Ley mordaza y represión: lo que no cambió con el Gobierno “progresista”

PINOCHO SÁNCHEZ

Clara Mallo.En 2015, el Gobierno de Mariano Rajoy sacó adelante la conocida como “ley mordaza” por suponer un claro instrumento de represiva. El resultado de estos más de 6 años de vigencia son 1.4000.000 multas, de las cuales, la gran mayoría no fueron impuestas en los 3 años que recorrió el Gobierno de Rajoy tras su entrada en vigor, sino que la mayoría han sido impuestas en los dos últimos años, bajo el Gobierno “progresista”. En estos dos últimos años con la pandemia, el estado de alarma y las medidas del confinamiento, la “ley mordaza” ha sido la base para aplicar cientos de miles de multas y sanciones. El Gobierno actual ha puesto más multas apoyándose en esta ley de las que se pusieron bajo el Gobierno del PP en tres años. De las promesas de derogación de la ley se pasó a “la voluntad” de suavizarla y de ahí a reforzarla. Es más, el PSOE lejos de revertir esta ofensiva represiva, la aumentó con una nueva ley de “mordaza digital”, a la que Unidas Podemos no se opusieron. Estas leyes, junto a toda la legislación represiva han sido el sostén legal para la escalada represiva de la que hemos sido testigos en los dos últimos años.

Además el actual Gobierno PSOE-UP no solo ha aplicado más expansivamente estas leyes sino que además lo ha hecho con un claro sesgo discriminatorio. Es lo que ocurrió durante los momentos más duros del Estado de Alarma donde fue notoria la imposición de mulas en los barrios más populares de las ciudades.

Y si todo esto no fuese suficiente, el Gobierno avanzó en más recortes de derechos fundamentales. Esto es algo que ocurrió con el aval por parte del Gobierno y el Ministro Grande Marlaska de la conocida como “patada en la puerta” de las fuerzas represivas para entrar en las viviendas sin permiso judicial. Todo ello con la excusa de la Covid-19 y la existencia de “fiestas ilegales”. Una vuelta de tuerca más contra libertades fundamentales.

El Gobierno “progresista” del PSOE y Unidas Podemos aprovecharon el marco pandémico como excusa para aplicar intensamente estas leyes, reforzar el punitivismo y recortar derechos democráticos esenciales. Un avance del carácter punitivo y represor del Estado que no terminó con el Estado de alarma. Un avance sobre libertades democráticas que el Estado aspira a mantener.

Criminalización de la protesta y violencia policial

En estos dos años además de las multas hemos visto como el Gobierno ha aprovechado la situación para prohibir manifestaciones de grupos, sindicatos y colectivos de izquierda, identificación y detención de activistas de izquierda por ejercer sus derechos, etc., algo que está dirigido a intentar frenar el descontento social.


Esto fue muy evidente cuando se desató una ola de indignación por la entrada a prisión de Pablo Hásel. En ese momento muchas movilizaciones fueron convocadas en varias ciudades con un importante protagonismo de la juventud que veía como sus libertades desaparecían tras conocer cantidad de casos escandalosos en los que raperos, tuiteros, periodistas y actores eran condenados por expresar su rechazo a la menarquía, al Estado burgués o a Dios. Estas movilizaciones fueron brutalmente reprimidas, con identificaciones masivas, cargas policiales y detenciones de decenas de manifestantes. Un clima policial y represivo que está generando un Gobierno que prohíbe movilizaciones y que envía las fuerzas policiales contra una juventud que sale a protestar porque encierren a un rapero por sus tuits y canciones contra el régimen.

Tal fue el clima represión en esos momentos que vivimos como en Madrid en una de las manifestaciones convocadas el 17 de marzo en Madrid actuaba como si se tratara de un Estado policial. Todo un intento por parte del Estado y del Gobierno de amedrentar y criminalizar la protesta.

Muchas de estas protestas terminaron siendo reprimidas. Algo que empieza a ser habitual. A muchos llenó de indignación ver como las concentraciones convocadas contra el asesinato de Samuel, un crimen homófobo, terminaban en represión por parte de la policía hacia los manifestantes.

