El Tribunal Supremo asume toda la causa por rebelión contra el Govern y los Jordis pero no la de Trapero

CG

El magistrado del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, ha decidido este viernes asumir toda la causa por rebelión, malversación y sedición de todos los exconsellers de Govern y los presidentes de las asociaciones ANC y Òmnium investigados hasta ahora por la Audiencia Nacional y que se encuentran en prisión preventiva.Según fuentes jurídicas, la única parte que se queda la juez Carmen Lamela es la que afecta al mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, la intendente Maria Teresa Laplana y los colaboradores que en el futuro puedan ser investigados.De este modo el juez del Supremo asume que toda la investigación sobre el proceso independentista fuera de las vías legales tiene que investigarse conjuntamente tal y com o ya señaló la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela.

Llarena acuerda ampliar la investigación y declara su competencia para conocer de la responsabilidad penal del ex president de la Generalitat de Catalunya, Carles Puigdemont, los 13 ex consellers y los presidentes de las asociaciones ANC y Òmnium, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, por la conexión material inescindible de la naturaleza de los hechos que se están investigando en el Supremo en la causa relacionada con el proceso secesionista.

En el mismo auto, Llarena acuerda que la juez Lamela debe continuar investigando la actuación del ex mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero , la intendente Teresa Laplana , así como de cualesquiera otros eventuales responsables sobre los que la investigación proyecte indicios de responsabilidad. El magistrado reclama al Juzgado Central número 3 de la Audiencia Nacional la parte de la causa relativa al Govern cesado y a los responsables de ANC y Òmnium, que queda incorporada a la que ya se sigue contra la presidenta del  Parlament, Carme Forcadell, y otros 5 miembros de la Mesa.

En su auto, Llarena explica  que  la doctrina del Tribunal Supremo sobre la extensión de competencia en hechos cometidos por personas no aforadas solamente es procedente cuando se aprecie una conexión material inescindible con los hechos investigados a las personas aforadas. Recuerda  que la unificación del procedimiento  tiene una finalidad funcional,  concretada en la facilitación de la tramitación y en resolver los problemas derivados de la inescindibilidad del enjuiciamiento. En el presente caso, Llarena señala que uno de los delitos investigados es el de rebelión,  que tiene un carácter  plurisubjetivo, con una pluralidad de partícipes, lo que marca la necesidad del enjuiciamiento conjunto. No obstante, Llarena considera que en el presente caso no se observa esa  conexión material inescindible en la actuación de todas las personas investigadas en relación con el proceso secesionista de Cataluña.

Así, el juez distingue  entre “la actuación de los miembros del Govern y la de los presidentes de ANC y Òmnium,  hasta el punto de que sólo la intervención coordinada de todos ellos es la que puede llenar de contenido el injusto contemplado en el delito de rebelión”, y la actuación de los Mossos que describe Lamela en su informe, así como la de un conjunto de personas que han podido colaborar en la elaboración de las leyes cuestionadas. Para el magistrado, participaciones como la de Trapero, Laplana y aquellas otras semejantes que surjan a lo largo de la investigación no impiden que puedan examinarse de manera autónoma, “son así participaciones añadidas, que con independencia de cuál sea su relevancia en el desarrollo natural de los hechos, no justifican modificar las normas de competencia ordinaria para los que resulten afectados”.

Entre estas intervenciones, explica Llarena en su auto, “está la de quienes se encontraban subordinados, en este caso concreto, al conseller de Interior: Josep Lluís Trapero y Teresa Laplana Cocera. Sin perjuicio de que pueda resultar necesario revisar la decisión en un futuro, su participación, por relevante que sea, no compromete la calificación y el enjuiciamiento que pueda surgir de esta causa especial, no pudiéndose modificar la competencia ordinaria por no concurrir el elemento de la inescindibilidad respecto de ellos”. A partir del auto del juez Llarena , quedan bajo la investigación del Supremo un total de 22 personas: el expresident Carles Puigdemont y los cuatro exconsellers cuya entrega España ha reclamado a Bélgica (Antonio Comín, Clara Ponsatí, Lluis Puig y Meritxell Serret), los 8 exconsellers que se encuentran en prisión preventiva en España (Oriol Junqueras, Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva, Meritxell Borràs, Joaquim Forn, Dolors Bassa y Carles Mundó), el exconseller en libertad bajo fianza Santi Vila, y los expresidentes de ANC y Omnium Cultural, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, además de la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y cinco exmiembros de la Mesa del Parlament a los que ya investigaba.

 

Comentarios
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Xavi   |2017-11-25 12:13:50
Van pasando los días y siguen en prisión los Jordis y los consellers. ¡Cuanta
injusticia! ¡Y solo por declarar la República! España es un país de pena:
presos políticos, se persigue la ideología, te obligan a vivir en una
Monarquía que nadie ha votado (la metieron en el referéndum de la
Constitución del 78 porque sabían que si se votaba Monarquía "sí" o
"no", Juan Carlos -príncipe durante el franquismo-, quedaba en el paro,
etc. ) En fin, una vergüenza. Me juego lo que sea, que dentro de 15 años el
Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo dictaminará que toda la causa
contra el independentismo ha sido una chapuza jurídica y condenará
simbólicamente a España. Pero el mal ya estará hecho y no servirá de nada.
¿Rajoy pedirá perdón algún día? No se puede imponer la unidad de España de
forma unilateral. No se puede meter a la cárcel a tantos inocentes.
Waldo   |2017-11-25 12:49:40
YA TIENE LA MAFIA PEPERA COMPLETAMENTE CONTROLADO EL ASUNTO
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