Carlos Caldito
Cuando el abogado Luis Bertelli, creó la Fundación “Jurei” (Justicia Responsable e Independiente) en febrero de 2004, afirmaba que existían por entonces –y siguen existiendo- sobrados motivos para haber puesto en marcha su Fundación. Entre otras razones, decía que España no posee una Justicia responsable ni independiente, que sería lo propio de un Estado que se dice “de Derecho”. Añadía que únicamente hay en España un poder: el ejecutivo, y que éste ha absorbido a los otros dos poderes , entre ellos por supuesto el Poder Judicial, poder que acepta “resignado” su falta de independencia a cambio de disfrutar del privilegio de la inmunidad-impunidad.
En un análisis absolutamente incontestable y demoledor, continúa diciendo que la administración de justicia está dotada de un oscurantismo y de un secretismo realmente inimaginables, frente a la transparencia y publicidad exigidas por la Constitución y las leyes para sus actuaciones. Existe una barrera infranqueable que impide conocer cómo se efectúan los repartos de los asuntos y se adjudican las ponencias. También es casi imposible llegar a saber los motivos de abstención o recusación por los que se inhabilita a un juez. Estas circunstancias conducen a que los procesos puedan estar resueltos a favor de una de las partes antes de su inicio (no cabe mayor perversión) debido a que priman intereses espurios y no las razones del otro litigante que ni siquiera imagina la falta de imparcialidad de ese Juez o Tribunal que dirime su juicio.
Otro “handicap” a tener en cuenta es la casi imposibilidad de exigir responsabilidad a jueces y magistrados, debido al enorme grado de corporativismo que entre ellos existe. Jueces y Magistrados que en su mayoría están agrupados en alguna de las cuatro Asociaciones de jueces existentes en España, figurando entre los fines de todas ellas: “la defensa de los intereses profesionales de sus asociados”. Y dado que es inviable conocer tal afiliación, es probable que el magistrado que juzga la conducta penal de un compañero juez pertenezca a su misma Asociación, teniendo aquel, tal como decimos, la obligación estatutaria –y corporativa- de salvaguardar los intereses de este.
Lo mismo ocurre si a algún incauto se le ocurre exigir responsabilidad civil o disciplinaria: basta informarse un poquito de la habitual actuación de los tribunales y del Consejo General del Poder Judicial, para ser persuadido y acabar desistiendo “resignadamente”... Y aunque las leyes procesales hablen en teoría de tal posibilidad, en la práctica es casi imposible recusarlos. No se pierde nada por intentarlo –aparte de tiempo y dinero, que no es poco...- pero en casi todas las ocasiones será desestimada la recusación y, además, se condenará en costas al recusante. Como es de suponer, a la persona que tenga semejante ocurrencia, no se le permitirá siquiera, la práctica de prueba que acredite la existencia del motivo alegado como causa de recusación.
Puesto que la casi totalidad de las querellas y recusaciones que se promueven contra jueces y magistrados, suelen ser “inadmitidas a trámite”, implica que los mismos jueces y magistrados que han sido denunciados o recusados, seguirán casi con toda seguridad interviniendo en el proceso. No hace falta ser muy avispado para llegar a la terrible sospecha de que, si un juez ha sido cuestionado o recusado acabe actuando con parcialidad, parcialidad hasta cierto punto lógica (a la vez que terrible y perversa) al haber sido cuestionado por alguna de las partes, siendo el resultado de esos procesos fácil de imaginar. Llegados a este punto, nos encontramos con aquello de que “quien hizo la ley hizo la trampa”, ya que la Ley Orgánica del Poder Judicial 19/2003, de 23 de diciembre, de modificación de la anterior Ley Orgánica 6/1985, exige para poder recusar a un juez o magistrado que la denuncia o querella interpuesta contra el mismo: “hubieren
dado lugar a la incoación de procedimiento penal…”
Y puesto que, como venimos señalando, casi ninguna prospera, ni deriva en una causa penal ¡ni siquiera es posible recusar a quien se denunció por actuar supuestamente fuera de la legalidad!
El argumento utilizado con frecuencia por el estamento judicial, de que son muchas las querellas que se promueven con la intención de apartar al juez del conocimiento del proceso, es tan disparatado como improcedente. El ordenamiento jurídico prevé mecanismos adecuados y contundentes para frenar, de producirse, tal actuación abusiva y desleal.
Otra cuestión que no se debe olvidar es que los abogados no cuentan con un Colegio Profesional que los proteja, porque esas corporaciones colegiales parecen estar más propensas a aliarse con los jueces para atacar de forma conjunta al abogado que decide ejercer su profesión de forma libre e independiente. Y como los abogados son conscientes de que denunciar o recusar a un juez o magistrado puede suponer un daño para los intereses de sus defendidos, son muy pocas las querellas y recusaciones que se presentan contra jueces y magistrados en España. Los procuradores no quieren tampoco enemistarse con los componentes del Poder Judicial. Por tal razón no es fácil encontrar a un procurador que firme una demanda, querella o recusación contra ellos. Y quienes lo hacen, colocan por regla general la siguiente frase al lado de su firma: “ A los solos efectos de representación”. Esto significa que no se identifican con el trascendental escrito, cargado por supuesto de razón que ha elaborado el abogado, dejando a este solo en su ya de por sí difícil y peligrosa andadura, como si de un auténtico loco se tratara, conocedor de que será declarado en el foro “persona non grata”; o sea, un controvertido y polémico profesional, porque en España se prefiere al que miente o calla, no al que dice la verdad.
