El voto fraudulento de la vicepresidenta

PD

El voto de María Teresa Fernández de la Vega en las Elecciones Generales del 9-M de 2008 es, cuando menos, un voto fraudulento. La vicepresidenta se empadronó fuera de plazo en Beneixida (Valencia), pero alguien manipuló presuntamente el Censo para que Fernández de la Vega votara en aquella localidad, incumpliendo de manera flagrante la legislación vigente. De hecho, la número dos del Ejecutivo pudo cometer delito o infracción electoral.



Domingo 9 de marzo de 2008. Once y cuarto de la mañana. La vicepresidenta primera delGobierno, María Teresa Fernández de la Vega, acaba de depositar su voto en el único colegio electoral de la pequeña localidad de Beneixida (Valencia), un pueblo de poco más de 600 habitantes que está situado en la comarca valenciana de la Ribera Alta. El momento ha sido puntualmente inmortalizado por fotógrafos de Prensa y cámaras de Televisión, siempre atentos a la participación de los políticos en jornadas electorales como ésta.

A su salida del colegio, Fernández de la Vega comparece ante los periodistas y pide a los ciudadanos que acudan a las urnas “con confianza y libertad” para que “su voto decida el futuro y el rumbo de España”. A esa hora, pocos, muy pocos, saben todavía que la todopoderosa mano derecha del presidente Zapatero, mandamás en un Ejecutivo escaso de liderazgos, puede haber participado en la comisión de un delito o infracción electoral tipificados en la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG).

Según publica la revista Época, alguien -con conocimiento o no de la vicepresidenta, pero, en cualquier caso, en beneficio de su imagen de pretendida valenciana con pedigrí y, por tanto, de su propia candidatura- pudo alterar deliberadamente dicho Censo para que Fernández de la Vega, cabeza de lista del PSOE por Valencia en las Generales del 9-M de 2008, se hiciese la foto, depositando su voto en Beneixida, donde se había empadronado fuera de plazo. En otras palabras: la número dos del Ejecutivo votó donde no podía hacerlo, saltándose literalmente la Ley a la torera y ejerciendo, por lo tanto, el derecho al voto de manera fraudulenta.

Fernández de la Vega se empadronó en Beneixida el 27 de noviembre de 2007. En el hipotético caso de que la número dos del Ejecutivo hubiese presentado una reclamación por cambio de domicilio o residencia en periodo de rectificación del Censo tras la convocatoria electoral, su solicitud debió desestimarse de oficio, al producirse su nuevo empadronamiento con posterioridad al 31 de octubre. Al menos, así queda reflejado en la propia página oficial del Instituto Nacional de Estadística (INE), del que depende la Oficina del Censo Electoral.

La comunicación y el calendario oficiales difundidos con motivo de aquellas Elecciones Generales, a través de la web del INE -y también del Ministerio de Interior-, era cristalina al respecto: “Las reclamaciones por cambio de residencia o de domicilio -explicitaba dicha información- serán estimadas si los referidos cambios constan en el Padrón municipal hasta el 31 de octubre de 2007, inclusive, fecha del censo vigente para estas elecciones”.

Reclamaciones desestimadas

En la misma comunicación oficial se aclaraba que, en virtud de la Resolución de 12 de febrero de 2004, serían “desestimadas todas las reclamaciones por cambio de residencia o domicilio que consten en el Padrón municipal después de esa fecha”.

La exposición de la resolución de las reclamaciones en ayuntamientos y consulados se hizo el 1 de febrero de 2008. A partir de esa fecha, se considera que el Censo Electoral es inalterable, que está cerrado a cal y canto a cualquier posible modificación. Y, en consecuencia, todo elector tiene que votar en la mesa que le corresponde de acuerdo con el Censo. Nunca en otra.

No era el caso de la vicepresidenta. Lejos de haber sido excluida del Censo, el nombre de pila y los dos apellidos de María Teresa Fernández de la Vega Sanz aparecían en la lista del distrito, la mesa y la sección concretas donde le correspondía votar en aquellas elecciones, esto es, en Madrid.

De hecho, la Instrucción 7/12 de abril de 2007 viene a ratificar lo que ya acordó la Junta Electoral Central en mayo de 1995: “Quienes no efectuaran la reclamación (por cambio de domicilio) dentro del plazo fijado habrán de ejercer el derecho de sufragio en el anterior domicilio, no cabiendo en tal supuesto la expedición de certificación censal específica”. En otras palabras: si la vicepresidenta hubiera votado en Beneixida, pertrechada de una certificación censal específica -algo así como un permiso especial- por cambio de domicilio, habría incurrido igualmente en un fraude de Ley.

 

Comentarios
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Anónimo   |2009-03-18 16:37:47
Y ESTA TIPARRACA ES JUEZA, CLARO QUE AL ESTILO GARZÓN, AGUILAR Y ALONSO TODOS
PROCEDENTES DE LA ASOCIACIÓN JUECES PARA LA ARISTOCRACIA FELIPISTA
Anónimo   |2009-03-18 18:13:45
Se lo daremos por bueno por lo buenorra que está. Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
Lesbos   |2009-03-18 18:28:16
Pues esta tía tiene pareja, algo la verá
machos   |2009-03-18 20:18:39
Lo que le ve es la visa oro a costa del contribuyente, que comer en casa Lucio y
vestir de Versace no está al alcance de cualquiera.
También, según tú, el
oportunista ese le verá algo a la de Alba, aparte de la chequera.
Miguel Trolz   |2009-03-18 23:47:26
Yo no he conocido en mi vida tíos más fascistas que los del PSOE, son de un
cinismo insultante para la inteligencia.
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