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La Fiscalía ha solicitado al Tribunal Superior de Justicia de Canarias que condene a 10 años de prisión y 29 de inhabilitación al magistrado de la Audiencia de Las Palmas Salvador Alba por delitos de cohecho, prevaricación judicial, falsedad y revelación de secretos.La Fiscalía acusa al magistrado Salvador Alba de manipular de forma "arbitraria" y "con ánimo espurio" una instrucción penal que había iniciado la juez Victoria Rosell, entonces diputada en el Congreso por Podemos, con el propósito de "recopilar material ajeno" a los hechos que se investigaban y "que sirviera de plataforma para perjudicar profesionalmente" a su colega.
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Jueces y fiscales arrancan este jueves su calendario de protestas. Y lo hacen con concentraciones en las sedes judiciales de toda España a las 13 horas en las que insistirán en la necesidad de una mayor independencia, la modernización de la Administración de Justicia y unas mejoras en las condiciones laborales. Unas reclamaciones que, según este colectivo, han sido desoídas por el Ministerio de Justicia de Rafael Catalá, que no ha logrado frenar la amenaza de estas movilizacnes.Las cuatro asociaciones judiciales y las tres de fiscales ya anunciaron el pasado 5 de marzo al ministro del inicio de estas movilizaciones. Fue en un comunicado en el que recordaban que en junio de 2017 se firmó un documento con ‘14 propuestas para la mejora de la Justicia’ al que se han adherido más de 3.500 jueces y juezas. Entre ellas, la derogación del sistema de plazos máximo de instrucción, la paralización de la implantación de la justicia digital, la atribución a la Fiscalía General del Estado de la formación de los fiscales, la fijación de las cargas de trabajo y la independencia del Ministerio Fiscal y su autonomía presupuestaria.
A toda prisa a pedir la jubilación. Ése podría ser el resumen de lo que ha sucedido en los dos primeros meses del año 2018 en los que más de 63.000 trabajadores han solicitado poner fin a su vida laboral en activo y solicitar una pensión de jubilación. Según los datos del Ministerio de Empleo, es la segunda cifra más alta registrada en los dos primeros meses del año, ya que sólo las 65.425 solicitudes del inicio de 2012 superaron la cifra.Entonces huían de la reforma de pensiones del PSOE, que elevaba la edad de jubilación y el periodo de cómputo a partir de 2013, y ahora lo hacen de la del PP, que introducirá el llamado factor de sostenibilidad a partir del 1 de enero de 2019.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, se matriculó en el máster en Derecho Autonómico impartido por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid tres meses después de que comenzase, según publica este lunes eldiario.es. Concretamente, las clases del máster comenzaron el 22 de septiembre de 2011 y los alumnos tendrían como máximo hasta el 18 de septiembre para matricularse, según el citado medio.Cifuentes emitió el pago de los 1.586,39 euros de matrícula el 21 de diciembre de 2011, aunque no se ejecutó hasta el 28 de diciembre. Así, se habría incorporado cuando el primer trimestre estaba a punto de finalizar, saltándose todos los plazos legales de la Universidad. 
La mayoría de la gente no sabe cómo se nombra a los magistrados del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional. Los del Tribunal Constitucional son directamente nombrados por el Gobierno (2 magistrados), el Congreso de los Diputados (4 magistrados nombrados por mayoría de tres quintos de los diputados), el Senado (4 magistrados nombrados por idéntica mayoría) y el Consejo General del Poder Judicial (2 magistrados).Respecto a los magistrados del Tribunal Supremo, todos son nombrados por el Consejo General del Poder Judicial, que es el órgano de gobierno de los jueces con potestad para nombrar a los altos cargos judiciales y decidir sobre promoción, régimen disciplinario y traslados de todos los jueces españoles. El problema es que todos los miembros de este Consejo son nombrados por el Congreso de los Diputados y el Senado. Por tanto, su politización es total.
La supuesta falsificación del máster de Cristina Cifuentes que ha desvelado el diario.es ha provocado un silencio muy sonoro en las filas del PP. Pocos, por no decir nadie, han salido abiertamente en defensa de la presidenta madrileña, claro que esto, resulta habitual -según cuentan muchos periodistas que siguen a diario al PP- en el partido de Rajoy cuando se encuentran con un marrón de este calibre y hacen acto de retirada dejando en la soledad más absoluta al que hasta ayer había sido su modelo y ejemplo a seguir.Tras 48 horas de conocerse el escándalo y con varias informaciones más en cascada, la única que ha salido a dar la cara por su compañera de partido ha sido la secretaria general y ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal.
El magistrado del Tribunal Supremo que instruye la causa del procés soberanista ha notificado este viernes su auto para procesar a los ex miembros del Govern de Carles Puigdemont por la proclamación de la independencia de Cataluña fuera de la Constitución.El magistrado propone juzgar por rebelión a los que fueron máximos altos cargos del Ejecutivo catalán con Carles Puigdemont: además del expresident, procesará por este delito a su ex número dos Oriol Junqueras y los ex consellers Joaquím Forn, Jordi Turull, Raül Romeva, Dolors Bassa y Josep Rull.
Ser pobre tiene que ver con el empleo. Tanto con tener trabajo como con no tenerlo. Como muestra, España saca peor nota en el ránking de los países de la UE con mayor proporción de empleados en riesgo de pobreza que en el de parados en esta misma situación. Es decir, que comparativamente España tiene peores empleos que protección frente al paro. Es la conclusión que se extrae del cruce de datos de la oficina estadística de la UE, Eurostat. El concepto de riesgo de pobreza que maneja la oficina remite a la situación de aquellas personas que viven con una renta disponible por debajo del 60% de la media del país (después de ayudas sociales).
