Iglesias en la cuerda floja

El curso judicial arranca en la Audiencia Nacional con la mediática declaración de José Manuel Calvente, el abogado expulsado de Podemos que denunció supuestas irregularidades del partido en la financiación de su campaña electoral o la reforma de su sede, entre otras. Si aquella denuncia provocó la apertura de una investigación en un juzgado de Madrid contra el partido de Pablo Iglesias y miembros de su cúpula por presunta malversación y administración desleal, su declaración como testigo ante el juez del caso Villarejo, García Castellón, podría aportar indicios para que éste proponga al Tribunal Supremo que investigue al vicepresidente del Gobierno por presunta denuncia falsa.

Calvente está citado el jueves y se espera que declare por videoconferencia. Tendrá que trasladar al juez lo que sabe del robo del móvil de la ex asesora de Iglesias en el Parlamento Europeo, Dina Bousselham, a finales de 2015, y la publicación de mensajes de su interior que dejaban en mal lugar al líder de Podemos en la prensa en julio de 2016.

Mientras Podemos sostiene que tras el robo hubo una campaña de las cloacas policiales de Interior durante el Gobierno de Rajoy para filtrar dichos mensajes y perjudicar al partido y a su líder -puesto que una copia del volcado del dispositivo apareció en casa del comisario investigado y en prisión preventiva José Manuel Villarejo-, el testigo afirmó durante una entrevista a El Mundo que fue «un montaje».

 

Calvente defiende que precisamente fue expulsado del partido al advertir de que la acusación en este caso «no se sostiene», porque no se trató de un «robo sino de una filtración», ya que la propia Bousselham compartió pantallazos de las conversaciones publicadas en prensa. Algo de lo que advirtió a sus compañeros, también abogados del partido. Su declaración puede ser determinante para la instrucción.

¿Por qué puede poner en aprietos a Iglesias?

El juez del caso Tándem comenzó a investigar el robo del móvil de Bousselham con Villarejo como principal investigado. Ofreció, tanto a ella como al líder de Podemos, figurar como perjudicados de la actividad presuntamente ilegal del comisario y escuchó a Iglesias. Éste relacionó el robo con otras actuaciones de las cloacas policiales para perjudicarle a él y a su partido cuando las encuestas le situaban como segunda fuerza política. Dijo que no le extrañaba que miembros de la policía patriótica durante el Gobierno del PP estuvieran detrás del robo del móvil y filtraran los mensajes de conversaciones contenidas en el dispositivo -entre ellas una en la que hizo un comentario machista y vejatorio hacia una presentadora de televisión- como difundieron un falso informe sobre cuentas suyas en paraísos fiscales, el denominado informe PISA (Pablo Iglesias S.A.).

El juez, que instruía entonces la investigación bajo secreto, agradeció la explicación de Iglesias e incluso llegó a decirle que en el caso Villarejo (en el que también se investiga a la anterior cúpula policial por si hizo seguimientos al margen de la ley al extesorero del PP, Luis Bárcenas, en la denominada pieza Kitchen) «aparecen implicaciones del Ministerio de Interior muy serias».

Sin embargo, según ha avanzado la investigación, el instructor ha descartado que Villarejo sea el único que pudo filtrar los mensajes a la prensa, puesto que la propia Dina Bousselham reconoció haber compartido pantallazos de las conversaciones con terceras personas. También ha comenzado a sospechar de las intenciones de Iglesias y si tras esta denuncia hay un interés de instrumentalizar políticamente la causa, en su beneficio y el de su partido.

Los daños en la tarjeta y el tiempo de entrega

Otra de las razones por las que el juez comenzó a reunir indicios de que Iglesias podría haber tratado de obstruir la labor de la Justicia para explotar el robo y la difusión de los mensajes como una operación parapolicial contra él es que el líder de Podemos recibió una copia del volcado del móvil de Dina Bousselham antes incluso que José Manuel Villarejo.

En enero de 2016, el presidente del grupo Zeta telefoneó a Iglesias para entregarle un dispositivo electrónico con el volcado de la tarjeta que llegó a la revista Interviú, del grupo, de manera anónima. Quiso dársela porque vio que allí había información privada e íntima que le afectaba a él, pero sobre todo a su asesora. Más tarde, los periodistas que recibieron el anónimo (Alberto Pozas y Luis Rendueles) entregaron la copia de la tarjeta al comisario entonces en activo en la Policía, José Manuel Villarejo. Han defendido que se trató de una respuesta a un «requerimiento policial».

