVA. En 1983, la Comunidad Autónoma de Extremadura, pasa a control político del PSOE de la mano de Juan Carlos Rodríguez Ibarra, una especie de correveidile regional de Alfonso Guerra (en política desde 1976 y aún percibiendo ingresos de la Junta de Extremadura), que ya ejercía como presidente desde octubre de 1982 debido al transfuguismo de dos diputados de la UCD, siendo sustituido en 2007, al impedirle Rodríguez Zapatero que se presentara tal año a la reelección, por el neofranquista tránsfuga Guillermo Fernández Vara, una especie de factótum de Ibarra, actual presidente de la Comunidad hasta 2023, fecha en la cual cumplirá 28 años, viviendo a costa de la política, actividad mucho más lucrativa y descansada que su profesión apenas ejercida
A ambos se les puede aplicar respecto a Extremadura, lo que al caballo de Atila respecto a la hierba, y a la vista está.
Desde 1983 hasta 2020, la población española ha crecido en 9.077.582 personas, un incremento del 24%, mientras Extremadura que, en 1983 era habitada por 1.069.446 personas, el 1/1/2020, lo era por 1.063.575 hombres y mujeres, un descenso en términos absolutos de 5.871 habitantes, un 25% en términos relativos comparativos respecto al país.
Paralelamente la población extremeña ha envejecido sensiblemente debido a que su crecimiento vegetativo (nacidos-fallecidos) es negativo, y también por el incesante crecimiento de la emigración, afectando con especial incidencia a la juventud sin futuro una vez saturada la Administración Pública regional que se come casi la mitad de los presupuestos regionales.
Así, la población extremeña que se distribuía según sus grupos de edades en 1983, en un 13,42% mayores de 64 años, un 63,05 % de personas entre 15 y 64 años, estando un 23,52% de tal población comprendida ente los 0 y 14 años, se transforma en 2019 de tal manera que los mayores de 64 años pasan a ser el 21% de los habitantes de Extremadura y un 13,56% los de 0 a 14 años, invirtiéndose la indicada relación anterior. Finalmente en 2019, el 65,69 % de los extremeños están en edades comprendidas entre los 15 y 64 años.
De haber seguido la tendencia nacional, Extremadura estaría actualmente poblada por alrededor de 1.340.000 seres humanos, pero, los condicionantes sociales y económicos, que han originado que unos 440.000 extremeños estén en el umbral de la pobreza, han limitado fuertemente el crecimiento económico regional y por ende el demográfico, de lo cual debe responsabilizarse fundamentalmente al modelo político-económico y social tan inoperante como corrupto, implantado por el PSOE en Extremadura en 1983 y que continua vigente, basado, no en la búsqueda del bienestar y la prosperidad de los ciudadanos, en la persecución del crecimiento económico y del desarrollo extremeño, sino en un caciquismo montaraz, a través de la práctica continuada de un infame clientelismo, un subvencionismo indiscriminado a la búsqueda del voto agradecido, un sectarismo fascistoide, una manipulación de la realidad continuada, un extenso control social, y un pan y circo tan elemental como narcotizador de conciencias.
Dedicándose grandes recursos al mantenimiento del modelo caciquil, el modelo económico extremeño, por así llamarlo, también quedó anclado en el pasado, y así estamos históricamente con unos índices de renta y riqueza, con un nivel salarial y de empleo, huérfanos de industria, con una tecnología y comunicaciones, absolutamente vergonzosos en la cola de todas las regiones, no ya de España, sino de la de la UE, y con unas perspectivas a medio plazo, siniestras.
Los estragos que los personajes que han dominado la escena política extremeña desde 1983, Juan Carlos Rodríguez Ibarra y Guillermo Fernández Vara, han causado, en una Extremadura hoy reducida a cenizas, ha supuesto un destrozo de mayor cuantía, provocado en la depauperada sociedad extremeña y en la economía regional por estos sátrapas vocacionales dispuestos a reinar sobre un montón de escombros, y que actualmente está encontrando su cenit, al aliarse con una pandemia galopante.
El achatarramiento de Extremadura camina últimamente a pasos de gigante. La preocupación creciente de las familias por la salud, maldito covid, y la supervivencia ante el horizonte de crisis que nos atenaza minusvalora y difumina todo lo que no tenga que ver con esos dos grandes ítems por graves que sean. Impresión ya insuperable en muchos aspectos, de sociedad anestesiada, despavorida, indefensa ante las dimensiones de la catástrofe, económica y política, que se viene encima.
Es la desertización en principios y valores sufrida por la sociedad extremeña durante décadas, proceso cultivado interesadamente y esencialmente por el partido socialista, lo que ahora ha cristalizado y está dando sus frutos más amargos. El goteo de decisiones políticas atentatorias contra los derechos y libertades se asume con la indiferencia del que ya lo ha perdido todo. Hay que recaudar, amasar, pillar a trote y moche, que el Gobierno necesita recursos “para hacer política”. Robar al prójimo para seguir alimentando ese engendro partidista denominado Junta de Extremadura. La Cosa Nostra.
