La dictadura se disfrazó hace 75 años

Arturodel Villar

NO fue un disfraz de carnaval porque estuvo prohibida su celebración durante la dictadura fascista: el carnaval libera los instintos colectivos, cosa que resulta intolerable para una dictadura contraria por principio a cual-quier asomo de libertad. Una orden circular del 3 de febrero de 1937 dispu-so que “el Gobierno General ha resuelto suspender en absoluto la fiesta de Carnaval”, lo que podía entenderse debido a estar la nación en guerra, pero ya consumada la derrota del pueblo, el 13 de enero de 1940 el Boletín Ofi-cial del Estado insertó una orden del Ministerio de la Gobernación, firmada el día anterior por el cuñadísimo Serrano Suñer, “resolviendo mantener la prohibición absoluta de la celebración de las fiestas del Carnaval”. Hasta la muerte del dictadorísimo se mantuvo la prohibición oficial, atemperada por el ingenio de los españoles para compensarla mediante la celebración de “fiestas típicas”, desde luego sin mentar el carnaval.

Pero lo cierto es que por una casualidad histórica el 24 de febrero de 1945, doce días después del martes de carnaval no celebrado, el dictadorí-simo adoptó un disfraz aparentemente democrático. Ya para entonces se daba por seguro que la guerra internacional estaba claramente decidida, con el triunfo de las democracias sobre los países totalitarios del Eje, y todos los españoles, tanto los encarcelados en la inmensa prisión nazional como los libres peregrinos por el mundo, estaban convencidos de que ese aconte-cimiento trascendental influiría en la situación de España. Era lógico supo-ner que la derrota de las potencias nazifascistas implicaría el fin de la dic-tadura fascista implantada en España por su intervención durante nuestra propia guerra. Pero en política no siempre se impone la lógica, debido a los intereses colaterales.  

UNAS SENTENCIAS ARBITRARIAS

Con la intención de preservar su régimen genocida, una intención muy bien organizada que le dio buen resultado, el dictadorísimo fascista fue des-prendiéndose de la simbología nazifascista aparencial, y modificando su legislación totalitaria. Por ello el 24 de febrero de 1945 firmó una orden circular de Presidencia del Gobierno, es decir, de él  mismo, por la que se disolvían las comisiones provinciales de Examen de Penas creadas por or-den de 25 de enero de 1940. Fue un intento de hacer olvidar a las democra-cias que aquí hubo una guerra provocada por la sublevación de los militares monárquicos contra el orden constitucional republicano, auxiliados con tropas y armamento por los países nazifascistas de Alemania, Italia y Por-tugal, más la colaboración en dinero y oraciones del supuesto Estado Vati-cano, que también fue beligerante a su manera solapada.

En las ciudades dominadas por los rebeldes, ya mientras se resolvía la lucha armada y después de su victoria, tribunales arbitrarios de injusticia impusieron penas atroces, principalmente de muerte, a los vencidos que permanecieron fieles a la legitimidad republicana. Se les acusaba nada me-nos que de “auxilio a la rebelión”, suprema desvergüenza utilizada por los únicos rebeldes, los facciosos sublevados el 17 de julio de 1936, lo que ori-ginó la guerra con un millón de muertos, medio millón de exiliados, y los supervivientes presos en la enorme cárcel nazional dominada por la dicta-dura. La Ley de Responsabilidades Políticas de 9 de febrero de 1939 es te-rrible, y sirvió para acusar a todos cuantos no se habían adherido a la rebe-lión precisamente de “auxilio a la rebelión”, un sarcasmo criminal.
Una orden de Presidencia del Gobierno, de 25 de enero de 1940, publica-da al día siguiente en el Boletín Oficial del Estado, páginas 662 a 665, dis-ponía la constitución “en cada capital de provincia de una comisión que se denominará de ‘Examen de Penas’ que estará encargada de examinar, de oficio, los fallos dictados por los Tribunales Militares en los sumarios que se hallen archivados en la provincia respectiva”.

