La división de poderes es una farsa: ¿Cómo terminar con la “casta judicial”?

IzquierdaDiario

La filtración de varios mensajes de WhatsApp donde el portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, hace alarde de que la designación del juez Marchena como presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo posibilitaría al PP tener el control “desde atrás” de la sala 2 del Tribunal desataron el escándalo. O, en realidad, hicieron evidente lo que ya todo el mundo sabía: los acuerdos y el “pasteleo” de los partidos del régimen para controlar la “casta judicial”, afín a sus propios intereses.El líder de los populares se vanagloriaba de que producto del acuerdo con el PSOE, su partido seguiría “controlando la sala segunda desde detrás” [la Sala que puede juzgar a diputados, senadores y miembros del Gobierno] y presidiendo la sala 61 [la Sala que puede ilegalizar partidos políticos].

 

Tras conocerse los mensajes, la primera reacción ha sido la renuncia de Marchena a asumir como presidente del CGPJ y la “ruptura” del acuerdo entre PP y PSOE para la elección de sus miembros. Marchena seguirá presidiendo la Sala Segunda y será el encargado de juzgar a los dirigentes independentistas del procés.

Las “revelaciones” de Cosidó vuelven a exponer la farsa de la supuesta “división de poderes” que tanto reivindican los liberales, así como el contenido completamente antidemocrático de la institución judicial, cuyo órgano dirigente es designado a dedo por los partidos del Régimen. El CGPJ es un organismo compuesto por 20 miembros más un presidente, la mayoría de los cuales son designados por acuerdos de los partidos del Congreso y el Senado. El CGPJ controla el funcionamiento de los poderes superiores del poder judicial, como el Supremo, y entre sus funciones se encuentra el nombramiento y aprobación de ascensos de jueces y Magistrados.

Recordemos que las atribuciones del CGPJ son, según consta en su web oficial, garantizar “la independencia de los Jueces y Tribunales, cuando ejercen su función judicial, respecto al resto de poderes del Estado y frente a todos, incluso respecto a los demás órganos judiciales y los del propio gobierno del Poder Judicial”. Es decir, que el órgano que supuestamente tiene que garantizar la independencia del poder judicial respecto al resto de los poderes del Estado… ¡es designado en una negociación espuria entre el PP y el PSOE!

La “casta judicial” está formada, en su cúpula, por una elite de jueces millonarios, amigos del IBEX35 y de los políticos del Régimen. El presidente y vicepresidente del Tribunal Constitucional se encuentran entre los cargos mejor pagos del Estado con 149.007 y 140.061 euros anuales, respectivamente. Mientras que el presidente del CGPJ y Tribunal Supremo se embolsa 132.769 euros anuales y el vicepresidente del Tribunal Supremo un total de 118.802. Muy lejos, claro está, de la situación de millones de trabajadores y trabajadoras que no alcanzan el salario mínimo y que viven en la pobreza.

Las aproximadamente 15.000 personas que integran la judicatura (incluidos también el presidente de la Audiencia Nacional y de cualquiera de sus salas, los presidentes de los tribunales superiores de Justicia, el fiscal general del Estado y fiscales de Sala del Tribunal Supremo y más de 5.500 jueces, alrededor de 2.400 fiscales y unos 7.600 jueces de paz), cuentan además con fueros especiales.

El desprestigio de esta “casta” acomodada y antidemocrática viene creciendo en los últimos años. A ojos de millones la judicatura representa una institución corrupta, que mantiene la impunidad para los crímenes del franquismo mientras juzga a tuiteros y activistas. Una justicia para ricos, que cambia sentencias a golpe de teléfono para beneficiar a la banca, mientras encarcela a activistas por querer frenar los desahucios. Una justicia patriarcal, que culpabiliza a las mujeres víctimas de violencia machista mientras justifica a sus agresores. Una justicia de excepción, que encarcela a políticos independentistas catalanes mientras defiende la “unidad de España” y se niega a investigar las corruptelas de la monarquía.

Terminar con la “casta judicial” y el reparto de influencias y jueces entre los partidos del Régimen no es posible con la incorporación de algún magistrado de “probada profesionalidad”, como defiende Podemos tras haber entrado en la negociación de cargos con el PSOE y el PP. Es necesario tomar medidas radicales, como sería garantizar la elección directa de todos los jueces por sufragio universal, terminar con los cargos designados a dedo e imponer que todos cobren lo mismo que una maestra o un trabajador, al mismo tiempo que se garantiza la revocabilidad de los cargos y el establecimiento de juicios por jurados.



 

Comentarios
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Alf   |2018-11-21 12:16:26
El Poder Judicial se encuentra realmente desatado. El gobierno del PP, con el
apoyo de la Corona, Cs y el PSOE, decidieron ponerle al frente de la
“resolución” de la crisis catalana. Había que aplastar y vencer al
independentismo, y quien mejor que esa parte del Estado que no tiene más
contrapeso que sí misma, es decir ninguno. Lo único que les puede llamar al
orden sería un llamada desde Zarzuela. Pero dudo mucho que les dijera algo
diferente que "a por ellos”.

En los hombros de la “casta” judicial se
puso la responsabilidad de imprimir una actualización en clave autoritaria y
centralizadora del Régimen del 78. Un rol otorgado que no es una
excepcionalidad ibérica.
urbi et orbe   |2018-11-21 12:17:30
Rajoy y Felipe VI no erraron en su elección. Si hay una “casta” del Estado
conservadora y reaccionaria digna de este cometido esta es la de la toga.
Emparentada por uno y mil lazos con políticos, empresarios y altos mandos de
los cuerpos de seguridad, paniaguada con caviar y Moët Chandon (el salario de
los magistrados de los altos tribunales puede llegar a los 150.000 al año) y
que ha sabido mantener perfectamente -solo comparable a la policía- sus hilos
de continuidad con la Judicatura Franquista.

Hay que recordar que todos los
jueces de la dictadura mantuvieron su cargo en la democracia y la mayor parte
fueron promocionados. Los más beneficiados fueron los del Tribunal de Orden
Público, el encargado de dictar sentencias contras obreros, estudiantes y
militantes de la oposición desde 1963. Muchos pasaron en bloque en 1977 a un
tribunal de nueva creación: la Audiencia Nacional.
antisecta   |2018-11-21 12:19:23
Frente a esta “casta” reaccionaria es necesario oponer un programa
democrático que plantee medidas elementales como el fin de la elitista carrera
judicial, que la elección de jueces sea por sufragio universal, que ninguno
pueda cobrar más que el salario medio de un trabajador y que todos los juicios
sean por medio de jurados populares.

El Régimen del 78 huele a podrido, se
mire por donde se mire. Es lamentable que ante esta situación la política de
los que nacieron hablando de “romper candados” sea la de echarle
desodorante. No es algo nuevo.
averno   |2018-11-21 12:22:41
la justicia en España es una justicia framnquista, een el sentido de que no ha
evolucionada, es clasista, elitista, arbitraria y oparcial, y está controlada
por el poder politico
Dino   |2018-11-21 13:09:02
Vaya mafia de ppsoe
exilado   |2018-11-21 13:10:32
La corrupción, la abyección y la inmoralidad de la clase política ha llegado
a un punto de no retorno. Estos políticos sacamantecas piden otra de champan y
que siga sonando la música mientras España se desmorona por los cuatro
costados
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