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Los técnicos de Medio Ambiente y de Urbanismo del Ayuntamiento de Cáceres se muestran contrarios a la modificación del Plan General Municipal (PGM) de la ciudad para que se permita el uso extractor en la zona de La Montaña de Cáceres y se pueda continuar con el proyecto de la mina de litio a cielo abierto que ha presentado la empresa Tecnología Extremeña del Litio (TEL). TEL había solicitado una recalificación urbanística para poder sacar adelante su proyecto y los técnicos municipales no ven justificación para modificar la norma urbanística aprobada en 2010, por lo que estos informes se llevarán a la Comisión de Urbanismo que se celebra este jueves, día 12, y una vez dictaminados llegarán al Pleno municipal del jueves, día 19, donde se debatirá, y los grupos políticos tendrán que votar a favor o en contra de esa modificación del plan de urbanismo.
Un documento clasificado de la Agencia de Inteligencia de los Estados Unidos, CIA, publicado esta semana, ha arrojado luz sobre algunos de los episodios más secretos de la historia reciente de España.El documento, denominado SPANISH SAHARA, revela las presiones que recibió el entonces Presidente del gobierno de España, Carlos Arias, respecto del chantaje marroquí sobre la invasión del Sahara español.En las revelaciones, el nombre del Rey Juan Carlos I de España se repite una y otra vez en los 12 millones de documentos de la CIA ahora públicos. Los archivos se apuntan al papel que el monarca español jugó en un acontecimiento decisivo en la invasión de la provincia 53 ( la Marcha Verde).
La Fiscalía ha solicitado al Tribunal Superior de Justicia de Canarias que condene a 10 años de prisión y 29 de inhabilitación al magistrado de la Audiencia de Las Palmas Salvador Alba por delitos de cohecho, prevaricación judicial, falsedad y revelación de secretos.La Fiscalía acusa al magistrado Salvador Alba de manipular de forma "arbitraria" y "con ánimo espurio" una instrucción penal que había iniciado la juez Victoria Rosell, entonces diputada en el Congreso por Podemos, con el propósito de "recopilar material ajeno" a los hechos que se investigaban y "que sirviera de plataforma para perjudicar profesionalmente" a su colega.
Jueces y fiscales arrancan este jueves su calendario de protestas. Y lo hacen con concentraciones en las sedes judiciales de toda España a las 13 horas en las que insistirán en la necesidad de una mayor independencia, la modernización de la Administración de Justicia y unas mejoras en las condiciones laborales. Unas reclamaciones que, según este colectivo, han sido desoídas por el Ministerio de Justicia de Rafael Catalá, que no ha logrado frenar la amenaza de estas movilizacnes.Las cuatro asociaciones judiciales y las tres de fiscales ya anunciaron el pasado 5 de marzo al ministro del inicio de estas movilizaciones. Fue en un comunicado en el que recordaban que en junio de 2017 se firmó un documento con ‘14 propuestas para la mejora de la Justicia’ al que se han adherido más de 3.500 jueces y juezas. Entre ellas, la derogación del sistema de plazos máximo de instrucción, la paralización de la implantación de la justicia digital, la atribución a la Fiscalía General del Estado de la formación de los fiscales, la fijación de las cargas de trabajo y la independencia del Ministerio Fiscal y su autonomía presupuestaria.
A toda prisa a pedir la jubilación. Ése podría ser el resumen de lo que ha sucedido en los dos primeros meses del año 2018 en los que más de 63.000 trabajadores han solicitado poner fin a su vida laboral en activo y solicitar una pensión de jubilación. Según los datos del Ministerio de Empleo, es la segunda cifra más alta registrada en los dos primeros meses del año, ya que sólo las 65.425 solicitudes del inicio de 2012 superaron la cifra.Entonces huían de la reforma de pensiones del PSOE, que elevaba la edad de jubilación y el periodo de cómputo a partir de 2013, y ahora lo hacen de la del PP, que introducirá el llamado factor de sostenibilidad a partir del 1 de enero de 2019.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, se matriculó en el máster en Derecho Autonómico impartido por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid tres meses después de que comenzase, según publica este lunes eldiario.es. Concretamente, las clases del máster comenzaron el 22 de septiembre de 2011 y los alumnos tendrían como máximo hasta el 18 de septiembre para matricularse, según el citado medio.Cifuentes emitió el pago de los 1.586,39 euros de matrícula el 21 de diciembre de 2011, aunque no se ejecutó hasta el 28 de diciembre. Así, se habría incorporado cuando el primer trimestre estaba a punto de finalizar, saltándose todos los plazos legales de la Universidad. 
La mayoría de la gente no sabe cómo se nombra a los magistrados del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional. Los del Tribunal Constitucional son directamente nombrados por el Gobierno (2 magistrados), el Congreso de los Diputados (4 magistrados nombrados por mayoría de tres quintos de los diputados), el Senado (4 magistrados nombrados por idéntica mayoría) y el Consejo General del Poder Judicial (2 magistrados).Respecto a los magistrados del Tribunal Supremo, todos son nombrados por el Consejo General del Poder Judicial, que es el órgano de gobierno de los jueces con potestad para nombrar a los altos cargos judiciales y decidir sobre promoción, régimen disciplinario y traslados de todos los jueces españoles. El problema es que todos los miembros de este Consejo son nombrados por el Congreso de los Diputados y el Senado. Por tanto, su politización es total.
