¿Transparencia en la Junta de Extremadura?

Pedro Vicente Sánchez (PCRN)
Se nos trata de convencer desde la Junta de Extremadura, que el proceso administrativo del proyecto de refinería Balboa, se está llevando a cabo con total transparencia y por ello debemos estar tranquilos.
Sin embargo, muchas han sido las voces críticas en los últimos años sobre esta cuestión y muchas las denuncias realizadas al respecto.

Desde diferentes colectivos se han presentado quejas ante la Comisión Europea, El Defensor del Pueblo, ante los tribunales de justicia y ante la Comisión Económica para Europa de la ONU. También se ha marcado un hito histórico como es la presentación de más de 83.000 alegaciones al proyecto ante el Ministerio de Medio Ambiente.

Tras estos más de cuatro años, la Junta de Extremadura y el Partido Socialista siguen en sus trece de negar la evidencia. A día de hoy, ya disponemos de suficientes opiniones extra regionales que admiten lo que aquí se niega y que vienen a avalar las reclamaciones realizadas desde la ciudadanía extremeña en contra del descabellado proyecto de instalar una refinería de petróleo, en una de las zonas más ricas y productivas de Extremadura.

A pesar del esfuerzo por parte del Consejero de Medio Ambiente, D, José Luis Navarro de confundir a los ciudadanos, la Comisión Europea mantiene abierto el expediente originado por las quejas realizadas por la Plataforma Ciudadana Refinería No. El Defensor del Pueblo, recientemente nos comunica su extrañeza ante la negativa de la Consejería de Medio Ambiente  a facilitarle la opinión que sobre el proyecto pueda tener esta Consejería y vuelve a pedir información al Ministerio de Industria. La ONU admite a trámite las quejas elaboradas por la Plataforma Contra la Contaminación de Almendralejo  referentes al incumplimiento del convenio de Aarhus. Son ya varias las sentencias judiciales favorables a la Plataforma Ciudadana Refinería No por la vulneración del derecho de reunión, manifestación y por agresiones a ciudadanos de esta plataforma. Estamos pendientes de la resolución de otra por detención ilegal de un miembro de la plataforma.

Queda claro pues, que la apreciación que desde fuera de Extremadura se tiene de la forma de llevar el proceso informativo y de participación pública. no coincide con las manifestaciones de nuestro Gobierno Regional. Se sigue insistiendo en la transparencia, cuando los organismos foráneos ante los que se han presentado nuestras quejas ven en ellas argumentos suficientes como para cuanto menos iniciar una investigación.

Se nos pide con frecuencia a los ciudadanos que tengamos confianza en las instituciones. Dicho de esta manera, parece que las instituciones en si tienen personalidad, carácter, virtudes o defectos. Las instituciones serán creíbles y merecedoras de respeto o no, dependiendo de la credibilidad que las personas que las forman se hayan sabido ganar.

En el caso que nos ocupa, la credibilidad brilla por su ausencia. A modo de ejemplo:

D. José Luis Navarro, actual consejero de medio ambiente, agricultura, industria y energía ha estado en Bruselas defendiendo a ultranza el proyecto de refinería Balboa. El, es el encargado en última instancia de emitir la Autorización Ambiental Integrada. ¿Que credibilidad puede tener en cuanto a su objetividad sobre el proyecto?
Eduardo Alvarado, antiguo defensor del medio ambiente y actualmente Presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, que tras apoyar publica e incondicionalmente el proyecto, no ha visto ninguna de las preocupaciones que por el Guadiana han expresado en Portugal.
D. Guillermo Fernández Vara, actual Presidente de la Junta, que todavía no ha recibido al movimiento ciudadano opuesto al proyecto.
D. Juan Carlos Rodríguez Ibarra que dijo que era una decisión política ya tomada, anulando cualquier posibilidad de la participación ciudadana recogida por la ley.

También hace dudar de ciertas instituciones el que determinados cargos públicos hayan elaborado estudios de impacto ambiental en su época de actividad profesional privada y que posteriormente al ocupar cargos públicos sean los responsables de aprobar dichos estudios. Es decir, participaron en la elaboración de los proyectos que luego ellos mismos y ya desde sus cargos políticos han de juzgar y calificar. ¿ puede esto ocasionar dudas en los ciudadanos? ¿Es esto legal? Lo estamos investigando. Tenemos constancia de que algunos máximos responsables de la Consejería extremeña de Medio Ambiente, Industria y energía han actuado de esta manera. Nos falta por saber si el espacio de tiempo transcurrido entre su actividad profesional privada en determinados proyectos y su actuación como cargos públicos se ajustan a ley. De no ser así, tengan por cierto que los denunciaremos ante las instancias pertinentes. Los tiempos de la impunidad, afortunadamente, están pasando a la historia en Extremadura. Los ciudadanos empezamos a pedir responsabilidades  y este es el principio del fin de una oscura, larga, ineficaz y anti democrática forma de gobernar.
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