Y si una persona de forma responsable, plenamente acertada y ajustada por completo a la legalidad, se atreve a denunciar de forma reiterada los comportamientos ilegales que sufre o que presencia de los integrantes de la magistratura española, es objeto de tremendas represalias por el conjunto de la judicatura (hay que ser “justos” y reconocer que por supuesto, hay “jueces buenos” que no participan en tan deleznable persecución). Las querellas que esa persona presente se inadmitirán a trámite, como decimos sucede, pero se decidirá además ir contra ella por “acusaciones falsas”. Y en tales procesos kafkianos no le permitirán obviamente demostrar la verdad de sus imputaciones, negándosele toda la prueba que solicite. Se encontrará además indefensa porque le resultará imposible contar con un abogado que la defienda y tendrá que enfrentarse en solitario al desaliento que supone ver a unos jueces actuando extramuros de la legalidad y con absoluta impunidad, conscientes dichos jueces de que hagan lo que hagan no les sucederá nada.
Los órganos y autoridades del Estado que tienen como primera misión respetar –y hacer respetar- la Constitución y los derechos de los ciudadanos (entre otros la Corona, el Gobierno, los propios tribunales, Consejo General del Poder Judicial, Defensor del Pueblo y demás Instituciones estatales y autonómicas), cuando conocen las quejas de los justiciables, por comportamientos supuestamente prevaricadores de jueces y magistrados, no cumplen con la obligación que les viene impuesta por la Ley Orgánica del Poder Judicial de poner tales hechos en conocimiento del Ministerio Fiscal, para que este ejerza la correspondiente acción penal. Y también es inusual que el Ministerio Fiscal interponga demandas, querellas o recusaciones contra jueces o magistrados, oponiéndose sistemáticamente a las que promueven los particulares.
Los legisladores, quienes vienen siendo puntualmente informados de la falta de un control eficaz sobre el comportamiento de nuestros jueces y a los que la Fundación Jurei ha pedido, incluso la efectiva fiscalización de sus actos a través de un Jurado Especial como el que se creara en la República de 1.931, no hacen nada para cambiar esta situación porque son precisamente los políticos, en unión de los poderosos (intocables en la dictadura y en la democracia), los más beneficiados de una Justicia en la cual está ausente cualquier tipo de responsabilidad contra sus miembros, y en la que no es difícil imaginar el provecho que a algunos de ellos puede reportarle las resoluciones judiciales que dicten.
Los justiciables, indefensos y abandonados a su suerte, y perfectos conocedores de esta situación que exponemos, buscan ganar sus juicios por la vía de la adulación al juzgador o por la aún más intolerable de la corrupción, lo que pervierte definitivamente el código de conducta ético exigible, huyendo de los abogados que hacen frente a comportamientos abusivos e indignos de los jueces, y eligiendo a los que mantienen excelentes relaciones con ellos, plenamente convencidos de que de esta forma la sentencia resultará favorable a sus intereses.
Y el resto de la ciudadanía, los medios de comunicación incluidos, o bien siguen aterrados como en el régimen anterior, fieles a las consignas que recibieron: “estate quieto que va a ser peor”, “mejor es que lo dejes”, o se ponen del lado del vencedor (el Sistema), del que obtienen obviamente muchísimo más que si osan enfrentarse al mismo o se desentienden de las injusticias que vienen sufriendo los demás hasta que les toca a ellos, pasando entonces a engrosar la larga lista de damnificados del Poder Judicial, convirtiéndose en víctimas sin esperanzas en un país que mantiene intacto en democracia el espíritu de la dictadura. ¿Hasta cuando?
Este es el endémico mal que padecemos en España y que ha llevado a que la Justicia sea la institución peor valorada de todas, con la frustración permanente de esos Jueces, Fiscales y Abogados (con mayúscula por íntegros e independientes), que ven con absoluto desencanto como su correcta actuación, ajustada a los parámetros de un Estado de Derecho no sirve para nada, mientras son marginados o brutalmente represaliados por negarse a perder su honor y dignidad, en una Justicia que sigue siendo esa tela de araña de la que hablaba el sabio Solon: la que atrapa al débil y de la que sólo el fuerte consigue escapar tras rasgarla fácilmente.
Como decía Quevedo, “en un país donde no existe justicia, es peligroso tener razón”....
(De la página web de Luis Bertelli, Presidente del Patronato de la Fundación Jurei)
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