La Sala aragonesa cuestiona el estado de alarma y las prohibiciones derivadas del mismo

JR CHAVES.ABOGADO

Si bien ya abordamos el recientísimo Auto del Tribunal Constitucional de 30 de abril de 2020 que confirma la sentencia de la Sala gallega que avala la denegación de la autorización para manifestarse los trabajadores el día 1 de mayo, me apresuro a elevar para conocimiento y debate, que existen otras Salas territoriales que se han alineado con la Sala gallega y con lo que ahora confirma el Tribunal Constitucional.Pero también para dar cuenta de de la también caliente sentencia de la Sala contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón de 30 de abril de 2020 (rec. 112/220), que enfrentó similar cuestión, y se aparta del criterio mayoritario.

En la misma, se acomete un fino análisis de la cuestión adentrándose en una visión rigurosa de la motivación cuando está en juego un derecho fundamental y acompañada de un voto particular que justifica las razones para plantear una cuestión de inconstitucionalidad.

Dicha sentencia, tras un amplio análisis jurídico sobre la configuración jurídica del estado de alarma y los derechos fundamentales en juego, centra el problema adentrándose al examen, hic et nunc, de la prueba del peso de los intereses encontrados para determinar si se satisface el test de motivación y proporcionalidad de la medida que limita el ejercicio de un derecho:

Lo que debe explicar la Administración al prohibir la manifestación en cuestión, más allá de invocar de manera genérica la necesidad de combatir la pandemia, es en qué medida, en el caso concreto, limitada la participación a sesenta personas y todos ellos en vehículos individuales, puede suponer un riesgo objetivo y cierto de contagio y propagación de la enfermedad y esto es lo que no hace.

Y concluye señalando que la Administración sostiene su decisión en dos valoraciones genéricas que son dos conjeturas –que se producirán contagios, y que habrá problemas de orden público–, y expone su convicción:

(…) Es decir, ni se ha justificado una afirmación tan categórica, según la cual de nada servirían los elementos de protección, ni, ante una afirmación tan rotunda, se ha propuesto una alternativa. (…) En cuanto a la afirmación de que podría haber problemas de orden público por parte del resto de los ciudadanos, confinados, es una mera conjetura. De hecho, ante un confinamiento masivo de cuarenta y cinco millones de personas, el comportamiento ciudadano global ha sido ejemplar, con únicamente incidencias aisladas. En cualquier caso, precisamente para garantizar el libre y seguro ejercicio de los derechos fundamentales del ciudadano están los Poderes Públicos, en general, y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en particular.

Por tanto, y como decíamos más arriba, en el caso concreto la Administración se ha limitado a prohibir, sin hacer propuesta alguna de modificación o de imposición de condiciones y sin motivar con base en argumentos contrastados la inadecuación de la propuesta realizada, más allá de formular dos conjeturas ayunas de sostén probatorio y de contraste con la concreta solicitud realizada.

En consecuencia estima el recurso de la entidad sindical.

Curiosamente cuenta con un voto particular que sustancialmente considera, y razona con destreza, la necesidad de plantear la cuestión de inconstitucionalidad del art. 7.1 del R.D. 463/2020 puesto que no podría amparar la limitación de derechos fundamentales de reunión y manifestación.

Creo que con esta sentencia y voto particular incorporado a la misma, se demuestran cuatro cosas.

La primera, que no todo está dicho y cerrado sobre el Estado de alarma, validez e implicaciones.

La segunda, que nuestro sistema judicial goza de buena salud en cuanto a independencia de criterio, por mucho que voces perversas intenten tambalearla.

La tercera, que el escenario de incertidumbre es colosal, en una materia jurídicamente sensible donde hay derechos fundamentales y donde sobrevuela el decreto del estado de alarma.

Y cuarta, pueden pronosticarse muchísimos más litigios, bajo otras perspectivas y derechos, según se adopten los criterios de apoyo de unos y otros. Particularmente, el estupendo voto particular de la Sala aragonesa facilita enormemente la labor de planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad del decreto del estado de alarma, que antes o después, lidiará el Tribunal Constitucional, y posiblemente acabará en el Tribunal Europeo de Derechos humanos.

Comentarios
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Anónimo   |2020-05-02 14:12:47
Esta sentencia es más fundamentada en Derecho que la propia del TC.
Víctor   |2020-05-02 14:13:46
La limitación a los derechos fundamentales de los ciudadanos españoles se
está extendiendo demasiado, el plan de desescalada, podría instrumentarse
mediante el Real Decreto-Ley, y levantar el estado de alarma por el bien de
todos.
lady godiva   |2020-05-02 14:16:23
De la misma forma que respondió el Presidente del Gobierno, Dr. Sánchez,
cuando le preguntaron de quién dependía la Fiscalía General del Estado*, si
le preguntasen de quién depende el Tribunal Constitucional, respondería que a
sus miembros los nombran ellos mismos. O sea que tranquilos. Como mucho solo
cabrá esperar un voto particular de algún miembro del TC. No es el
Verfassungsgericht alemán.

La opinión de las televisiones y medios de masas
en España es cada vez más unánime, como en el País Vasco o Cataluña. Fijan
la opinión pública predominante y es muy difícil para un tribunal tomar un
decisión contraria a lo que haya ya dictaminado y repetido la «opinión
pública». Aunque excepciones, haberlas, haylas.
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