Iglesias no avisó a Bousselham ni se la entregó hasta, al menos, seis meses después cuando mensajes incluidos en ésta se publicaron en Okdiario y Bousselham acudió a ampliar la denuncia por el robo del móvil.

La propia Bousselham ha incurrido en contradicciones en el juzgado sobre por qué no dijo que había recuperado la tarjeta cuando fue a ampliar la denuncia ante la Policía o sobre si pudo acceder o no a su contenido. En un principio dijo que no pudo porque la tarjeta estaba dañada y, más tarde, cuando esa información dio al juez nuevas razones para continuar sospechando de las intenciones de Iglesias, retiró que estuviera dañada.

El juez comenzó a reunir indicios de dos presuntos delitos contra Iglesias: daños informáticos (por si dañó la tarjeta el tiempo que la tuvo en su poder) y de revelación de secretos. Encargó pesquisas a la Policía Científica y a la empresa inglesa a la que la pareja de Bousselham, Ricardo Sa Ferreira, envió la tarjeta para desbloquearla.

Informe de la Policía Científica.

Ninguno de los dos informes despejan de manera clara quién pudo dañar la tarjeta, pero tampoco eximen con contundencia a Iglesias, como él y su partido han interpretado. El último informe de la Policía Científica dice que los daños son compatibles con los sistemas que utilizan las empresas de recuperación de este tipo de dispositivos, como la de Gales, aunque tampoco da una respuesta concluyente.

«El citado lijado deja al descubierto los puntos de conexión directa a la memoria de la tarjeta, por lo que sería compatible con un intento de recuperación del contenido de la memoria, una vez que se ha detectado un fallo en la controladora de la tarjeta que impide su normal funcionamiento. Este lijado se suele realizar mediante la utilización de un lápiz de fibra de vidrio o bien mediante lija de grano muy fino». «Al no poder realizarse la lectura del contenido de la memoria no se puede determinar si existían daños previos a la discontinuidad encontrada en el vestigio, que partes están afectadas por los mismos ni el momento en que se produjeron», se lee en las conclusiones del informe, al que tuvo acceso El Independiente.

Mensajes entre abogados y fiscales

A la vez que la instrucción del caso Dina avanzaba, el diario El Confidencial publicó parte de los mensajes intercambiados entre el equipo legal de Podemos de los que se entendía, según publicó dicho medio, una connivencia entre éstos y los fiscales Anticorrupción del caso, Ignacio Stampa y Miguel Serrano, para que se abriera en la Audiencia Nacional una pieza contra las cloacas policiales como autoras del robo.

El abogado José Manuel Calvente, que formaba parte de dicho grupo de abogados, habría advertido a sus compañeros -según ha trasladado él mismo públicamente- de que la estrategia legal no prosperaría y que era «un montaje» porque en el móvil de Bousselham se veía que ella misma había compartido los mensajes. Motivo por el que, según él, fue despedido del partido a pesar de que la formación alegó que su expulsión estaba relacionada con una denuncia por acoso sexual y laboral de su compañera de equipo legal, la abogada de Iglesias, Marta Flor Núñez. Ese caso se ha instruido en un juzgado de Madrid y ha sido archivado.


Precisamente Calvente también dijo en un burofax que envió al secretario de Organización de Podemos, Alberto Rodríguez, que la relación entre la abogada Marta Flor y uno de los fiscales del caso, Ignacio Stampa, pondría en peligro la causa. Mensajes entre ambos, publicados en prensa, desencadenaron una investigación interna al fiscal Stampa que ahora está en manos de la Fiscalía de Madrid, para decidir si procede pedir al Tribunal Superior de Justicia de Madrid que le investiguen, según pidió el partido político Vox en una querella.

Podemos, imputado como persona jurídica

La declaración de Calvente ante el juez que instruye el caso Dina coincide en el tiempo con la investigación que dirige el Juzgado de Instrucción 42 de Madrid por presuntas irregularidades en la gestión económica del partido que lidera Pablo Iglesias a raíz de la denuncia que presentó ante la Guardia Civil a finales del pasado año el abogado tras ser despedido por Podemos.

