Nuevo e ilegal método de anular una Resolución administrativa, se borra y punto

Carlos A. García Onieva

El 19 de abril se publica a través de los distintos portales educativos y web oficial Resolución de la Directora General de Personal Docente de la misma fecha, a la sazón Mª Ángeles Rivero Moreno, referida a la concesión de Comisiones de Servicios de carácter docente para funcionarios docentes. Resolución 19 de Abril. Publicada 19 de Abril. El 20 de abril se publica la misma Resolución de 19 de Abril pero rectificada en su tercer punto  “Clasificación y características” “Carácterísticas. IA”, donde se concedía Comisión de Servicios por cuatro años a los directores de Centros, ahora lo son por uno. Igual, “IB” en lo que respecta al resto de los miembros del equipo directivo, y a las Jefaturas de Estudios Adjuntas. Resolución 19 de Abril. Publicada 20 de Abril

La diferencia entre una y otra Resolución no es accesoria, es sustancial ya que afecta a una cuestión de plazos, siendo los plazos una cuestión de orden público, sinónimo de seguridad jurídica según declara el Art. 9.3 CE.

EL Art. 57.1 de la Ley de Régimen Jurídico y Procedimiento Administrativo 30/1992, establece  que los actos administrativos son válidos desde la fecha en que se dictan, y su eficacia, Art. 57.2 se produce con su publicación cuando esta sea preceptiva como es el caso.

En consecuencia nos encontramos con que la Resolución de 19 de Abril de 2012 de Ángeles Rivero ES, DÓBLEMENTE VÁLIDA, EL 19 DE ABRIL DE 2012, Y DÓBLEMENTE EFICAZ, EL 19 Y EL 20 DE ABRIL DE 2012, aberración jurídica ocasionada por el actuar arbitrario de susodicha persona, cuya palpable ignorancia no la exime de responsabilidades.

El origen de lo sucedido estriba en que cuando en la Resolución de 19 de abril, publicada tal día, se pretende otorgar Comisiones de Servicio a los Directores de Centro nombrados por la actual administración educativa por un periodo de cuatro años, en contra de la legalidad, para adecuar a norma una nueva Resolución al respecto, previamente debe anularse su precedente, acorde a lo declarado en el Art. 102 Ley 30/1992, porque el “borrón y cuenta nueva” no es permisible en Derecho Administrativo, aunque se esté convirtiendo en práctica habitual de una Administración, donde perviven los peores de antes, con los peores de ahora, mezcla explosiva donde las haya.

 

El Bueno

EL FEO

EL MALO

UNO QUE PASABA POR AQUI