Lo lamento Pedro, pero Extremadura es lo primero,
ahora mismo estoy liado desahuciando sin parar.
Los movimientos sociales, Campamento Dignidad y Mérida Solidaria, queremos denunciar la actuación de la Junta de Extremadura por la actitud que mantiene en el asunto de las viviendas sociales con las familias más necesitadas, en muchos casos bordeando la exclusión social. El derecho a la vivienda es un derecho fundamental, recogido en en el artículo 47 de la Constitución Española que se refiere al derecho que tienen todos los españoles a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, y a la intervención de los poderes públicos para hacer efectivo este derecho.
Nos preguntamos por qué la Junta de Extremadura está enviando cartas en estos momentos y no las ha enviado con anterioridad cuando las deudas eran pequeñas y las familias las podían pagar más fácilmente. Ahora, cuando las deudas acumuladas son importantes resulta fácil ante la opinión pública justificar las amenazas de expulsión de la vivienda y solicitar que se proceda a la ejecución judicial correspondiente.
En la actualidad, hay muchas personas que sufren el desempleo o la precariedad laboral, cobran ridículas pensiones de viudedad o de jubilación y las ayudas sociales apenas dan para la compra de alimentos. Todas estas circunstancias impiden en muchos casos el pago simultáneo de deudas y de las mensualidades de las viviendas sociales en las que residen.
Ante esta tesitura la Secretaría General de Arquitectura, Viviendas y Políticas Sociales está enviando cartas haciéndoles constar las deudas atrasadas que tienen, y recordándoles que el impago de esas deudas es causa de la pérdida del derecho de adjudicación de la vivienda de la que es titular. La sospecha de este procedimiento de actuación recaudatorio genera un estado de angustia e intranquilidad cuando reciben estas cartas que piensan en la posibilidad de verse expulsadas de sus viviendas.
En las diferentes reuniones que hemos mantenido con muchas de estas familias podemos afirmar que existe una disposición total a pagar sus cuotas mensuales, a ponerse al día poco a poco, hecho este que ya se realiza, a pesar de que las cantidades atrasadas son importantes.
En todo caso, se deben buscar soluciones a las casuísticas que se presentan, bien sean deudas y/o conductas asociales, que no se fundamenten en la estrategia de echar a unos pobres para meter en esas mismas viviendas a otros pobres.
Desde los movimientos sociales, Mérida Solidaria y Campamento Dignidad exigimos la supresión del envío de esas cartas de manera inmediata y la búsqueda de soluciones que tengan por objetivo principal, por encima de todas las circunstancias que se puedan dar, el Derecho a la Vivienda de las personas.
