Casimiro Garcia-Abadillo
La 'contabilidad B' de las empresas del grupo pilotado por Francisco Correa acumulaba cada año unos ingresos ocultos al fisco de en torno a un millón de euros. Según los documentos de dicha contabilidad secreta, a los que ha tenido acceso EL MUNDO, 'Easy Concept', 'Good and Better', 'Servimadrid' y 'Diseño Asimétrico' (controladas por Correa y gestionadas por su mano derecha, Pablo Crespo) facturaban habitualmente a empresas por servicios que no se realizaban. Alicia Mínguez, imputada en el auto del juez Baltasar Garzón conocido el pasado viernes, se encargaba, junto al también imputado Javier Nombela, de elaborar las citadas facturas.
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La hipoteca abierta de La Caixa es una trampa. Me explico: La hipoteca no es subrogable y, por tanto, obviamente, difícil de renegociar. Es decir, esa ley por la que el usuario puede cambiar su hipoteca a la entidad financiera que más le interese para ésta no vale.
Según Antonio Vera Becerra, Presidente Autonómico de ANPE Extremadura ”la manifestación que mañana tendrá lugar en Lllerena, por iniciativa del alumnado ante la fusión de los institutos, es un gratificante soplo de aire fresco entre tanta política de recortes y despropósitos de nuestra Consejería respecto a la escuela pública y demuestra que ésta, la escuela pública, es la garante de la igualdad en la educación y que no sólo los sindicatos que defendemos en exclusividad a la misma, el resto de la comunidad educativa también.
El presidente del gobierno José Luis Rodríguez Zapatero se encuentra orillado por su incapacidad de atajar la crisis económica por la que atraviesa España, y sin tomar medidas drásticas que generen confianza, que atajen la brecha de cuatro millones de parados, más los que están por venir. 
ZAPATERO Y RAJOY tuvieron un duro enfrentamiento dialéctico el miércoles en el Congreso sobre las cajas. El presidente del Gobierno ha pasado de las palabras a los hechos: el Consejo de Ministros aprobó ayer un recurso contra la modificación de la ley de Cajas por parte de la Comunidad de Madrid, aprobada en diciembre de 2008. La impugnación suspende por cinco meses la entrada en vigor de la norma, conforme establece el artículo 161.2 de la Constitución, invocado también por el Gobierno para paralizar el plan Ibarretxe.Ello implica el aplazamiento del proceso electoral en Caja Madrid, que tendrá que esperar al pronunciamiento del Tribunal Constitucional.
