Jueces y expertos cuestionan la actuación de Lamela y la Fiscalía contra el Govern

Manuel Altozano

El envío a prisión preventiva del exvicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, y ocho miembros más del Gobierno catalán destituido gracias a la aplicación del artículo 155 de la Constitución, dista de ser una decisión pacífica. Jueces, catedráticos e incluso uno de los autores de la regulación actual del delito de rebelión en el Código Penal, el exdiputado de IU y después del PSOE Diego López Garrido, consideran que el proceso que ha llevado a la cárcel a los gobernantes autonómicos, impulsado por la Fiscalía y dirigido por la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela está, cuando menos, forzado y apuntan a algunos de sus puntos débiles.

Uno de ellos es la competencia de la Audiencia Nacional. Fiscalía ha considerado que era ese tribunal el competente al haber cesado los exconsellers por el Gobierno central gracias a la activación del 155. Sin embargo, entre los expertos en Derecho Procesal, la cuestión no está clara. Entre los que cuestionan que fuera ese el tribunal indicado se encuentra el catedrático de Derecho Procesal de la Universidad del País Vasco Iñaki Esparza -coautor del único tratado sobre aforamientos escrito en España- que considera que, de acuerdo con lo previsto en el Estatuto de autonomía de Cataluña, la causa tendría que haber correspondido a la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. El catedrático sostiene que, pese a que al presentarse la querella contra el Ejecutivo cesado, sus miembros ya no estaban aforados, todos ellos habrían cometido sus supuestos delitos "en el ejercicio de sus funciones".

Otra de las posibles fallas del caso es la propia apreciación del delito de rebelión por la ausencia de violencia. A su inexistencia se ha referido esta semana uno de los redactores del artículo del Código Penal que recoge ese delito, el exdiputado de IU y después del PSOE y catedrático de Derecho Constitucional Diego López Garrido. El exparlamentario ha recordado cómo, durante la tramitación del código en 1995, el proyecto de ley inicial no recogía la necesidad de que existiera violencia para que se pudiera producir ese delito, castigado con hasta 25 años de cárcel. Fue el PNV el que introdujo ese elemento al presentar una enmienda que fue aprobada gracias a los votos de todos los grupos salvo el PP. A juicio de López Garrido, esa violencia "física y material", no ha existido en el procés.

El artículo 472.5 del Código Penal, que no ha sufrido ninguna modificación desde entonces, quedó redactado como sigue: "Son reos del delito de rebelión los que se alzaren violenta y públicamente para cualquiera de los fines siguientes (...) Declarar la independencia de una parte del territorio nacional".

El propio Tribunal Supremo, en la causa paralela que sigue su Sala Penal contra la presidenta del Parlamento de Cataluña, Carme Forcadell, y los miembros de la Mesa que, con su voto, dieron trámite a la declaración unilateral de independencia, ha abierto la puerta a dejar la rebelión en una "conspiración" para cometerla, "al no superar los conspiradores la fase propiamente preparatoria", lo que rebajaría las penas a los 10 años. Sin embargo, Lamela, acogiendo el criterio de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, valoró que el delito de rebelión imputado se habría consumado, por lo que llevaría aparejada una pena de hasta 25 años. La gravedad del castigo justificaría para la juez el incremento del riesgo de fuga que, entre otros criterios, la llevó a decretar la prisión provisional contra los nueve exconsejeros catalanes el pasado jueves.

Diferencia de trato

Tanto el instructor de la causa del Supremo, Pablo Llarena, como Lamela citaron a sus querellados -los parlamentarios en un caso, los exgobernantes en el otro- el pasado 2 de noviembre, con apenas tiempo para preparar sus declaraciones. Sin embargo, solo el primero aceptó la petición de los abogados de los imputados de suspender una semana la comparecencia para permitirles que estudiaran el caso.

La decisión de Lamela de desatender esa solicitud y seguir adelante ha sido criticada por la asociación judicial progresista Jueces para la Democracia (JpD). "Resulta difícil de explicar la diferencia de trato de la misma querella en dos tribunales distintos, donde en uno se ha considerado que había vulneración del derecho a la defensa y se ha otorgado a los querellados una semana para preparar la declaración, mientras que en el otro tribunal se les cita en un festivo y 24 horas antes de declarar", ha asegurado ese colectivo en un comunicado.

Esa misma asociación ha cargado contra la propia decisión de enviar a medio Govern destituido a prisión. JpD sugiere que los argumentos manifestados por la juez para tomar esa decisión no están suficientemente "explicitados e individualizados" y recuerda que existen otras medidas menos graves que el encarcelamiento preventivo para asegurar que los querellados no escapen "que van desde la prestación de fianza" a la "retirada de documentos de viaje, vigilancia policial o comparecencias periódicas".

