Arturo del Villar
Octubre, a las 19 horas, se presentará en la Biblioteca Eugenio Trías, antigua Casa de Fieras del parque madrileño del Retiro, la reedición hecha por Cisma Editorial de En la calle y en la cárcel. Jornadas revolucionarias, una crónica de la huelga general vivida en agosto de 1917, narrada por uno de sus testigos más directos, Marcelino Domingo. El título advierte que cuenta lo que vio estando en la calle y lo que supo desde su prisión en un barco de la Armada anclado en el puerto de Barcelona, encarcelado por orden del capitán general de Cataluña. La llamada por los historiadores huelga general revolucionaria de agosto de 1917, organizada por el Partido Socialista Obrero y su central sindical la Unión General de Trabajadores, se debió principalmente al descontento popular causado por la elevación de los precios en los productos básicos.
El motivo fue el incremento de las exportaciones a los países implicados en la guerra mundial, que originó un desabastecimiento interior, con repercusión en el alza de los precios. Pero esta situación del mercado no se vio compensada por una subida en los salarios de los trabajadores, ni en los precios pagados a los agricultores. Se beneficiaron los siete grandes bancos y la burguesía industrial. La consecuencia fue un malestar social continuado.
El desagrado popular se vehiculó en una sucesión de huelgas laborales que el Gobierno era incapaz de controlar. El 26 de febrero de 1917 fueron suspendidas las sesiones de las Cortes por real orden.
QUEJAS MILITARES Y CIVILES
También los militares estaban molestos con la política de ascensos, auspiciada por la impopular guerra en Marruecos. El 1 de junio de 1917 se publicó el Manifiesto de las Juntas Militares de Defensa, que hizo caer al Gobierno de Manuel García Prieto, marqués de Alhucemas. Le sustituyó Eduardo Dato, quien el día 12 aprobó el reglamento de las Juntas.
Según el noveno punto del artículo 54 de la Constitución de 1876 vigente entonces, al rey le correspondía “Nombrar y separar libremente a los Ministros”, lo mismo que a su presidente. Fue lo único que se le ocurrió hacer a Alfonso XIII ante la encrespada situación política, militar, social y laboral que iba jalonando el año 1917. No escuchaba el clamor callejero.
El 5 de julio se reunió en el Ayuntamiento de Barcelona una Asamblea de parlamentarios catalanes, que acordó exigir al Gobierno la convocatoria de Cortes con carácter de Constituyentes, y volver a reunirse el día 19 para examinar la evolución de los acontecimientos. No pudo hacerlo por haberla prohibido el gobernador civil de Barcelona.
Ante el encadenamiento de huelgas en varias provincias de diversos sectores laborales, el 26 de junio el rey suspendió las garantías constitucionales, aunque realmente antes tampoco se cumplían, porque la Policía dominaba el mantenimiento del orden público a su manera. No se restablecieron hasta el 19 de octubre.
Un desencadenante de la explosión social tuvo lugar el 19 de julio, al estallar una huelga de ferroviarios en Valencia, que adquirió amplitud nacional el 10 de agosto e involucró también a los tranviarios.
LA HUELGA GENERAL REVOLUCIONARIA
El lunes 13 de agosto de 1917 comenzó la huelga general revolucionaria en toda la península. El Gobierno respondió declarando el estado de guerra, que no se levantaría hasta el 5 de octubre. Los gobernadores militares publicaron bandos en los que advertían a los civiles sobre las consecuencias de alterar el orden público: serían juzgados conforme al Código de Justicia militar en consejos de guerra sumarísimos, y las sentencias aplicadas inmediatamente, lo que de hecho significaba el fusilamiento del condenado. Quedó implantada la censura de Prensa para todas las publicaciones.
Se llamó a filas a los tres últimos reemplazos, de manera que el Ejército estuvo preparado para intervenir en todo momento contra los considerados alteradores del orden. Se constató entonces que, a pesar de la insatisfacción manifestada por las Juntas de Defensa, a la hora de enfrentarse a los huelguistas los militares actuaron con una contundencia y una ferocidad sumas, puestas al servicio del Gobierno que, en su opinión, los maltrataba. Ellos fueron los maltratadores de los civiles, aunque no se conoce el número de muertos y heridos causados por sus intervenciones, debido a que la censura de Prensa dificultaba la publicación de las noticias.
Quedaron clausurados los centros sindicales, radicales y anarquistas. El Comité de Huelga fue detenido, juzgado y condenado a prisión.
UNA DETENCIÓN ILEGAL
Y tambien fue detenido Marcelino Domingo el 16 de agosto, en una casa de Barcelona en la que se alojaba tranquilamente, por orden del capitán general de Cataluña. Fue una detención ilegal, puesto que al ser diputado por Tortosa gozaba de inmunidad parlamentaria y no se le podía detener sin autorización del Congreso, excepto en el supuesto de ser cogido en flagrante delito, según el artículo 47 de la Constitución de 1876. De nada sirvieron sus protestas, ni las del Congreso, ni las de renombrados políticos: el reino había quedado militarizado, no disponía de otra Justicia que la castrense.
El Ejército se vengaba así del autor de una continuada serie de artículos periodísticos, publicada por Domingo, para denunciar las irregularidades cometidas en Marruecos. Su artículo titulado simplemente “Soldados”, inserto el 20 de junio en la primera plana del diario La Lucha, dirigido por él mismo en Barcelona, hizo agotar la edición, se imprimió en hojas volantes en un número incalculable de copias, y se distribuyó en los cuarteles pese a estar prohibido por la superioridad. Al hallarse España en estado de guerra y con las garantías constitucionales suspendidas, la única autoridad válida era la militar. Y los militares tenían muchas cuentas pendientes con Marcelino Domingo por saldar. Había llegado el momento de hacerlo.
Su libro En la calle y en la cárcel. Jornadas revolucionarias informa cumplidamente acerca de la huelga general, de sus causas y consecuencias. Demuestra que la monarquía de Alfonso XIII despreciaba a los vasallos, los privaba de cualquier derecho, permitía que se les detuviera arbitrariamente, no respetaba la inmunidad parlamentaria, cerraba las Cortes, suspendía la Constitución, sostenía una guerra imposible en Marruecos porque el rey era accionista de empresas con negocios en la colonia, y en fin, la corrupción mandaba en el reino con poder absoluto.
Mientras tanto Alfonso XIII practicaba deportes, estupraba doncellas y hacía crecer sus ahorros bien situados en Bancos extranjeros, sin querer escuchar lo que acontecía en su reino. Pero el rey que se hace el sordo corre el riesgo de ser sorprendido por el estruendo revolucionario, cuando ha subido tanto de tono que es un clamor incesante. Fue lo que le sucedió el 14 de abril de 1931, de manera pacifica, sin revolución. El pueblo grita, y el rey sordo tiene que irse. Los borbones nunca se enteran de nada.
ARTURO DEL VILLAR
PRESIDENTE DEL COLECTIVO REPUBLICANO TERCER MILENIO
| Comentarios |
|
