EP/Ag
Ecologistas en Acción y Adenex y las tres partes demandadas por el proyecto de urbanización 'Marina Isla de Valdecañas', (promotora, Junta de Extremadura y ayuntamientos de El Gordo y Berrocalejo), no han llegado a un acuerdo sobre la cuantía de la fianza que deben depositar los ecologistas para que se puedan paralizar las obras y suspender la utilización de las instalaciones, según la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx). La Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJEx ha escuchado este martes las alegaciones de Ecologistas en Acción y Adenex, y las de las tres partes demandadas que han diferido en la cuantía de esa fianza que va desde los 368 millones que pide la promotora hasta los 5.000 euros que estima Ecologistas en Acción o, "como mucho, los 1.000 euros" que estaría dispuesta a depositar la otra denunciante, Adenex.
La Junta de Extremadura ha fijado esa cantidad en 39,6 millones de euros, que sería "la cuantía del procedimiento que se determinó en su momento", según ha explicado el letrado de la administración regional, que considera además que se produciría otro "perjuicio" que es el de la pérdida de los 126 empleos que actualmente están trabajando en el proyecto.
Por su parte, el abogado de los ayuntamientos de El Gordo y Berrocalejo, Daniel Carrero, considera que los daños económicos que sufriría la zona por la ejecución de la sentencia están en torno a los 7 millones de euros. En concreto y, según los estudios técnicos realizados por los ayuntamientos, la ejecución de la sentencia supondría una pérdida de unos 5 millones para el consistorio de El Gordo, y más de 2 millones para el de Berrocalejo.
El abogado de Ecologistas en Acción, José María Trillo, ha argumentado que la organización "no tiene capacidad económica" para hacer frente a esas cantidades y ha estimado la cifra que podría asumir en "unos 5.000 euros" al tiempo que ha criticado que se interpongan "barreras económicas para poder acceder a la justicia". Por ello ha considerado que con la fijación de una fianza millonaria "se impide el derecho a ejecutar la sentencia" y ha recordado que la promotora "ya sabía que ésa era una inversión de riesgo" por lo que "no tiene sentido" que ahora tengan que ser las organizaciones ecologistas las que depositen una fianza para poder ejecutar de forma provisional una sentencia que "les da la razón".
En parecidos términos se ha pronunciado la abogada de Adenex, María Ángeles López Lax, que considera que la evaluación de los daños que ha realizado la promotora "no es objetiva" y que el informe que ha presentado para justificarlos "está lleno de imprecisiones".
Finalmente el abogado de la promotora del proyecto 'Marina Isla de Valdecañas', Antonio Uceda, ha argumentado que la ejecución provisional de la sentencia "no supondrá una paralización del proyecto, sino su desaparición" porque las promociones inmobiliarias se realizan por fases y "si no se puede cumplir una de ellas, el proceso se viene abajo", subraya.
Por ello, la promotora pide que la fianza cubra el importe total de la inversión, que asciende a unos 175 millones de euros, más la cuantía del daño previsto en la zona en caso de que el proyecto no saliera adelante, y que estima en 193 millones de euros. "Debe exigirse la fianza por el daño a la promotora y también por perder la inversión prevista en la comarca", asegura Uceda.
Ante esta diversidad de posturas ha sido imposible llegar a un acuerdo entre las partes, por lo que el presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJEx, Wenceslao Olea, ha dado por concluida la comparecencia y, una vez escuchadas las alegaciones, ha quedado vista para dictar una resolución que fije la cuantía de la fianza.
Cabe recordar que el pasado día 13 la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJEx emitió un auto por el que ordena la ejecución provisional de su sentencia del 9 de marzo de 2011, en la cual, declaró ilegal la urbanización 'Isla de Valdecañas' y anuló la fórmula urbanística del Proyecto de Interés Regional (PIR) en el que se basó.
La sentencia de 2011 ha sido recurrida en casación al Tribunal Supremo por la Junta y los empresarios promotores, pero eso no impide su ejecución, por lo que ahora las partes demandadas piden una fianza que avale la ejecución provisional de la sentencia en tanto en cuanto se pronuncie el TS.