REVISIÓN DE CONDENAS YA IMPUESTAS

En teoría se trataba de revisar las condenas impuestas por unos improvi-sados tribunales militares desde el día de la rebelión hasta esa fecha. Los mismos rebeldes victoriosos eran conscientes de las iniquidades cometidas en aquellos cuatro años por tribunales militares que dictaminaban en conse-jos de guerra sumarísimos, sin ninguna garantía para los procesados, a los que se les improvisaban unos defensores militares desinteresados de los ca-sos. En la práctica las comisiones de Examen de Penas no sirvieron para nada, pese a la rimbombancia de lo expuesto en el preámbulo de la orden:

Es propósito fundamental del nuevo Estado liquidar las responsabilidades contraídas con ocasión de la criminal traición que contra la Patria realizó el marxismo al oponerse al Alzamiento del Ejército y la Causa Nacional.

Con el cinismo habitual en los nazifascistas, inherente a esa ideología, los traidores a la nación, al Ejército y a la palabra empeñada escribían la histo-ria a su manera, para acusar al marxismo de cometer una “criminal trai-ción” al oponerse a su rebelión. Además de falso era absurdo. El marxismo contaba con pocos seguidores en 1936 en España, como lo demuestra el dato incuestionable de que en las últimas elecciones libres celebradas hasta ahora en el país, las del 16 de febrero de 1936, el Partido Comunista sola-mente obtuviera 17 escaños de un total de 473, gracias al minúsculo 3,5 por ciento de votos conseguidos. La disculpa esgrimida por los militares mo-nárquicos para intentar justificar su rebelión, sobre un hipotético peligro de que España se volviera comunista, era completamente disparatada. Pero las obsesiones de los nazifascistas son siempre el comunismo, la masonería y el judaísmo, a los que atacan sistemáticamente, de una manera genocida durante la guerra provocada por ellos en 1939.
No fue el marxismo el que se enfrentó a los militares monárquicos suble-vados, sino el pueblo español deseoso de conservar sus libertades, frente a la traición de quienes estaban comprometidos a defenderlas. El 3,5 por ciento de marxistas españoles no hubiera podido oponerse a los rebeldes ni un solo día. Si el conflicto armado se mantuvo durante dos años y ocho me-ses y medio fue debido a que la inmensa mayoría del pueblo español, diri-gido por los militares leales al Gobierno constitucional republicano, se opu-so heroicamente a los sublevados. Todo lo contrario de lo escrito por ellos.

LA JUSTICIA MILITAR

De hecho las comisiones provinciales de Examen de Penas resultaron in-útiles por ineficaces, un disfraz de la dictadura para intentar una apariencia democrática. Estaban formadas por un jefe del Ejército, un funcionario ju-rídico militar y un funcionario judicial, todos ellos partidarios del régimen instaurado tras la victoria en 1939. Según lo dispuesto en la orden circular, debían limitarse al estudio de los hechos declarados probados en los resul-tandos de las sentencias exclusivamente.
Lo más hiriente es el anexo clasificatorio en seis grupos según las penas impuestas por los tribunales militares, con relación de las excepciones a tener en cuenta con arreglo al artículo 238 del Código de Justicia Militar.
Estaba vigente el Código de Justicia Militar promulgado por real orden del 27 de setiembre de 1890, firmada por la regente María Cristina de Habsburgo en nombre de su hijo Alfonso XIII por ser menor de edad. Se restableció su vigencia por una ley del 23 de junio de 1940, y la mantuvo  hasta que la ley de 17 de julio de 1945 lo derogó y sustituyó por otro. El artículo 238 dispone:

Los reos de rebelión militar serán castigados:
1.º  Con la pena de muerte el Jefe de la rebelión y el de mayor empleo mili-tar, o más antiguo, si hubiere varios del mismo que se pongan a la cabeza de la fuerza rebelde de cada cuerpo y de la de cada compañía, escuadrón, batería, fracción o grupo de estas unidades.
2.º Con la de reclusión perpetua a muerte los demás no comprendidos en el caso anterior; los que se adhirieran a la rebelión en cualquier forma que la eje-cuten y los que valiéndose del servicio oficial que desempeñen, propalen noti-cias o ejecuten actos que puedan contribuir a favorecerla.     

