Si por ellos fuera, jubilación a los 80 y con 60 años trabajados
La OCDE entra también en el debate sobre el sistema de pensiones. En su nuevo informe sobre España, hecho público este jueves, la organización de los países más industrializados se une a las voces que reclaman un endurecimiento de las condiciones para obtener una prestación pública por jubilación.Ante la “presión” sobre las cuentas públicas que va a producir el paulatino envejecimiento de la población, se muestran partidarios de ampliar el tiempo a tener en cuenta en el cálculo de la prestación hasta toda la vida laboral, exigir más años para cobrar la pensión íntegra y elevar la edad de retiro más allá de los 67 años. También insisten en facilitar la compatibilidad entre pensión y salario, sin penalizaciones para los jubilados que sigan trabajando.
El análisis de la OCDE reconoce también que un gobierno en minoría puede “tener dificultades para impulsar el programa nacional de reformas, por lo que también podría repercutir negativamente en las previsiones de crecimiento”. Entre los factores de riesgo también señala una prolongada incertidumbre política en Catalunya –si aumenta la tensión es posible “dañar” la confianza y el turismo, además de “desviar la atención” sobre las reformas-, el aumento del proteccionismo o el brexit.
A pesar de la fragmentación parlamentaria, el organismo insiste en avanzar en las reformas ahora que el crecimiento económico se va desacelerando paulatinamente. Las recomendaciones tributarias pasan por trasladar parte de la carga impositiva al IVA y los impuestos medioambientales, mientras que se inclinan por reducir, por ejemplo, las cotizaciones para los indefinidos con los sueldos más bajos –lejos de los planes del Gobierno, que se inclinan por elevar las cuotas máximas-. Además, apoyan aumentar el impuesto de sucesiones para los contribuyentes más ricos y que el gobierno central fije tipos mínimos comunes.
El organismo que preside Ángel Gurría destaca que “la recuperación ha sido sólida y equilibrada”, así como la mejora de la competitividad por costes por las reformas estructurales y la moderación salarial. A pesar de ello, resalta que “las consecuencias de la crisis aún no han sido superadas totalmente y los desequilibrios persisten”. La aún elevada tasa de paro “agudiza” las desigualdades y aumenta la pobreza y la deuda “apenas ha disminuido”, advierte.
La OCDE también se muestra preocupada por la pequeña reducción de la deuda pública (muy cerca aún del 100% del PIB). Por ello, son partidarios de imprimir mayor ritmo en la rebaja del endeudamiento de las administraciones, mientras la economía siga creciendo. “Todos los ingresos extraordinarios deberían destinarse a reducir el ratio de deuda sobre PIB”, defienden.
En otro orden, Gurría ha defendido la subida del salario mínimo del 22%, ya que el ajuste “de una sola vez” sirve para “poner al día” un factor que sirve como forma de valorarse respecto a los países con los que se compite.
