LO PÚBLICO

Agustín Vega Cortés

Las Administraciones Públicas, gastaran este año, 500.000 millones de euros. 10.300 por habitante y 25.000  por persona ocupada, aproximadamente. El gasto público total equivale casi al conjunto de la masa salarial de todos los empleados españoles. Con un Estado que gasta el 42% del PIB,  y con más de 3 millones de empleados,  los ciudadanos tienen que plantearse, no ya  los servicios que recibe sino, cómo son esos servicios y su relación con el coste que suponen. Esa relación es   absolutamente deficitaria en su calidad. Nuestra  condición de ciudadanos queda totalmente abolida  frente a cualquier organismo público ante el que no somos más  que vasallos subordinados,  de entrada, carentes de toda razón. La verdad siempre es oficial y, como tal,  propiedad del funcionario. Solo otro funcionario puede contradecirle.

Si enfermamos y acudimos a la sanidad pública, tendremos que esperar entre 6 y 18 meses para que nos pueda atender un especialista durante 5 o 10 minutos, que es el tiempo que tardará   en escribir en su ordenador los formularios necesarios para que nos hagan unas pruebas  al cabo de tres o cuatro meses. Nadie que se sienta mal de verdad espera un año a que le digan lo que le pasa. Por eso acudimos a las consultas privadas de los mismos médicos que tienen que resolver las listas de espera que son sus carteras de clientes.  Por 100 euros te atienden al día siguiente de llamarles. Se levantan de su silla cuando entras en la consulta y hasta te dan la mano. Te llaman por tu nombre y te escuchan. Entonces te sientes un ciudadano, le das las gracias mil veces, y te preguntas si de verdad es la misma persona que te atendió en la Seguridad Social.

La enseñanza en España es una de las más deficientes del mundo desarrollado. Cada vez que se habla de las soluciones se termina  reduciendo las horas lectivas, o el número de alumnos por aula. Parece que los docentes  persiguieran una enseñanza sin alumnos  y sin escuelas, en la que los días de asuntos propios fueran innecesarios. La mayoría de ellos dicen no estar incentivados, pero ¿cómo se incentiva alguien que tenga vocación de enseñar a los demás? ¿No es el alumno el que debe ser seducido y fascinado, por la pasión que el enseñante pone en la trasmisión de sus conocimientos?  ¿Pero existe esa pasión en el profesorado que actualmente tenemos?

Un procedimiento judicial en España puede tardar 10 años o más en resolverse. El 80% de ese tiempo se debe a demoras burocráticas y administrativas causadas por la desidia, el absentismo laboral abusivo y descontrolado de los funcionarios, y a su falta absoluta de empatía con  los usuarios. Ante este sistema judicial,   una persona normal y corriente, que no tenga dinero o influencias, no es nada,  o menos que nada. Solo le queda el silencio y la resignación. 

¿De verdad la calidad de la democracia depende de los gobiernos que elegimos?

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