Mucha policía, poca diversión

Los más jóvenes han estado a la cabeza de las luchas contra la lgtbifobia, contra el avance de la extrema derecha, contra la violencia hacia las mujeres, también, y por ello, han sido los más golpeados por todo el avance represivo del Gobierno. A la criminalización de la protesta se suma además la criminalización de generaciones enteras por intentar divertirse. Gobierno y grandes medios de comunicación son expertos en “tirar balones fuera”. Ante los errores y negligencias en la gestión de la pandemia se trata de buscar siempre un blanco fácil al que culpabilizar y eso lo hemos visto con campañas permanentes contra el ocio juvenil durante toda la pandemia. También ahora que la crisis sanitaria empieza estar controlada se sigue criminalizando a la juventud por tratar de divertirse. De nuevo el Gobierno y los medios de comunicación atacan a la juventud de manera sesgada. Al mismo tiempo que los medios de comunicación anunciaban a bombo y platillo y como una excelente noticia la apertura del ocio nocturno en algunas comunidades como Madrid alegando que esto “iba a ayudar a reflotar el sector económico del turismo y el ocio”, se resaltaban “desordenes” causados en botellones en algunas ciudades del estado señalando estos eventos como algo extremadamente violento y peligroso.

La juventud debe seguir estando a la cabeza en la pelea frente a un Gobierno que trata de apoyarse en toda una legislación represiva para frenar el descontento social.

Comentarios
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psoedemos, no somos de izquier  - SOMOS REPRESORES   |2021-10-16 22:05:47
En la moción de censura que le llevó a La Moncloa en 2018, Pedro Sánchez
calificó de “urgente” la reforma de la ley de
seguridad ciudadana, pero la conocida como ley mordaza QUE HA
CUMPLIDPO SEIS AÑOS sin cambios y siendo más utilizada que nunca,
después de servir en los primeros 75 días del confinamiento para
proponer 1.089.917 multas. Esta cifra supone un incremento del 42%
sobre el total de sanciones de los primeros tres años y medio de la norma.
Alf   |2021-10-16 22:09:28
La polémica 'ley mordaza', la misma que el PP aprobó en solitario en 2015, y
que el PSOE y sus socios se comprometieron a eliminar, sigue en vigor e intacta.
Por el camino deja cientos de miles de sancionados —su aplicación se ha
disparado durante la pandemia—, mientras las Fuerzas de Seguridad del Estado
mantienen un poder inédito sobre los ciudadanos en democracia.
gardiner   |2021-10-16 22:11:59
Durante estos seis años, organismos internacionales, asociaciones de defensa de
derechos civiles y ciudadanos de todo tipo han señalado insistentemente a las
'leyes mordaza' (y las interpretaciones extensivas de los delitos de odio,
contra la corona o contra los sentimientos religiosos) como ejemplos claros de
normativa represora y desproporcionada.Y ahí sigue.
psoedemos tan fachas copmo ppV   |2021-10-16 22:14:07
Amnistía Internacional denunció la arbitrariedad policial durante el Estado de
Alarma confirma la necesidad de reformar la Ley Mordaza publicando el informe
“Violaciones de derechos humanos durante el Estado de Alarma” donde
documentó 61 casos de personas que han sufrido violaciones y abusos contra los
derechos humanos durante el Estado de Alarma en cinco diferentes situaciones:
Personas en situación de pobreza, arbitrariedad policial, obstaculización del
trabajo periodístico, uso desproporcionado de la fuerza por parte de la
policía con tintes racistas y registros de domicilios sin orden judicial.
psoedemos tan fachas copmo ppV   |2021-10-16 22:14:39
La organización también documentó en su informe "España: activistas
sociales y el derecho a la información, en el punto de mira", testimonios
sobre identificaciones masivas de manifestantes y sobre acusaciones policiales a
periodistas que solo querían hacer su trabajo. Para Amnistía Internacional la
Ley Mordaza no respeta los estándares internacionales de derechos humanos y
daña las libertades de expresión, información, reunión pacífica y
asociación.

En este análisis, la organización concluye que esta ley se está
utilizando contra el activismo social y, específicamente, contra activistas que
defienden el derecho a la vivienda, obstaculizando su derecho a expresar sus
reivindicaciones de manera pacífica. Además, las limitaciones a la
distribución de imágenes de autoridades o miembros de las fuerzas de seguridad
que recoge la LOSC están impidiendo el ejercicio del derecho a la información.
logicus   |2021-10-16 22:16:37
En estos casi seis años, la Ley Mordaza se ha utilizado reiteradamente contra
movimientos sociales o plataformas ciudadanas, que han sido objeto de numerosas
sanciones lo que ha acabado por desmovilizar a buena parte de ellas. La Ley
Mordaza también se ha aplicado contra periodistas con actuaciones policiales
que han obstaculizado su labor cuando querían documentar abusos policiales.
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