El reino episcopal de España

Arturo del Villar

LA Casa Real informa detenidamente sobre la conversación telefónica mantenida este 10 de junio de 2020 por su majestad el rey Felipe VI con el cardenal Juan José Omella, arzobispo de Barcelona y presidente de la Con-ferencia Episcopal Española, quien le explicó detalladamente las activida-des de la Iglesia catolicorromana en el reino.

Porque pese a que el punto 5 del artículo 16 de la vigente Constitución borbónica asegura que “Ninguna confesión tendrá carácter estatal”, dado que también resulta que los monar-cas españoles gozan del título de reyes católicos desde el año 1496, por concesión  del repugnante papa Alejandro VI a Isabel y Fernando y sus su-cesores, nuestro señor Felipe VI, que Dios guarde, es de hecho el jefe de los cardenales, arzobispos, obispos, abades mitrados y demás, con especial mando sobre el arzobispo castrense. De derecho, la CEE está definida co-mo una institución colegial de obispos españoles bajo la autoridad del papa, pero Paco tiene muchos enemigos internos en la jerarquía nazional, casi tantos como en la internacional.

Omella presentó un balance de la Iglesia catolicorromana en el reino du-rante el año 2018, gracias al cual sabemos que cuenta con 70 diócesis, 22.997 parroquias atendidas por 17.337 sacerdotes, 409 institutos religiosos con 38.688 profesos, 783 monasterios habitados por 9.151 monjes y mon-jas, 2.886 escuelas católicas, 429 centros de educación especial, y 15 uni-versidades propias. No se tienen en cuenta las catedrales con sus tesoros en oro y alhajas de sus imágenes, que al parecer no están valoradas, pero sin duda podrían resolver definitivamente la pobreza en el reino. Todo esto se halla al servicio de la propaganda catolicorromana.

Resaltó Omella la importancia de la labor asistencial llevada a cabo por la tropa eclesiástica a sus órdenes, en las tareas de mantenimiento de comedo-res sociales, centros asistenciales socio-sanitarios en los que atiende a per-sonas sin hogar, acogida de emigrantes, búsqueda de trabajo para quienes no lo tienen, ayuda a mujeres maltratadas, atención a drogadictos y socorro a los pobres. El rey nuestro señor le felicitó por realizar esa tarea asistencial tan importante, sin pedir perdón por reinar sobre un país que abandona to-talmente a los vasallos necesitados de ayuda.

CÚMPLASE LA CONSTITUCIÓN

Porque todas esas acciones de las que presume Omella tiene obligación de realizarlas el reino de España, según dispone la Constitución borbónica de 1978 vigente. Así, la enseñanza no puede dejarse a cargo de una institu-ción como la Iglesia catolicorromana, dedicada a procurar la extensión de sus absurdos dogmas, cuando el primer punto del artículo 27 ordena: “To-dos tienen el derecho a la educación”, y el punto 5 añade: “Los poderes pú-blicos garantizan el derecho de todos a la educación, mediante una progra-mación general de la enseñanza, con participación efectiva de todos los sectores afectados y la creación de centros docentes.”

No se debe permitir que una institución fundamentalista ultraconservado-ra y defensora a ultranza del nazifascismo, como bien lo demostró en la guerra y la posguerra españolas, pervierta las mentes infantiles con sus mentiras. A lo que se añade la urgencia de impedir que estos pederastas in-contenibles sacien sus perversos instintos sexuales en los niños y adoles-centes, entregados a su custodia por unos gobernantes insensibles y cóm-plices. El reino tiene la obligación de contar con centros de enseñanza para todos los menores, bien dotados y con un profesorado cualificado y remu-nerado conforme a su importante trabajo.

Respecto a esas otras alegaciones de Omella en la atención a mujeres maltratadas, drogadictos, emigrantes, buscadores de trabajo y demás cola-boraciones asistenciales, el primer punto del artículo 39 encarga al Estado su puesta en práctica, de manera que hace dejación de sus obligaciones al abandonarlas en la Iglesia catolicorromana: “Los poderes públicos asegu-ran la protección social, económica y jurídica de la familia”, ordena, y se legisla también en el primer punto del artículo 40: “Los poderes públicos promoverán las condiciones favorables para el progreso social  y económi-co y para una distribución de la renta regional y personal más equitativa, en el marco de una política de estabilidad económica.” En consecuencia, si el Gobierno es incapaz de ejecutar las disposiciones constitucionales, como lo demuestra cada día, el monarca debe denunciar públicamente su insuficien-cia, deponerlo y convocar nuevas elecciones, ejecutando las atribuciones que le confiere el artículo 62.

Asimismo no puede nunca permitirse a la Iglesia catolicorromana que acoja en sus centros a personas sin hogar, porque el artículo 47 dice: “To-dos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y ade-cuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y esta-blecerán las normas pertinentes, para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación.” Es uno de los artículos más incumplidos de la Constitución, como corrobora cualquier vasallo de su majestad que anda por la calle y contempla a los mendigos sentados en las esquinas o tumba-dos en los bancos del paseo, y también observa en las afueras de las ciuda-des las chabolas habitadas malsanamente por familias carentes no sólo de hogar, sino de todo lo imprescindible para vivir con decoro. Y en cuanto a impedir la especulación del suelo, resulta hilarante que nos lo quieran hacer creer.

Si el rey es incapaz de intentar siquiera hasta ahora, ejecutar lo dispuesto en la Constitución que juró cumplir y hacer cumplir, está obligado a abdi-car y marcharse adonde no se conozca su inutilidad política.

ARTURO DEL VILLAR
PRESIDENTE DEL COLECTIVO REPUBLICANO TERCER MILENIO

Comentarios
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pereda   |2020-06-12 12:33:56
y la divorciada y abortista leti ¿no está excomulgada?
Barto   |2020-06-12 12:35:18
están adorando a una religión que el 70% de los españoles no practican
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