 

Comentarios
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Pablo  - abusadora   |2017-11-05 11:53:17
A ver que pasa cuando los tribunales europeos anulen todas las actuaciones de
esta "juez", ¿quién compensará a los encarcelados? ¿se la hará
cumplir penas de cárcel?
mundo cane   |2017-11-05 11:55:38
GOBIERNO FISCAL LAMELA REPRESIÓN DISFRAZADA DE JUSTICIA
Duarte   |2017-11-05 12:00:29
La Fiscalía de Bruselas ordenará a la policía detener al expresidente de la
Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont y sus exconsellers antes de designar
a un juez de instrucción que les tome declaración para decidir sobre sus
euroórdenes, han informado este domingo fuentes del Ministerio Público.

Desde
el momento que sean privados de libertad, podrán comparecer ante un juez",
ha explicado la Fiscalía, que ha precisado que está en contacto con los
abogados de Puigdemont y de los cuatro exmiembros del exgobierno autonómico
desplazados a Bélgica: Antoni Comín (Salud), Clara Ponsatí (Enseñanza),
Lluís Puig (Cultura) y Meritxell Serret (Agricultura).
Duarte   |2017-11-05 12:02:52
Una vez "los interesados sean encontrados y llevados ante el juez, este
tendrá 24 horas para tomar una decisión" sobre las citadas Órdenes
Europeas de Detención y Entrega (OEDE). Una vez estén detenidos, el juez de
instrucción deberá decidir si acepta o no la euroorden y, de hacerlo,
mantendrá a los acusados en prisión preventiva o bien les dejará en libertad
bajo "ciertas condiciones". Si el juez de instrucción emite la orden de
detención, el caso "se somete a la sala del Tribunal de Primera Instancia,
que debe decidir dentro de los 15 días posteriores a la emisión de la
euroorden" si esta se puede ejecutar. "Si alguna de las partes
implicadas no está de acuerdo con la decisión de la sala, puede recurrir ante
el Tribunal de Apelación", que dispondrá de 15 días para tomar una
decisión.
Viki   |2017-11-05 12:07:58
Las querellas del fiscal general y los autos de la jueza de instrucción de la
Audiencia Nacional no son atentados contra la Constitución Española
exclusivamente sino contra el Estado de derecho en general. Jurídicamente son
una salvajada. Y así lo van a entender los tribunales belgas. La Sala de la
Audiencia Nacional no debería perderlo de vista.
Viki   |2017-11-05 12:09:16
Todo esto ha sido desconocido por el fiscal general del Estado al residenciar
las querellas en la Audiencia Nacional y por la jueza Lamela al admitirla a
trámite, iniciar la instrucción y dictar los autos de medidas cautelares
contra los Presidentes de ANC y Òmnium y contra los exconsejeros del Govern. La
Audiencia Nacional en estos casos ha dejado de ser “juez ordinario
predeterminado por la ley” y se ha convertido en un “juez especial”, en lo
que era el TOP bajo el régimen de Franco.
Alf   |2017-11-05 12:10:12
No es que el delito de rebelión no figure expresamente entre los delitos cuyo
conocimiento está atribuido a la Audiencia Nacional, sino que no hay siquiera
proximidad entre alguno cuyo conocimiento sí tiene atribuido con el delito de
rebelión.
En ningún caso puede ser competente la Audiencia Nacional para
instruir y juzgar unas conductas como presuntamente constitutivas del delito de
rebelión. Así lo reconoció, además, tajantemente el Pleno de los Magistrados
de la Audiencia Nacional ( Auto 34/2008, de 2 de diciembre): “el delito de
rebelión nunca ha sido competencia de esta Audiencia Nacional”.
piolin   |2017-11-05 20:46:34
Seamos serios.
La Audiencia Nacional es el órgano heredero del Tribunal de
Orden Público de la DIctadura, Tribunal excepcional y justificado, en su día,
por la necesidad de unos jueces especiales para luchar contra el
terrorismo.
Desapareció aquel, pero este se mantuvo, porque el gobierno
-cualquier gobierno- requiere unos jueces dóciles para ciertos casos -como
este-.
Así la Juez Lamela, es una persona gubernamentalmente dependiente, y que
aplica la Ley, desde el prima del Gobierno, y sirviendo a las instrucciones que
recibe a través de al FIscalía, que es una parte del Gobierno.
Lo demás
cuentos.
Xavi  - Lamela   |2017-11-05 20:51:24
la voz de sus amos
carla   |2017-11-06 08:41:25
ni hace falta se juez ni hace falta ser un experto, con tener un poco de sentido
comun si es que tus padres te lo enseñaros se ve claramente, que esta señora
se pasa de facha
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