Miguel Manzanera
Hoy ya sabemos que en la Marina Isla de Valdecañas quieren instalarse algunos destacados miembros de la más alta sociedad, incluidos personajes emparentados con la realeza. Tal vez eso explique la seguridad con que el promotor ha hecho caso omiso de las leyes que protegían el pantano de Valdecañas, donde el Tajo atraviesa la comarca extremeña de Campo Arañuelo.
Hay un buen número de las leyes urbanísticas y las normativas ambientales, vigentes en nuestra región, en el Estado español y en Europa en las últimas décadas. En primer lugar, no se puede construir en las riberas de los ríos, ni por debajo de la cota de 100 m. sobre el nivel máximo de la lámina de agua de un pantano. Además existe un Convenio con Portugal sobre los caudales mínimos de los ríos transfronterizos, que tiene fuerza de ley y cuyo cumplimiento viene a dificultar este proyecto urbanístico.
Y en tercer lugar, lo que es más importante aún, amenaza con destruir un importante ecosistema de gran valor ecológico. Si es que no lo ha hecho ya de forma irreparable. El complejo residencial quiere construirse en un Lugar de Interés Comunitario y Zona de Especial Protección de Aves. Espacio protegido donde nidifican especies únicas como la cigüeña negra, el águila perdicera, el alimoche y el halcón peregrino; donde hay una importante población de nutrias. Y que tiene interés antropológico por la existencia de molinos de agua.
Todas esas normas han sido saltadas sin miramientos para construir esa zona residencial; pero eso sí, con el consentimiento de las autoridades que deben vigilar por el cumplimiento de la ley. La Junta de Extremadura, con un proyecto de desarrollo económico obsoleto, puramente capitalista, no solo ha permitido el atropello de los valores ambientales; es que lo ha alentado. La Confederación Hidrográfica del Tajo no solo ha hecho el papel cómplice al permitir la edificación en lugares prohibidos por la normativa; además para favorecer la construcción ha llegado a interrumpir el normal flujo de agua, incumpliendo la normativa sobre la protección del río y los convenios internacionales sobre caudales mínimos.
El desorden en la construcción de zonas residenciales no ha llegado a desarrollarse en Extremadura, como lo ha hecho en otras regiones peninsulares. Pero ha llegado también aquí, y ha sido motivo para movilizarse los sectores más conscientes de la sociedad extremeña. Contra la empresa constructora, apoyada por las instituciones regionales y locales -la Junta de Extremadura y los municipios de la comarca-, se han presentado diversas organizaciones defensoras de la ecología extremeña, entre las que cuentan Izquierda Unida, Adenex, y especialmente los militantes de Ecologistas en Acción. Una pelea más por salvaguardar los valores ecológicos de nuestra región, malbaratados por políticos y empresarios que organizan la insostenible economía capitalista neoliberal.
Voy a resumir los episodios principales de esa importante lucha.
El proyecto fue aprobado sin que conste que fuera sometido a información pública, ni Evaluación Ambiental Estratégica –aunque según parece hubo una ‘evaluación de impacto ambiental’ que pasó desapercibida-. A pesar de ello, la construcción de la Marina Valdecañas fue considerada Proyecto de Interés Regional, lo que significa gozar de determinadas prioridades y la posibilidad de estar por encima de las leyes ambientales.
Quizás fuera éste el motivo para que en el mes de agosto de 2007 la Confederación Hidrográfica del Tajo desecara el río a lo largo de 5 km -según la prensa, 40 km según los cálculos de Ecologistas en Acción-, aguas debajo de Puente del Arzobispo con la excusa de facilitar los trabajos de la empresa promotora de la urbanización. Y eso en un año con pluviosidad por encima de la media.
En ese momento la Plataforma de Defensa del Tajo y del Alberche de Talavera de la Reina exigió al Ministerio de Medio Ambiente y a la Confederación Hidrográfica del Tajo que se respetase la legislación sobre la gestión del río, restituyendo los caudales mínimos exigidos, de unos 25-30 metros cúbicos por segundo, además de iniciar una investigación sobre los daños causados.
Se da el caso de que el río Tajo se encuentra sobreexplotado para la extracción de agua con diversos objetivos, especialmente agrícolas, y por las presas para la producción eléctrica. Por eso el embalse de Valdecañas se encuentra en un 34% de su capacidad de retención de agua, un 17% debajo de la media de la última década. Por lo que difícilmente se podrán cubrir, sin incrementar el estrés hídrico del río, las exigencias de agua de la nueva urbanización, que tendrá campos de golf además de los jardines y todas las demás comodidades de la vida moderna.
