LA METAMORFOSIS
Las relaciones de Indra con Felipe González, en su día fluidas, se han enquistado por culpa de Oyauri Investment. Esta sociedad, participada por un exconsejero de la propia Indra, Joaquín Moya Argeler, por el expresidente del Gobierno y por su hijo Pablo González Romero, fue adquirida por el grupo participado por el Estado en 2013 por casi tres millones de euros. El acuerdo incluía un bonus adicional o ‘earn out’ de 7,3 millones, que ahora Indra se niega a abonar, al entender que no se ha cumplido lo pactado.Fuentes próximas a ambas empresas han reconocido que las desavenencias, de no cerrarse con un pacto, acabarán en los tribunales. La empresa participada en un 18% por el Estado a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) considera que no debe desembolsar ninguna prima adicional porque no se ha satisfecho la principal condición: alcanzar una cifra mínima de ventas de la tecnología desarrollada por G-Nubila, la filial de Oyauri Investment.
El expresidente del Gobierno compagina su actividad política internacional con lucrativos negocios de consultoría que le permitieron facturar en plena crisis 2,1 millones de euros en solo un ejercicio
La medición de estos objetivos se hizo precisamente contra los resultados de 2017, en los que la aportación de esta filial ha sido testimonial, según las mismas fuentes. Las cuentas del Registro Mercantil ponen de manifiesto que Oyauri tuvo cero ventas el pasado ejercicio, año fiscal en el que ganó 452.000 euros gracias a una desinversión. Este dinero se distribuyó como dividendo entre los accionistas.
Según estas fuentes, Indra se niega a compensar a los accionistas de Oyauri por considerar que el acuerdo alcanzado con Pablo González fue en realidad un pago que la antigua dirección del grupo hizo a personas vinculadas por relaciones políticas más que empresariales. De hecho, sostienen que la compra de la sociedad iba acompañada de un contrato para mantener como trabajador cualificado al hijo del expresidente del Gobierno, con una compensación de hasta 375.000 euros en el caso de que fuese despedido antes del vencimiento del pago variable.
Este bonus de 7,3 millones y el blindaje a Pablo González expiraron a principios de 2018. Al vencer, los accionistas de Oyauri han reclamado a través de sus abogados el desembolso de dicha cantidad a Indra, que compró el 33% en 2013 por 1,5 millones de euros, más la aportación de otra cantidad similar para hacer frente al desarrollo de la misma. En total, unos tres millones de euros de una empresa que en 2011, cuando Felipe González y Joaquín Moya Argeler entraron en el capital, apenas valía poco más de 3.760 euros.
Rescisión de contrato
La compañía, dedicada a la creación de servicios informáticos en la nube ('cloud computing'), tenía como accionistas a la familia González, con cerca de un 25% del capital (un 10% en manos del padre), a Moya Argeler, con una participación similar, y a Alfonso Ríos. En el contrato de compraventa se detalló que Pablo era “un elemento clave para el cumplimiento de los objetivos pretendidos por las partes”.
Por ello, se incluyó un contrato específico para el hijo de Felipe González que tenía vigencia hasta enero de 2018, con una cláusula de blindaje descendente por la que el vástago recibiría 375.000 euros si era despedido en 2013, 300.000 euros si no se contaba con él en 2014, 225.000 euros si su cese hubiera sucedido en 2015, 150.000 en 2016 y 75.000 en 2017. Indra ha mantenido a Pablo González en nómina hasta principios de este año, momento en el que le rescindió el contrato sin ningún tipo de indemnización.
Felipe González tuvo una relación próxima con Javier Monzón, al que nombró presidente de Indra cuando esta sociedad fue creada en 1992. La operación de compra de Oyauri se hizo bajo la presidencia de Monzón, que dejó el cargo en enero de 2015. Actualmente, el directivo es vicepresidente no ejecutivo de Prisa y presidente de OpenBank, el banco por internet del Santander.
