El pasado día 30 de agosto de 2019, El Sindicato de Empleados Públicos SGTEX, solicitó, al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, a la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio de la Junta de Extremadura,la siguiente información, sobre el desempeño de las labores que efectúan los vigilantes de la empresa pública GPEX en el parque natural Reserva “La Sierra”PRIMERA: Si para desempeñar estas funciones en la vigente encomienda de gestión, se incluyen las cláusulas de haber superado los cursos específicos en los centros formativos habilitados y la aptitud psicofísica necesaria para el ejercicio de las funciones de guarda rural, a tenor de lo dispuesto en el Real Decreto 2487/1998.
SEGUNDA: Si se ha exigido para realizar este tipo de funciones y tareas, que la empresa GPEX está inscrita en el Registro Nacional de Seguridad Privada, para realizar servicios de vigilancia de caza y antifurtivismo ya que en información disponible consultada, no aparece dicha empresa como prestataria de este servicio.
TERCERA: Si se ha comprobado, tal como recoge la normativa y obliga a la propia administración como empresa contratante, que estos trabajadores y la empresa, cumplían con los requisitos anteriormente citados (poseer los trabajadores los cursos específicos y la aptitud psicofísica y la empresa contratada estar inscrita en el registro nacional de seguridad privada)
Y CUARTA: Si el hecho de portar y/o manejar armas de fuego se encuentra recogido en la Evaluación de Riesgos Laborales del puesto de trabajo de Vigilante de la Reserva de La Sierra por la empresa GPEX. La Administración Regional debe ejercer la Coordinación de las Actividades Empresariales, al ser considerado como empresario titular (según se recoge en el portal del Servicio de Salud y Prevención Riesgos Laborales)”.
Ante la respuesta negativa de la Consejería, que con fecha 24 de octubre de 2019 se escudaba para no facilitar dicha información a SGTEX en que:
“(…) la selección del personal que, reuniendo los requisitos de titulación y experiencia exigidos en la resolución formará parte del equipo de trabajo adscrito a la ejecución del encargo corresponde exclusivamente a GPEX. Y que, por tanto, para dirimir dichas cuestiones SGTEX debía dirigirse a la empresa pública GPEX por tratarse de asunto correspondiente al ámbito de su gestión y competencia”.
Este sindicato se vio obligado, como en otras muchas ocasiones a acudir a la vía arbitral del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y, con fecha 13 de noviembre de 2019, formuló reclamación ante dicho órgano, que se ha pronunciado de la siguiente forma:
PRIMERA: Sobre la petición relativa a la prevención de riesgos:retrotraer el procedimiento al momento de presentación de la solicitud, de forma que la Consejería de Agricultura debe remitírsela a GPEX para que la resuelva.
SEGUNDA: Sobre el resto de la solicitud –los tres primeros apartados- determina el Consejo que la Consejería es competente para resolver, en la medida en que tiene una función de verificación de cumplimiento de requisitos, recogida en el acuerdo con GPEX.
Por lo que resuelve: Instar a la Consejería a facilitar al reclamante, en el plazo máximo de 30 días hábiles, la información solicitada por el delegado de prevención de SGTEX.
SGTEX continúa reclamando que la tan cacareada transparencia de la Junta de Extremadura sea realidad de una vez por todas, que termine el oscurantismo y la ocultación de datos y que la administración regional cese en su empeño de poner trabas a la labor sindical de información a los Empleados Públicos, amén de exigir a los trabajadores externos, al menos, los mismos requisitos que pide a los suyos propios.
