Ante las informaciones referidas a mi situación laboran aparecidas en diversos medios de comunicación en los últimos días quiero hacer público lo siguiente:1.- NUNCA, en mi relación laboral con la Administración General de Estado, he recibido trato de favor alguno ni de la Delegada del Gobierno en Extremadura, ni de nadie.
2.- Mi puesto de trabajo es: Titulado Superior de Gestión y Servicios Comunes, nº
4930728, dependiente del Ministerio de Administraciones Públicas con destino en la
Delegación del Gobierno en Extremadura; un puesto laboral recogido en la Relación de
Puestos de Trabajo del Ministerio; por lo tanto NI ES, NI HA SIDO NUNCA, UN
PUESTO DE CARÁCTER EVENTUAL O DE CONFIANZA y siempre ha estado
sujeto a la legislación laboral vigente.
3.- Accedí a mi puesto de trabajo el día 11 de noviembre de 1990. El 17 de noviembre
de 1996 solicito una excedencia al ser nombrado asesor del Consejero de Educación;
excedencia concedida por la Subdirección General de Personal del Ministerio del
Interior (del que dependía en aquel momento mi plaza) el 24 de octubre de 1996.
4.- El 31 de julio de 2007, tras publicarse mi cese como Director General de
Comunicación de la Junta de Extremadura, solicito mediante escrito a la Subdirección
General de Personal Laboral del Ministerio de Administraciones Públicas el reingreso a
mi puesto de trabajo; solicitud que es concedida por el Ministerio de Administraciones
Públicas mediante escrito de 28 de agosto de 2007 estableciendo la reincorporación a mi
puesto con fecha 1 de septiembre de 2007.
5.- Desde el 16 de octubre de 1996, fecha en la que se reconoce mi situación de
excedencia, hasta el 28 de agosto de 2007, cuando se me notifica la aprobación de mi
reincorporación a mi puesto de trabajo, NO HE REBIDO INFORMACIÓN ALGUNA
NI NOTIFICACIÓN de la Delegación del Gobierno ni de la Administración General
del Estado de que mi situación laboral se haya visto modificada o rescindida. Es más,
anualmente el Ministerio de Administraciones Públicas hace público el documento con
la Relación de Puestos de Trabajo (RPT); en dicho documento figura anualmente que el
titular de la plaza señalada en el punto 1º de este comunicado es ANTONIO MARÍA
BLÁZQUEZ CABRERA, con la anotación “Reserva por cargo público”. Si la señora
Correa conocía, como parece ser, que yo había perdido el derecho a mi excedencia, por
qué no lo denunció tanto ante la Delegación del Gobierno, como ante la Administración
General del Estado, en todo ese tiempo.
6.- Las circunstancias recogidas en algunos medios de comunicación y referidas a la
sentencia de la demanda por despido improcedente presentada por doña Gema Correa se
producen entre el 1999 y 2000, fechas en las que el Delegado del Gobierno era don
Oscar Baselga Laucirica; por lo tanto, en el caso de que en esas fechas se hubiera
producido alguna situación que afectara a mi situación laboral y que la misma no se
hubiera resuelto acorde a derecho es responsabilidad única y exclusiva de los
responsables de la administración en esas fechas.
7.- EMPLAZO al Partido Popular, ya que tan interesado está en el tema, a que le solicite
a Oscar Baselga las explicaciones concretas sobre en qué circunstancias se realiza el
contrato de la señora CORREA y por qué no resuelve en el año 2000 la situación
creada; que explique por qué si tan evidente era, como se afirma, que yo había perdido
el derecho a mi excedencia por qué no lo resolvió rescindiendo mi contrato con la
Administración del Estado. Como no dudo de la capacidad del señor Baselga ni, por
supuesto, de los entonces responsables de la Delegación del Gobierno, debo suponer
que dicha decisión sólo puede responder a la intencionalidad de mantener una situación
que permitiera en el momento de mi reincorporación favorecer a la señora Correa y
utilizar este conflicto con fines políticos en perjuicio mío.
8.- EMPLAZO públicamente a Oscar Baselga a que explique por qué, si disponía del
informe de la Secretaría General de la Delegación del Gobierno en el que se afirmaba
que yo había perdido el derecho a mi excedencia, no ejecuta dicho informe (ni se le
comunica al Ministerio, que es de quien depende las decisiones del personal, ni se me
comunica a mí), rescindiendo mi relación laboral con la Administración del Estado.
Salvo que dicha decisión, como señala una resolución del MAP, hubiese provocado la
imposibilidad de firmar el contrato con doña Gema Correa. Dicha resolución, emitida
por la Secretaría General Técnica del Ministerio de Administraciones Públicas ante la
reclamación previa a la vía judicial presentada por Gema Correa, señala “tan es así que
si no hubiera existido la situación de excedencia forzosa reconocida por la
administración a favor del trabajador nombrado para el cargo público no podría haberse
firmado el contrato de interinidad por sustitución que es ahora objeto de controversia”.
9.- NUNCA he recibido trato de favor alguno en mi relación laboral con la
Administración del Estado; ni NADA tienen que ver mis responsabilidades anteriores
con mi situación laboral ya que ésta se inicia en 1990. Es más, a la vista de los hechos,
concluyo que mi compromiso público y mis ideas me han perjudicado en mi vida
laboral y en mi prestigio personal por la intransigencia de algunos que no admiten que
se pueda pensar de manera diferente a la de ellos.
10.- DENUNCIO públicamente la utilización política y mediática de una cuestión que
atañe exclusivamente a mi vida personal y laboral; denuncio el menoscabo que se ha
producido de mi persona, de mi dignidad y de mi profesionalidad por partidos políticos
y medios de comunicación con el consiguiente perjuicio para mi persona y mi familia.
11.- DENUNCIO públicamente al Partido Popular y a sus responsables por emprender
una persecución hacia mi persona exclusivamente por mi ideología; no sólo con las
falsas acusaciones de trato de favor vertidas en los últimos días, sino también por las
actuaciones llevadas a cabo por Oscar Baselga en 1996, quien encargó informes para
echarme de mi puesto de trabajo y me aplicó un traslado obligatorio a la Comisaría del
Cuerpo Nacional de Policía en Badajoz como represalia por haber ejercido mi trabajo
con el anterior gobierno socialista.
12.- SOLICITO a los medios de comunicación y a los responsables políticos del Partido
Popular, Izquierda Unida y CCOO respeto hacia mi persona y que, antes de involucrarse
en denuncias y comunicados, se preocupen de enterarse de lo que de verdad ha
sucedido. Los derechos laborales de Gema Correa tienen tanto valor como los de
Antonio Blázquez, salvo que se entienda que el hecho de haber tenido un cargo público
en el pasado lleve aparejada la pérdida de los derechos recogidos en el Estatuto de los
Trabajadores y en toda la legislación laboral vigente.
13.- He permanecido en silencio durante todo el proceso de la demanda interpuesta por
la señora Correa y tras las primeras informaciones erróneas aparecidas en los medios de
comunicación, pero no estoy dispuesto a permitir que se mancille mi dignidad, a que se
me acuse de trato de favor en una relación que es exclusivamente laboral y en la que
nada ha tenido que ver ni el PSOE ni la Delegada del Gobierno en Extremadura. Yo he
dejado de ser una persona con responsabilidades públicas y reclamo por ello mi derecho
a la intimidad como cualquier trabajador que, en estos momentos, nada tiene que ver
| Comentarios |
|
|
|||||||||||
.
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