Conforme a este texto, los militares monárquicos que se rebelaron el 17 de julio de 1936 y en días inmediatos debían ser fusilados. Pero al haber triunfado la rebelión, ellos acusaban a los militares y a los civiles que per-manecieron fieles a la legalidad constitucional de ser ellos los rebeldes, su-prema desfachatez impúdica que continúa repitiéndose.
Las excepciones registradas en los seis grupos de hecho mantenían las penas impuestas. Desde luego, no se aceptaba conmutar la pena de muerte, que ya se había ejecutado porque en los juicios sumarísimos se aplicaba de inmediato, de manera que hubiera resultado un sarcasmo; pero tampoco se contemplaba en ningún caso poner en libertad a los condenados, que en el más favorable de los supuestos debería cumplir seis meses y un día de re-clusión. Además las penas de reclusión impuestas tenían tantas excepciones que raramente se podrían conmutar por las inferiores. Por eso resultaría ocioso enumerarlas. 

DOS ÓRDENES COMO DISFRACES

De modo que esta orden circular del 25 de enero de 1940 fue un disfraz empleado por el dictadorísimo para presentar su régimen genocida, que tan-tas penas de muerte estaba aplicando, como un sistema benéfico preocupa-do por las condiciones en que se hallaban los presos condenados ilegal e ilegítimamente por unos tribunales facciosos. Y la posterior orden circular de 24 de febrero de 1945 resultó inoperante.
Hasta que el 9 de octubre de este mismo año el dictadorísimo decretó el indulto para los delitos políticos o como consecuencia de la guerra, no apli-cable a los militantes del Partido Comunista de España ni a los condenados por delitos con resultado de muerte, violaciones o profanaciones.
No se lo escribió el brazo incorrupto de santa Teresa al dictadorísimo, ni se había dulcificado su carácter autoritario implacable. El motivo del indul-to se debía a que las cárceles edificadas como tales, y los lugares incauta-dos para servir de cárceles improvisadas, se hallaban saturados de presos políticos republicanos, lo que conllevaba un enorme gasto económico im-puesto por su custodia y mantenimiento.
El régimen fascista precisaba disminuir los gastos para sostener la eco-nomía de guerra todavía vigente. Y además presumía ante las naciones de generosidad democratizadora, después de que la Conferencia de San Fran-cisco, preparatoria de la constitución de la Organización de las Naciones Unidas, hubiera rechazado a la España vencida el 19 de junio anterior, así como del acuerdo tomado en la conferencia celebrada en Potsdam el 2 de agosto siguiente, por los representantes de las tres naciones dirigentes de la victoria sobre el nazifascismo, Josif Stalin por la Unión Soviética, Harry S. Truman por los Estados Unidos de Norteamérica, y Clement Attlee por el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte
Esas resoluciones duraron poco tiempo. La llamada guerra fría impuso una revisión de los planes precedentes. La dictadura fascista siguió apli-cando su política genocida contra el pueblo español ferozmente, y el dicta-dorísimo se cuidó de garantizar su continuidad después de su muerte, de-signando a un sucesor a título de rey que juró lealtad a su persona y fidelidad a sus leyes ilegales, para cumplirlas y hacerlas cumplir a sus vasa-llos sin opinión propia.    

ARTURO DEL VILLAR
PRESIDENTE DEL COLECTIVO REPUBLICANO TERCER MILENIO

Comentarios
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sartre   |2020-02-28 13:24:04
España fue un pais de tercera categoría a partir de 1945, los demócratas
despreciaban a un pais con el fascismo en el poder, y el criminal de Franco
recluido en el país, era duro y represor con los de dentro y débil y cobarde
con los de fuera, a los españoles se les consideraba ciudadanos equiparables a
los marroquíes poco más o menos, se nos despreciaba.
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