Un ejemplo de los problemas del Tajo, se encuentra a unos 20 km. aguas abajo del pantano de Valdecañas. La Central nuclear de Almaraz siempre ha presentado un problema endémico de refrigeración, puesto que el Tajo no tiene el caudal suficiente para garantizar el enfriamiento del núcleo en caso de accidente. La forma de solucionar este problema era bajar potencia cuando bajaba el caudal del Tajo. Nos preguntamos cómo resolverán los técnicos el suministro de agua cuando el caudal del río baje todavía más. ¡O es que van a cerrar Almaraz ya de una vez por todas!
Todo ello fue denunciado en su momento por Ecologistas en Acción, por lo que su coordinadora Paca Blanco se ganó la animadversión de sus convecinos de El Gordo, municipio que queda al lado de Valdecañas y cuyos habitantes están muy contentos por las inversiones que se están haciendo en su pueblo para construir la dichosa Marina de agua dulce. Comenzaron entonces los ataques contra una mujer que lleva muchos años en la lucha por un mundo mejor, por parte de jóvenes pandilleros del pueblo dirigidos por políticos sin escrúpulos. Varias veces su casa tuvo que sufrir los desperfectos de esos ignorantes, pedradas en los cristales, pintadas en las paredes, etc.; y hasta arrojaron varias botellas de gasolina en el interior de la casa.
En noviembre de 2008 salió el Plan Territorial de Arañuelo, de donde se pudo sacar la conclusión que el proyecto era completamente irregular: se prohibía la construcción de nuevos asentamientos desconectados de núcleos urbanos en espacios naturales protegidos. El informe que la compañera Erika de Ecologistas en Acción presentó decía: ‘La insostenibilidad y la irracionalidad de este proyecto se hace más evidente en la época de mayor estiaje, cuando la disponibilidad de agua es más escasa y se suman demandas tan despilfarradoras como las que tendrán el hotel de lujo, las zonas comerciales, el campo de golf, etc.’ Y concluía, ‘la Confederación Hidrográfica del Tajo ha dado luz verde a las demandas de agua hechas por los intereses especulativos de Marina Isla Valdecañas, contraviniendo la totalidad de la normativa ambiental europea, nacional y regional, al respecto de la conservación de esos espacios y especies’.
La lectura del Plan Territorial confirmó lo que los ecologistas ya suponían. Con esa seguridad se había interpuesto una querella en la magistratura contra del proyecto desde el 10 de abril de 2007 y el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura estaba informado de los hechos constatados por los ecologistas extremeños. Nótese que el problema del desecamiento del Tajo en agosto de ese año se produjo haciendo caso omiso de la querella presentada. El respeto de la ley no es el punto fuerte de nuestros empresarios, ni nuestros políticos tienen agallas para hacérselo tener.
El 29 de enero de 2010, para mayor desolación, la Comisión Europea archivó el procedimiento abierto contra las autoridades españolas por la destrucción de esa zona protegida, entendiendo que el asunto estaba ya en manos de la justicia, dejando abierta la posibilidad de retomar el expediente una vez que el juez dicte sentencia. La Junta de Extremadura tiene una oficina abierta en Bruselas para convencer a los diputados europeos de que sus intereses son más importantes que las minucias por las que se quejan los ciudadanos, a quienes esos diputados dicen representar.
La justicia lenta y segura acabó por entender el caso; en sentencia del día 9 de marzo de 2011, el Tribunal Superior de Justicia falló a favor de Ecologistas en Acción en contra de la urbanización de la isla del Tajo. En su comentario de la sentencia, los ecologistas comentaban que un PIR sólo se concede a ‘la política de viviendas sometidas a promoción pública’ y no a empresas particulares con ánimo de lucro. El Tribunal recordaba en su sentencia los valores ambientales de la zona, protegidos por leyes especiales que no pueden ser inculcadas. ADENEX y Ecologistas en Acción solicitaron la ejecución de la orden judicial.
Pero no fuera esa la ocasión para que las autoridades extremeñas reconocieran la justicia de las reivindicaciones ecologistas. La sentencia generó un importante revuelo. Se corría el riesgo de perder las inversiones realizadas a esa altura, que ya eran muchas: 120 millones de euros.
El presidente del PP extremeño no dudó un instante en mostrar su apoyo a la urbanización planeada y se ofreció a ‘arrimar el hombro’ junto al gobierno del PSOE, para conseguir la aprobación legal del proyecto. Y la cosa se arregló en un plis-plas. A juzgar por la celeridad con que se resolvió el asunto, la decisión judicial no les pilló de sorpresa y lo tenían todo preparado.
