FN

La brecha salarial entre empleados públicos y privados sigue acentuándose. La crisis ha situado los sueldos medios de los funcionarios un 54,9% por encima del percibido por los trabajadores privados. Esta diferencia ha aumentado en siete puntos respecto a 2011, un año antes de la última reforma laboral. Por tanto, este desfase se debe sobre todo a los resultados de la aplicación de esa reforma, que se ha realizado exclusivamente en el sector privado aumentando la rotación contractual. A ello se suman otros efectos: la devaluación salarial y las reducciones permanentes para mantener el empleo; la caída de los sueldos de entrada en el mercado; el aumento de la contratación a tiempo parcial, tanto de trabajadores temporales como de indefinidos (hay casi tres millones y representan casi el 25% de los asalariados); y también a la pérdida de las antigüedades y la supresión de las remuneraciones de los trienios.

EP

El sistema de Seguridad Social contaba con 19.455.384 cotizantes y 8.705.707 pensionistas a cierre del año pasado, lo que da 2,23 afiliados por cada perceptor de una pensión, marcando así el peor dato de la serie histórica desde 1999.El equilibrio entre cotizantes y pensionistas ha empeorado ligeramente respecto a 2016, cuando se situaba en 2,27 cotizantes por jubilado, debido a que mientras que el número de pensionistas ha aumentado en más de 96.000, el de cotizantes (trabajadores y desempleados) ha disminuido en 129.271 personas.

EP

La Secretaría de Empleo de CCOO ha elaborado un informe en el que se advierte que no habrá un crecimiento del empleo ni de la riqueza, ni una redistribución justa de la misma, hasta que se consiga que la tasa de precariedad cumpla el objetivo de convergencia con la media europea. Para lograr que nuestros niveles de precariedad sean similares a la media de los estados de nuestro entorno deben aplicarse medidas que contemplen la situación de cada empresa y la tasa de precariedad que tengan -proporción de empleos temporales sobre fijos- para que pueda reducirse hasta el 14,2%.En este sentido, el informe señala que deben establecerse medidas que penalicen a aquellas empresas que no cumplan las tasas que se vayan acordando y advierte que para conseguir alcanzar los niveles europeos es más importante disminuir la precariedad que abordar los diferentes tipos de contratos.

CA

El Partido Popular se congratula por haber sacado a España de la grave crisis económica en la que se sumía cuando empezaron a gobernar hace seis años. Por aquel entonces, la recesión se materializaba en caídas del Producto Interior Bruto (PIB) cercanas al 3 por ciento y la tasa de paro rozaba el desorbitado 25 por ciento. Hoy la economía española encadena tres años de crecimiento por encima del 3 por ciento, acumula superávit exterior y el desempleo se ha reducido hasta el 16,4 por ciento. Pero la recuperación del mercado laboral presenta claroscuros: la enquistada temporalidad ha provocado la paradoja de que las horas trabajadas en nuestro país han caído un 6 por ciento desde 2012, pese a que hay 1,3 millones de ocupados más que cuando Mariano Rajoy llegó a la Moncloa.

EP

Oriol Junqueras permanecerá en prisión preventiva según el fallo que ha hecho público este mediodía el Tribunal Supremo que ha decidido desestimar el recurso presentado por el exvicepresidente de la Generalitat y denegar su salida en libertad ante el riesgo de reiteración delictiva. Los magistrados Miguel Colmenero, Alberto Jorge Barreiro y Francisco Monterde, quienes han revisado el recurso, consideran por unanimidad que Junqueras podría reincidir en los graves delitos por los que se le investiga: rebelión, sedición y malversación de fondos. Los magistrados consideran, por unanimidad, que existe riesgo de reiteración delictiva En el fallo, los magistrados señalan que existen indicios de la comisión de delitos "de rebelión, sedición y malversación de fondos públicos" y que "también existe un riesgo relevante de reiteración delictiva al no existir ningún dato que permita entender que el recurrente tiene la intención de abandonar la vía seguida hasta ahora". Los magistrados Miguel Colmenero, Alberto Jorge Barreiro y Francisco Monterde, quienes han revisado el recurso, señalan que defender la independencia catalana es legítimo.