Ibarra y Vara son lo peor que le ha ocurrido a Extremadura, una desgracia para sus habitantes y una maldición para Extremadura cuyo potencial económico, y especialmente humano, han frustrado los dos impresentables dirigentes del partido dominante, 1983-2020, al frente de una partida de oportunistas sin escrúpulos, desideologizados, trepadores y desclasados, vividores de la política, desnaturalizados, sin otra causa a la que servir que la suya propia consistente en mantenerse en el poder y en el cargo, a poder ser hasta jubilarse por edad, como sea y a costa de lo que sea, en su caso a costa de la salud socioeconómica y humana de Extremadura y de los extremeños, sin nada que ver con la incidencia muy posterior de la epidemia, contra la cual al parecer nos podremos vacunar, pero no contra el caciquismo, muchísimo más mortal.
Y actualmente los cuadrillistas regionales tienen buen ejemplo en el que mirarse e imitar, el gobierno nacional que, aprovechando que la pandemia del coronavirus pasaba por España y se instalaba en ella, ha situado una amenazadora espada de Damocles sobre nuestra tambaleante democracia, sobre algunos de nuestros derechos fundamentales y nuestra libertad. Por un lado, el Art. 36.6. de la denostada y criticada “Ley de Seguridad Ciudadana” del PP, conocida como ‘Ley Mordaza’ y aprobada por el PP en 2015, ha sido aplicado más que nunca, en vez de derogarla como prometió Pedro Sánchez, por el actual Gobierno. Sólo en los 75 días de confinamiento, se impusieron más de 1,1 millón de multas para sancionar a aquellos que burlaron el confinamiento.
Por otro lado, el también criticado Real Decreto-ley 14/2019, de 31 de octubre —el llamado, en los medios, “Decretazo Digital”— amplia los supuestos en los que el Gobierno puede intervenir las redes y cortar comunicaciones electrónicas, sin control judicial, ni siquiera a posteriori. En efecto, a los motivos de seguridad pública, de defensa de la vida humana y de emergencia, se añaden los de orden público. Ahora bien, esta intervención del gobierno puede ser considerada como un atentado contra la libertad de expresión y de información. En realidad, cercenar una web o poner cortapisas en las redes sociales es como poner una mordaza, como proceder al clásico secuestro de publicaciones o al embargo de una imprenta. Por eso, el “decretazo digital” es, en la práctica, afirma Amnistía Internacional, una ley de excepción.
La sociedad y especialmente los trabajadores, siguen “beneficiándose” de la Ley de Reforma Laboral del PP, las listas electorales continúan siendo cerradas, o sea controladas por la cúspide de los partidos, las puertas giratorias han alcanzado su apogeo, el Tribunal Supremo netamente politizado y dependiente, salvaguarda los intereses de la oligarquía financiera llegando al extremo de no acatar la doctrina europea respecto a hipotecas.
Ningún partido, todo lo contrario, pone en tela de juicio que el órgano de gobierno de los jueces, el Consejo General del Poder Judicial, continúe configurándose a base de cuotas partidistas, solo polemizan al respecto la derecha neofranquista y la otra derecha (PSOE&Podemos), sobre quienes controlan a un mayor porcentaje de miembros del Consejo en su beneficio.
Los oligopolios de la energía, de otros servicios básicos y de las comunicaciones, obtienen beneficios multimillonarios que crecen sin parar gracias a tarifas abusivas y a una legislación que les favorece en detrimento del consumidor, las grandes constructoras se preparan para llevarse una gran tajada de los fondos europeos destinados a España para paliar los efectos de la pandemia, la mayor parte de los medios informativos son la voz de su amo, carecen de independencia y se alinean con unas u otras derechas, los sindicatos autotitulados mayoritarios, en realidad amarillos, gozan de subvenciones a nivel autonómico y nacional y son correas de transmisión del gobierno, la Banca, como siempre, abusa de los consumidores, los políticos están consolidados como la Casta que son, después de su última incorporación, Podemos.
La Administración Pública, completamente burocratizada e improductiva, crece sin parar pese la su digitalización e informatización, los jueces subiendo hacia arriba de la escala primaria son otra Casta que ejerce un poder basado en su politización, inmunidad e impunidad, salvo contadas excepciones, y su corporativismo, y la pobreza, acompañada de la precariedad y del desempleo, continua creciendo sin que el gobierno tome otras medidas para impedirlo, que anuncios propagandísticos que la burocracia asfixia. Las pequeñas empresas y autónomos, se lumperizan progresivamente aportando desempleo a un mercado laboral ya saturado de parados y precarios.
Los desahucios están a la orden del día pese a la repetida promesa de pararlos, y las ayudas sociales son en su mayoría cantos de sirena, y que la caridad, sucedáneo de la justicia, apenas puede paliar.
Pero lo principal para el poder, se respeta bajo pena de represión a diferentes escalas, estado de alarma, en realidad alarmante, eliminador de las libertades más básicas, que proporciona que se gobierne, aún más si cabe, intransigentemente, al margen de la ciudadanía y de forma autoritaria, a golpe de Decreto y excluyentemente. Muchos entendemos que así las cosas, a determinados gobiernos el covid les ha traído, más ventajas que inconvenientes, al español y al extremeño sin duda alguna.