José Manuel Calvente ha puesto en conocimiento de la Justicia que algunos dirigentes del partido cobraban en nómina un extra mensual de 600 euros (denominados «complementos de coordinación») no previstos en la tabla oficial de Podemos y una cantidad fija de supuestos gastos de viajes con la que se camuflaría presuntamente un pago en especie.

El letrado también apreció anomalías en las «donaciones de excedentes de salario» por parte de algunos cargos públicos y el fraccionamiento de contratos para beneficiar -entre otras- a una empresa controlada por Rafael Mayoral, diputado y miembro del Consejo Ciudadano del partido.

Las supuestas irregularidades alcanzaban también a la licitación de la obra de reforma de la sede principal de Podemos en Madrid, como puso de manifiesto Calvente en el burofax que le envió al secretario de Organización el 23 de octubre de 2019. Según el abogado, la gerente de Podemos había realizado «graves interferencias» en su trabajo por «pretender lanzar con prisas la web de licitaciones sin avisos legales para ocultar la falsa licitación de las obras de la sede«. En concreto, los trabajos se anunciaron por 649.936,68 euros y se terminaron adjudicando por 1.361.055 euros (un 109 % más), sin que se haya aclarado el motivo del desfase.

De momento, el juez Juan José Escalonilla mantiene imputados en la causa a la formación política como persona jurídica y a varios miembros de la cúpula del partido. A saber: Juan Manuel del Olmo, secretario de Comunicación del partido y director de Estrategia y Comunicación de la Vicepresidencia del Gobierno; Rocío Esther Val, gerente de Podemos; Daniel de Frutos, tesorero, y a la empleada Andrea Deodato.

La reclamación del Tribunal de Cuentas

No es el único frente que tiene abierto Podemos en este momento. El Tribunal de Cuentas reclama al partido que lidera el actual vicepresidente segundo del Gobierno la devolución de 323.828,22 euros por haber tratado de justificar con cargo a las subvenciones que le concedió el Ministerio del Interior en 2016 para sufragar los gastos de seguridad conceptos no subvencionables.

De la cantidad requerida, la mayor parte corresponde a los costes laborales de ocho trabajadores cuyas funciones no se ajustaban exactamente a tareas de seguridad, tales como el control de la entrada de su sede o labores de seguridad informática.

El Tribunal de Cuentas también ha puesto la lupa en el contrato firmado con Nuerona Consulting, una empresa venezolana próxima al chavismo y a la que Podemos pagó 363.000 euros. El órgano fiscalizador ha advertido de que la formación ha intentado justificar el gasto con «los mismos conceptos que se hacen constar en la factura presentada» pero «sin valoración económica individualizada de lo contratado».
Dina e Iglesias insisten en la vía de las ‘cloacas’

Tanto Dina Bousselham como Pablo Iglesias insisten en pedir que el juez les tenga como perjudicados de la trama de Villarejo en la causa. La pasada semana presentaron sendos escritos en este sentido. La ex asesora de Iglesias se basó precisamente en la declaración de los periodistas que entregaron una copia de la tarjeta al comisario para argumentar que sí hubo una trama policial detrás, puesto que el policía declaró que llevó la copia de la tarjeta a la Dirección Adjunta Operativa de la Policía. Ha solicitado la declaración de la anterior cúpula policial ante el juez.



Comentarios
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Podemos  - in articulo mortis   |2020-09-07 12:34:13
la conducta de la élite de podemos ha llevado al partido a un callejón sin
salida, su retrato como casta dura y pura es ya una realidad incuestionable
RIP   |2020-09-07 12:35:05
el tiro de gracia electoral lo recibirá Podemos en las siguientes elecciones
una canallada   |2020-09-07 12:36:22
haber frustado las ilusiones de tantas personas que confiaron en Podemos
charlie   |2020-09-07 12:39:23
se cumple una vez mas el máxima marxista de que el ser determina la conciencia,
un profesor sin patrimonio ni influencia sube a la vicepresidencia y se hace de
oro junto a su pareja también promocioonada
tarkán   |2020-09-07 13:33:16
No es que algo huela a podrido en el reino podemita, es que está podrido hasta
la médula
psoepodemos   |2020-09-07 13:34:02
calvente está desnudando a podemos, y lo que se ve es repugnante
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