Sergio Linares. La agente destapada adoptó el nombre de María Perellò Amengual. Desde hace tres años, esta policía (María I.T.) habría utilizado este nombre falso para construir el perfil de una joven proveniente de Mallorca que se había instalado en Girona, donde llegó a matricularse en el grado de Educación Social. Con esta identidad se acercó e introdujo en diversos movimientos populares de la ciudad y el municipio vecino de Salt, así como en el entorno independentista de Girona. En este tiempo ha participado en reuniones y movilizaciones del movimiento por la vivienda y antirracista, y trató de incorporarse al tejido feminista.
La policia habría hecho uso del mismo método que Daniel Hernández Pons - infiltrado en el movimiento okupa de Barcelona - de establecer relaciones afectivo-sexuales con activistas como parte de su tarea de agente encubierta. En este caso habría iniciado una relación Òscar C. Se trata de un conocido activista gironí, miembro de los CDR y que trabajaba como coordinador del proyecto (Re)Voltes impulsado por Omnium Cultural.
Oscar C. es además uno de los 21 encausados por el corte de las vías del tren de alta velocidad en Girona en el primer aniversario del 1 de octubre. Como pareja de él, la infiltrada llegó a participar en reuniones con el equipo jurídico para la preparación de su estrategia de defensa. Una flagrante violación de los derechos procesales de los encausados a cargo de una agente de la Policía Nacional.
El caso publicado hoy por La Directa sería el quinto destapado en apenas un año. Tres de ellos sacados a la luz por las investigaciones realizadas por este medio catalán y la última por El Salto. En junio de 2022, se descubría a Marc Hernández Pon, infiltrado en la izquierda independentista que habría llegado a ocupar puestos de responsabilidad en el Sindicato d’Estudiants dels Països Catalans. En enero de 2023 se conoció el caso de Daniel Hernández Pons, infiltrado en el movimiento okupa del barrio de Sant Andreu de Barcelona. En febrero de este mismo año saltó el de Ramón Martínez Hernández, infiltrado en los movimientos barriales de Valencia. En marzo se conocía el de Mavi L.F., infiltrada en el movimiento ecologista madrileño.
El ministerio del Interior de Grande Marlaska parece haber incorporado este método propio de la dictadura Franquista como una práctica habitual para la persecución y la violación de derechos políticos. Los cinco casos descubiertos forman parte de una misma promoción de la Escuela de la Policía Nacional de Ávila, la de 2019. Su destino como agentes infiltrados se habría decidido por lo tanto bajo el gobierno del PSOE y Unidas Podemos. De hecho, en abril de este año el propio Ejecutivo reconoció que todas estas infiltraciones contaban con la autorización de la Comisaría General de Información.
El legado del gobierno “progresista” en este y otros terrenos no tiene nada que envidiar al de gobiernos de la derecha como el de Rajoy o a prácticas de excepción como las que otros gobiernos del PSOE han aplicado contra la protesta social o movimientos como el independentismo vasco.
Además del recurso a la infiltración policial, el gobierno de PSOE y Unidas Podemos, concluyen su legislatura normalizando otras prácticas como la intervención extrajudicial de comunicaciones como el descubierto con el dispositivo Pegasus - cuya investigación fue bloqueada gracias al apoyo de PP y Vox-, sin derogar la Ley Mordaza, consolidando de las devoluciones en caliente, incluyendo las de menores como en la crisis de Ceuta en 2021 o el que Salvamento Marítimo tenga disposiciones que llevan a dejar morir a ahogados a cientos de migrantes en la ruta canaria.
Viendo este prontuario, que PSOE y Sumar se presenten como el dique contra la extrema derecha en estas elecciones es el colmo del cinismo. Un gobierno de la derecha y la extrema derecha cuenta con un formidable legado del que partir para llevar adelante una gran parte de su programa reaccionario.
El voto al mal menor al 23J no solo no supone ningún dique, sino que implica una relegitimación de estas prácticas y el resto de políticas de derecha aplicadas por el gobierno de “izquierdas”. Para frenar estas violaciones de derechos convertidas en norma, el único camino es impulsar un fuerte movimiento democrático que pelee por medidas de urgencia como la derogación de todas las leyes liberticidas y de extranjería, la amnistía a todos los represaliados, la apertura de todos los archivos policiales y por una investigación independiente que permita el juicio y castigo de todos los responsables.