Entonces la Asamblea de Extremadura cambió la Ley del Suelo de forma que las zonas protegidas por la Red Natura 2000 pudieran ser urbanizables. El 29 de marzo de 2011, los diputados de PSOE y PP, los únicos partidos con representación en la Asamblea de Extremadura, dijeron simple y llanamente que ‘los diputados hacen las leyes y ellos las pueden cambiar’.
Una verdad de Perogrullo, que no deja de ser una rueda de molino para hacer comulgar al pueblo feliz e indocumentado. El Presidente de la Junta argüía que ‘a falta de suficiente claridad normativa, se producen disfunciones en lo coordinación con los instrumentos de ordenación territorial y normativa’. La portavoz del PP añadió que Extremadura padece ‘exceso de conservacionismo’. Es curioso que un partido conservador reniegue del ‘conservacionismo’; se ve que los matices conceptuales hacen portentos de coherencia.
Unos meses más tarde, el 13 de octubre de este año, el PP ahora gobernante y el PSOE, su fiel aliado en materia conservacionista como en tantas otras cosas, votaron conjuntamente de nuevo para mantener la homologación del PIR de Valdecañas. Sólo tres votos de Izquierda Unida, frente a 62 del bloque de poder, se opusieron a la aberrante actuación del legislativo extremeño. Una ópera bufa representada ante un pueblo despistado que no se reconoce en lo mejor de su ciudadanía, sino en lo más oportunista.
Esa votación se produce en un momento en que el Gobierno ha recurrido por inconstitucional la Ley del Suelo de Extremadura, modificada para poder dar cabida a proyectos constructivos como el de Valdecañas. Según explica la nota de prensa en la que se comunica esa decisión gubernamental, la legislación extremeña sobre el suelo ‘en ocho de sus apartados’ viola los ‘derechos recogidos en la Constitución’ o bien contradice ‘artículos de leyes estatales vigentes’. Parece que los legisladores extremeños no se toman en serio las leyes del Estado, cuando no les interesa.
Ecologistas en Acción recibió esa iniciativa del Gobierno, subrayando que ‘con las últimas reformas de la Ley del Suelo se ha intentado dar apariencia de legalidad a una de las mayores aberraciones urbanísticas, que se están desarrollando en el Estado Español’.
A pesar de ello, el 5 de noviembre de 2011 la administración aprueba la homologación del PIR, tal como había propuesto la Asamblea de Extremadura. Pero la cosa no ha terminado todavía. Contra la decisión de la Asamblea de Extremadura se ha presentado por parte de Ecologistas en Acción un Recurso Contencioso-Administrativo en la Sala correspondiente de la Audiencia Nacional. El último recurso. Veremos si la justicia sigue reconociendo el derecho, o se inclina ante la falta de vergüenza de los que manejan los hilos en este desdichado país.
Una nueva sentencia el día 11 de marzo de este año volvió a condenar la urbanización de la zona protegida, por lo cual los ecologistas exigieron su demolición. Sin embargo, en el acto de conciliación el juez pidió 41 millones de euros de fianza para que se efectúe la sentencia, ya que ésta se encuentra recurrida en el Tribunal Supremo. La Junta de Extremadura asegura que la instancia estatal les dará la razón.
La batalla jurídica y social de Valdecañas tiene gran importancia, porque la aprobación de ese proyecto podría abrir la puerta a otros similares, que están esperando el resultado favorable de la justicia. El pantano García de Sola amenazado de ser urbanizado; el proyecto turístico en Castilblanco; residencial en Medellín en Medellín para turistas ricos jubilados; apartamentos de lujo en Cabezalavaca; viviendas en Fregenal de la Sierra; urbanizaciones en Plasencia y Santibáñez el Alto. Hoteles de lujo, campos de Golf, balnearios artificiales y centros comerciales para ricos, etc.
La ideología que alienta ese nuevo desarrollo económico para Extremadura no puede ser más absurda. Después de la catástrofe que la fiebre constructora ha supuesto para la economía española de la última década, se quiere trasladar a nuestra región lo que ya ha fracasado en otros lados.
La privatización de los bienes naturales de nuestra región, para disfrute de gente con dinero, no nos va a hacer más felices. Los puestos de trabajo con los que se ilusiona al pueblo son ficticios, pues hay otras actividades económicas que pueden proporcionar mejores servicios a la población extremeña.
La profunda crisis económica en la que estamos inmersos no se solucionará de ese modo; más bien requiere de transformaciones drásticas y radicales en nuestras formas de vida y modos de producción, de forma que ajustemos nuestras costumbres a los requerimientos del cuidado ambiental y la conservación de los ecosistemas vivos.
